La Contraloría imputó cargos por responsabilidad fiscal en contra de 11 personas por el escándalo que generó el desfalco de los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados. Sin embargo, entre las personas que tendrán que devolverle estos dineros al Estado no está la exministra de las TIC Karen Abudinen.
Lo mismo sucedió en el caso del contratista Emilio Tapia, quien también fue eximido en la decisión porque no se comprobó que haya tenido un manejo directo de dineros públicos.
La razón para no incluir a la exministra es que, de acuerdo con el órgano de control, ella no era gestora fiscal, es decir, que no gestionó ni tramitó directamente el proceso de contratación y tampoco era la ordenadora del gasto.
Cabe recordar que la exministra Abudinen tampoco fue vinculada a ningún proceso penal ni tampoco a investigaciones de carácter disciplinario.
En ese sentido, una de las más afectadas con la imputación por responsabilidad fiscal que hace la Contraloría es la exsecretaria general Adriana Vanessa Meza Consuegra.
La Contraloría también aclaró que la imputación no es por los 70 mil millones, sino por 67.970, puesto que los implicados que actualmente tramitan procesos de negociación con la Fiscalía ya han reintegrado 3 mil millones de pesos al erario público.
Entre los 11 imputados por el robo de estos dineros están los miembros de la unión temporal encargada del proyecto, los miembros del consorcio interventor y funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
De ser hallados culpables, tendrán que reingresar el dinero en su totalidad.
“Se determinó imputar responsabilidad en contra de los miembros de la unión temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que, en calidad de contratistas, no ejecutaron el Contrato 1043 de 2020 en los términos pactados, lo que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado, asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar soluciones de acceso comunitario a internet gratuito en 16 departamentos pertenecientes al proyecto en la región B”, dice la Contraloría.
“Adicionalmente, se imputa responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor, toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos”, agrega la Contraloría.
El escándalo
En junio de 2021 se empezaron a conocer las primeras irregularidades frente a un contrato que había suscrito el Ministerio de las TIC con la unión temporal anteriormente mencionada.
La primera señal fueron las garantías falsas que presentó Centros Poblados y con las que buscaban quedarse con el millonario contrato. Fue tanta la efectividad de dichas garantías, que la unión temporal alcanzó a recibir un anticipo de 70.000 millones.
Posterior a estos hechos, se dio la caducidad del contrato y la salida de la exministra de las TIC, Karen Abudinen. Además, organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría iniciaron investigaciones que aún se encuentran en curso.
Es preciso recordar que el proyecto fue anunciado por la directiva de la cartera en diciembre de 2020, prometiendo conectar a 7.277 centros digitales, con un gasto de 1,7 billones, según información de Transparencia por Colombia.
El escándalo estalló cuando se empezaron a conocer los primeros incumplimientos del consorcio, que debía entregar varios centros para abril 30 de 2021. A esa fecha, no se había instalado ninguno de los más de 7.000 puntos digitales prometidos.