La tormenta para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre (UNGRD), no para, y ahora fue su entonces asesora titular, Andrea Ramírez, la encargada de confirmar que el alto funcionario del Gobierno Petro sabía todas las movidas que se hacían desde el despacho de asesores de esa cartera.
SEMANA reveló el testimonio de Andrea Ramírez en la Corte Suprema de Justicia, donde confirmó que desde el Ministerio de Hacienda, se elaboró una “matriz” con contratos y congresistas que después ayudaba a gestionar el mismo Ricardo Bonilla. El modelo sería similar a la olla de corrupción que se cocinó al interior de la UNGRD, donde, según Olmedo López, había una lista de proyectos por más de 92 mil millones de pesos en la Costa Caribe, Antioquia y Arauca para asignar a congresistas de la Comisión de Crédito Público.
Después de rendir su explosiva declaración, el magistrado Misael Rodríguez, encargado de la investigación contra los cinco parlamentarios y un excongresista, le preguntó a Ramírez: “¿Qué conocimiento tenía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, del desempeño y desarrollo de sus funciones oficiales?” A lo que la asesora respondió de forma contundente: “Todo”.
Y es que la propia Andrea Ramírez contó en esa diligencia que en medio de los debates que se daban en el Congreso de la República, varios legisladores le preguntaban al entonces ministro Bonilla sobre contratos en regiones y hasta le pedían que interviniera con otros altos funcionarios del gobierno Petro para que priorizaran esos proyectos. Con esas peticiones, los intereses de los congresistas terminaban en la “matriz” del Ministerio de Hacienda.
La asesora del Ministerio de Hacienda explicó que esa matriz contiene los proyectos que los congresistas van pidiendo: “Ellos usualmente me dan el radicado para que, cuando uno pregunte en la otra entidad, podamos ubicarlo, el nombre del proyecto y el valor del proyecto. Y en muchos casos, cuando ya habíamos averiguado (...) si de pronto el proyecto ya había salido o no había salido”.
De hecho, hasta confirmó que cuando regresó de su periodo de vacaciones y licencia de maternidad, la exasesora María Alejandra Benavides, quien se quedó reemplazándola, le confirmó que congresistas preguntaron por contratos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo del Desastre (UNGRD), los cuales habrían desatado el escándalo.
“Cuando yo regresé, efectivamente ella me comentó que sí habían preguntado los congresistas por unos proyectos de inversión regional en la Unidad de Riesgo (UNGRD), y asimismo, ella me dice que los funcionarios que estaban en la Unidad ya no están y entiendo que había un escándalo”, afirmó Ramírez.
Las primeras versiones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, indicarían que los contratos de esa entidad se iban a utilizar para comprar los votos de los congresistas de la Comisión de Crédito Público, a cambio de que aprobaran los empréstitos de la nación.