Jaime Araújo, quien fue magistrado de la Corte Constitucional, le ganó una batalla legal al Estado después de que el Consejo de Estado condenó a la Nación a indemnizarlo por las interceptaciones ilegales que sufrieron sus comunicaciones en el año 2003, por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
El alto tribunal revocó la sentencia de primera instancia que absolvió al Estado y emitió condena por “la intromisión en la vida privada de los ciudadanos o la recopilación de información atinente a ella con el objeto de utilizarla indebidamente, (lo cual) genera perjuicios morales que se traducen en los sentimientos de inseguridad, zozobra, desconfianza y vulnerabilidad que genera esa situación”.
La condena del alto tribunal hizo una comparación sobre los efectos que causan en las personas las interceptaciones ilegales, describiendo que “perder la sensación de que se tiene vida privada y saber o sospechar que ella está expuesta al escrutinio de terceros genera una sensación similar a la que siente quien es objeto de un robo en su casa de habitación: pierde la posibilidad real de tener vida privada”.
En el año 2011, el exmagistrado y entonces abogado de Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, denunció en medio de una audiencia que la Procuraduría lo estaba interceptando, a lo que el entonces procurador Alejandro Ordóñez le pidió que no fuera “folclórico”.
Pero con la decisión del Consejo de Estado, se logró probar que en 2003 se creó ilegalmente, dentro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un grupo especial denominado G-3, que realizaba seguimientos ilegales a particulares y funcionarios públicos.
“A partir de la investigación penal adelantada con ocasión de esos hechos, se pudo determinar que el G-3 también realizó seguimientos ilegales al demandante Jaime Araújo Rentería, en calidad de magistrado de la Corte Constitucional, tal y como lo informó la revista SEMANA”, dice el fallo del Consejo de Estado.
El alto tribunal también verificó que las autoridades omitieron las peticiones que formuló el exmagistrado Araújo, por lo que “el Estado fue condenado a pagar 20 salarios mínimos por perjuicios morales al demandante y también fue condenado a medidas no pecuniarias, como ofrecer excusas públicas al demandante”.
La sentencia se conoce en medio de las graves denuncias que ha hecho el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, sobre las interceptaciones que habrían sufrido sus comunicaciones por parte de órganos del Estado.
El pasado lunes 24 de junio, un investigador de la Fiscalía General recibió la ampliación de su denuncia. El magistrado confía en los organismos competentes para que tomen una decisión de fondo. “Con mi familia nos encontramos muy tranquilos por justamente estar en una democracia y en un Estado que respeta el orden constitucional, el Estado de derecho y el normal funcionamiento de las instituciones públicas”.
En un comunicado firmado en bloque por los presidentes de las altas cortes se calificó como “preocupante” los hechos de “interceptaciones, monitoreos y seguimientos” denunciados el pasado viernes por el vicepresidente de la Corte Constitucional y revelados en exclusiva por SEMANA.