Los exministros de Defensa, los generales que fueron directores de fuerza y hasta un exconsejero presidencial para la Seguridad, emitieron un comunicado para desmentir al presidente Gustavo Petro por la supuesta compra de Pegasus, el software que se habría utilizado para interceptar comunicaciones.

El documento de dos páginas está firmado por los exministros de Defensa, Guillermo Botero y Diego Molano; así como los generales (r) Luis Fernando Navarro Jiménez, l Nicasio Martínez Espinel, Óscar Atehortúa Duque, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda y Jorge Luis Vargas Valencia. Así como por el exconsejero Presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín; y el exdirector del DNI, Rodolfo Amaya.

En el comunicado explican que durante el mandato del expresidente Iván Duque, se dieron directrices claras y explícitas a todos los funcionarios para que actuaran en cumplimiento de la ley. Y se manejó un estricto apego a la Constitución, sobre el aparato de seguridad del Estado, el cual debía ser utilizado exclusivamente para enfrentar al crimen organizado y contrarrestar las amenazas a la seguridad nacional.

El documento cita que “desde la Presidencia de la República, nunca se ordenó la adquisición del software denominado ‘Pegasus’ por parte del Estado Colombiano. El expresidente Iván Duque Márquez no participó en algún proceso de adquisición de bienes y servicios estatales. La instrucción para todas las entidades fue clara: seguir estrictamente los lineamientos de contratación estatal, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Así mismo, explicaron que “frente a las informaciones que han circulado en medios de comunicación durante los últimos meses sobre una supuesta adquisición del software “Pegasus” por parte del Estado Colombiano, se ha establecido que no existen registros de dicha compra. Así lo han manifestado el Ministerio de Defensa y, más recientemente, la Dirección de Inteligencia de la Policía, confirmando que tampoco hay registros en el SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) ni en los gastos reservados”.

Los firmantes del comunicado reiteraron que siempre actuaron bajo la instrucción de seguir la ley sobre la protección de la seguridad del país, y siempre se mantuvo las relaciones con otros Estados para mantener la cooperación internacional que permite “enfrentar el crimen transnacional”.

“Los firmantes de este comunicado reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la integridad en cada una de nuestras decisiones y acciones mientras estuvimos al servicio del país”, finaliza el comunicado.

Y es que el presidente Petro volvió a insistir en que se investigue la destinación de 11 millones de dólares que se habrían utilizado para la compra del programa espía en 2021, justo antes de que comenzaran las campañas presidenciales. La denuncia se conoció durante una alocución presidencial, cuando el país vivía los efectos del paro camionero.

El primer mandatario habló de un punto específico, los supuestos giros bancarios que se habrían hecho a la cuenta de NSO, los dueños de Pegasus, desde Colombia. Los hechos se habrían presentado, según el primer mandatario, en julio y agosto de 2021, “antes de las campañas que comienzan en octubre y en medio del estallido social en Colombia, ese sí un movimiento social”.

Pero por la denuncia y la revelación de un documento confidencial, el prestigioso Grupo Egmont, encargado de conectar a todos los países contra las redes internacionales de narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, decidió dejar por fuera de esa cooperación a Colombia.