Este lunes, la Fiscalía General acusó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte por el delito de cohecho por dar u ofrecer, nuevamente, por hechos relacionados con el escándalo de corrupción que permeó la Rama Judicial, conocido mediáticamente como el Cartel de la Toga.
En este caso en específico, se le endilgó al exmagistrado Ricaurte haber recibido sobornos a cambio de intervenir, mover influencias en la Corte y realizar asesorías para entorpecer los procesos que se adelantaban en contra de los excongresistas Nilton Córdoba y Argenis Velásquez por graves hechos de corrupción en la celebración de contratos y vínculos con grupos paramilitares.
En la presentación del escrito de acusación, el fiscal del caso aseguró que Ricaurte, desde la oficina de abogados que montó tras salir del Consejo Superior de la Judicatura, utilizó sus influencias y poder para cobrar para que los expedientes que cursaban contra aforados constitucionales se frenaran y no se tomaran decisiones de fondo.
Para esto se alió con el abogado Luis Gustavo Moreno —quien después fue nombrado como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General— y el magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, quien laboraba en el despacho de Gustavo Malo Fernández para tener información exclusiva sobre los casos para así exigir dinero con el fin de entorpecer la recaudación de pruebas y la resolución de la situación jurídica.
“Francisco Javier Ricaurte acordó estrategias con Luis Gustavo Moreno y el magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz para retardar el avance de las investigaciones de los congresistas Nilton Córdoba y Argenis Velásquez, y junto con ellos ganar tiempo y que este funcionario —me refiero a Camilo Andrés Ruiz— no proyectara una decisión que indicara la apertura de la investigación y la privación de la libertad”, explicó el fiscal del caso.
“Y, además —en el caso de Ruiz—, autorizó la entrega de dineros por parte de Nilton Córdoba y Argenis Velásquez a magistrado auxiliar, encargado del trámite de las investigaciones que cursaban en el despacho del magistrado Gustavo Malo Fernández”. En el caso de la excongresista Argenis Velásquez se recibieron 180 millones de pesos, mientras que en el caso de Nilton Córdoba fueron 130 millones de pesos.
Con este modus operandi se logró direccionar y retardar el proceso que se adelantaba contra Nilton Córdoba para que el caso no llegara a la sala especial que investigaba la parapolítica pese a que existían muchas pruebas que lo vinculaban de tener relación con grupos armados ilegales. El magistrado Ricaurte se expone a una condena entre los 48 a los 108 meses de prisión.
Por estos hechos de corrupción, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, fue excluido de por vida de la profesión de abogado. El Consejo de Estado le rechazó la tutela con la que buscaba tumbar el fallo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que le impuso la máxima sanción por su participación en el cartel de la toga.
Por medio de una acción de tutela, Ricaurte había pedido la protección de sus derechos al debido proceso y trabajo. Sin embargo, sus argumentos no fueron de recibo por parte del Consejo de Estado, que concluyó en un fallo de 31 páginas conocido en primicia por SEMANA.
“Si bien la sanción impuesta al tutelante le impide ejercer como abogado, la Sala no encuentra que quebrante directamente la Constitución Política, por cuanto quedó demostrado que en los hechos reprochados no atendió el mandato según el cual la profesión del derecho deje ejercerse con el propósito de velar por el bienestar de la comunidad y garantizar los fines del Estado”, precisa.
En el análisis jurídico se determinó que está más que probada la participación de Ricaurte en estos hechos de corrupción. Después de salir de las altas cortes, aprovechó sus contactos para crear una empresa criminal que cobraba altas sumas de dinero a aforados constitucionales para mover sus influencias en la Corte Suprema y que los casos fueran archivados o se dilataran.
En esta oficina trabajó el entonces joven abogado Luis Gustavo Moreno, quien pocos años después —y para sorpresa de muchos— fue designado jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General. Fue Moreno quien detalló cómo fue el entramado de corrupción.
“Cabe advertir que el actor, quien tuvo la condición de magistrado de dos (2) altas cortes (como lo son la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura), conocía de las graves implicaciones institucionales y de la afectación al prestigio de los abogados que sus actos de corrupción podrían desencadenar y aun así los realizó (como quedó probado), situación por la que debe ser sancionado en proporción a la magnitud del perjuicio causado”, señala.
En este sentido, se advierte que las acciones desplegadas por Ricaurte afectaron la confianza que los ciudadanos tienen en la justicia colombiana y en sus instituciones.
Ricaurte se encuentra actualmente privado de la libertad cumpliendo una condena de 16 años y seis meses de prisión por estos hechos de corrupción. En el fallo emitido por el Tribunal se señala que existe suficiente evidencia documental y testimonial para inferir que, aprovechando sus contactos y poder dentro de la Corte Suprema de Justicia, se comprometió a desviar procesos que se adelantaban contra aforados constitucionales, todo esto a cambio de una contraprestación económica.
En el caso del senador Álvaro Ashton Giraldo, quien era indagado por sus presuntos nexos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la “organización” le exigió 1.200 millones de pesos para evitar la apertura de un proceso formal y una orden de captura.
Ashton le entregó a Moreno 400 millones de pesos como adelanto para evitar que el proceso siguiera su curso. Con este dinero se adelantó la manipulación de evidencia con el fin de archivar el proceso por parapolítica. Sin embargo, después de que estallara el escándalo del cartel de la toga, el proceso se reactivó y Ashton fue capturado.
“(Ricaurte) actuó de manera acomodada exigiendo un acuerdo previo”, precisó el magistrado de la Sala Penal al señalar que el exmagistrado tuvo conocimiento claro y una actividad permanente en el movimiento de los sobornos para torcer la administración de justicia.
El otro caso en el que el exmagistrado Ricaurte tuvo una participación activa fue en el que se adelantaba contra el senador Musa Besaile Fayad, quien era investigado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. En este proceso, por intermedio de Luis Gustavo Moreno, exigió dos mil millones de pesos para evitar la apertura de una instrucción y suspender la orden de captura.
En este caso, Moreno sostuvo varias reuniones con Besaile y sus abogados con el fin de cuadrar la entrega del dinero. En medio de la duda del congresista se conoció la detención del excongresista Julio Manzur Abdala —investigado por parapolítica— advirtiéndole que, de no cancelar la suma exigida, correría la misma suerte.
En el caso del exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía se determinó que no se allegaron pruebas que permitieran evidenciar que Ricaurte participó activamente en la desviación de este proceso penal.
En el fallo de segunda instancia, el exmagistrado Ricaurte Gómez fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer (entrega y recibimiento de sobornos) y utilización indebida de información oficial privilegiada.