Este lunes, ante una Corte Federal de Miami (Florida) Mario Palacios, uno de los colombianos vinculados con el crimen del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise el 7 de julio de 2021, se declaró no culpable de los delitos imputados. Tal como había anunciado su defensa, el exmilitar de 43 años de edad negó cualquier vinculación o participación en este magnicidio.
En la imputación se señala que Palacios, junto a otros colombianos y haitianos, planearon y participaron en el ataque contra Moise dentro de su vivienda en Puerto Príncipe. En la imputación se señala que desde la ciudad de Miami se empezó a planear el atentado contra el presidente de Haití. En este participaron varios militares retirados colombianos, empresarios haitianos y otras personas aún por identificar.
La Fiscalía de los Estados Unidos señaló que al principio el plan “se centró” en “secuestrar al presidente” Moise, sin embargo, el mismo “acabó derivando de un plan de asesinato”. Tras el crimen, Palacios alcanzó a escapar antes de la llegada de la policía de Haití y salir del país rumbo a Jamaica. En diciembre pasado fue identificado y capturado atendiendo una orden internacional.
Cuando viajaba a Colombia para ser deportado el avión hizo una parada en Panamá, país en el que fue requerido para informarle la existencia de una petición de extradición por parte de los Estados Unidos, hecho por el cual las autoridades lo montaron a otro avión con el fin de trasladarlo al Estado de la Florida para ser presentado ante un juez.
Palacios se encuentra privado de su libertad mientras se resuelve su situación jurídica. Pese a que en un momento se especuló que iba a colaborar con las autoridades estadounidenses contando más información y vinculando a otras personas, lo cierto es que ―desde el cambio de abogado defensor― se ha declarado inocente y ha manifestado no tener ningún tipo de relación con estos hechos.
Colombianos denuncian torturas
En diferentes oportunidades, SEMANA ha revelado la grave situación que viven los exmilitares colombianos que se encuentran privados de su libertad en la cárcel de Puerto Príncipe. Ocho meses después de los hechos los connacionales no han recibido asistencia jurídica, la fecha para el inicio del juicio es casi inexistente y han sido sometidos a todo tipo de vejámenes para que acepten cargos.
En una carta enviada el pasado 9 de marzo, los 18 militares le pidieron al presidente Iván Duque y a la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, incluso representantes de organismos de derechos humanos, que tomen medidas para proteger su integridad.
En el documento exponen la difícil situación que afrontan. “Somos absolutamente inocentes, nos sentimos abandonados después de que dedicamos nuestra vida a la defensa de la patria, sin tener en nuestra hoja de vida ninguna mancha”, se lee en la carta. Explican además, que tanto ellos como sus familiares en Colombia han recibido amenazas de muerte y todo tipo de mensajes intimidatorios.
En otro aparte señalan que se les ha violado el derecho a garantías judiciales como el debido proceso: “A la fecha no se nos ha informado el motivo de nuestra detención, ni se nos han leído nuestros derechos como capturados, no se nos ha permitido la comunicación con nuestras familias. No tenemos abogado defensor, no hemos sido presentados ante un juez ni se ha iniciado el proceso formal en contra nuestra”, advierten.
La misiva tiene las firmas de: Enalber Vargas Gómez, Miyer Peña, Jhon Jairo Ramírez, Manuel Antonio Grosso, Jhon Jader Andela, Gersaín Mendivelso, Francisco Uribe Ochoa, Carlos Guerrero, Jheyner Carmona Flórez, Juan Carlos Yepes, Jhon Suárez, German Alejandro Rivera, Neil Cáceres Durán, Naiser Franco, Ángel Yarce, Edwin Blanquicet Rodríguez y Víctor Albeiro Pineda.
Las familias han iniciado una Vaki, con la ayuda de la abogada Lorena Lázaro, denominada #SOSMilitaresEnHaiti, con la que buscan “enviarles alimentos, y vitaminas porque hay días en que no reciben comida y los envíos son extremadamente cotosos”.