En una nueva solicitud que podría tener repercusiones políticas, Adolfo Guevara, conocido como alias 101, habría presentado una solicitud ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para testificar en contra del senador Antonio Zabaraín, alegando poseer pruebas que lo vinculan con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Guevara, exparamilitar cercano a alias Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las AUC, ahora busca colaborar con la justicia. Para ello, habría establecido tres condiciones dentro de su petición para brindar información completa a la Sala de Instrucción que salpicarían al senador del Partido Cambio Radical.
Una de esas solicitudes sería ser trasladado a una guarnición militar en Santa Marta, ciudad en la que residiría su familia. Otra sería la designación de un fiscal y un juez especial para que recopilen todos sus procesos. En la tercera, habría requerido medidas de seguridad tanto para él como para su familia, ya que considera que su vida corre peligro al proceder con esta declaración.
Al respecto, el senador Zabaraín expresó a W Radio su desconocimiento sobre la declaración de Guevara y la información que pueda proporcionar a la Corte Suprema. Además, el congresista afirmó es común escuchar declaraciones que buscan “efectos mediáticos” y “hacer daño”.
“No tengo ni idea, pero en este país estamos acostumbrados a escuchar declaraciones y a ventilar declaraciones que solo buscan efectos mediáticos y hacer daño. Que declare lo que quiera declarar, ni él, ni nadie, puede hacer una declaración en contra mía que me trasnoche, nunca he delinquido, y obviamente yo estaré en mi derecho de iniciar las acciones legales que estime pertinente”, dijo el senador a la emisora.
Esta solicitud de Adolfo Guevara podría abrir una nueva línea de investigación en la Corte Suprema de Justicia, en la cual se evaluaría la veracidad de las pruebas o testimonios presentados.
Exintegrantes de las AUC serán imputados por extinción de la UP
Por otra parte, la Fiscalía General presentó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá a 96 postulados pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a las Farc, acusados de ser presuntos responsables del exterminio de la Unión Patriótica (UP) y del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad.
En el marco de la Dirección de Justicia Transicional, un fiscal formuló cargos por un total de 353 hechos delictivos ocurridos entre 1985 y 2006, los cuales han dejado un saldo trágico de 1.255 víctimas de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado.
En relación con la persecución a la UP, el material de prueba recolectado reveló la existencia de 315 crímenes vinculados a la violenta persecución de los miembros de dicho movimiento político. Estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y se atribuyen a estructuras paramilitares que operaban en diversas regiones del país. Entre los hechos que serán presentados se encuentran el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas el 9 de agosto de 1994 en Bogotá, así como la masacre de Segovia en Antioquia ocurrida el 11 de noviembre.
Por otra parte, se formularán cargos relacionados con el fin del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad, conformado en su momento por desmovilizados del extinto Ejército Popular de Liberación (EPL).
La investigación reveló que el Bloque José María Córdoba y el Frente 5 de las FARC promovieron una ola de violencia contra diputados, concejales y alcaldes que representaban a este partido. Entre los hechos que serán presentados a los postulados destacan la masacre de La Chinita el 23 de enero de 1994 en Apartadó, Antioquia, la masacre del hotel El Pescador el 27 de febrero de 1997 en el mismo municipio, y el atentado al diputado Mario de Jesús Agudelo Vásquez el 14 de abril de 1997 en Bello, Antioquia.
Para las autoridades, estos casos representan un avance en la búsqueda de la verdad y la justicia en Colombia, permitiendo que los responsables de estos graves crímenes sean llevados ante la justicia.