Semana.com: ¿Cómo se explica el crecimiento sostenido que han tenido los cultivos ilícitos? Daniel M. Rico: No hay una sola causa, estas son dinámicas rurales muy complejas y en cada región son diferentes. Por lo visto en los territorios resaltaría tres de las más significativas: Primero, la variación en los precios internacionales del oro, que mueve a un sector importante de población de la coca al oro o del oro a la coca. Esto es muy importante y explica por qué la coca llegó a su mínimo histórico hace cuatro años con menos de 50.000 hectáreas. No es que la estrategia antidrogas en esos años fuera particularmente exitosa, lo que pasaba es que la población rural en zonas de coca estaba ocupada dragando ríos para sacar todo el oro posible. Segundo, la decisión de suspender las aspersiones aéreas en octubre del 2015 tuvo un impacto muy importante en la productividad por hectárea y el tamaño de los lotes; antes nadie se le medía a un cocal de 10 hectáreas, hoy sí. Y tercero, el crecimiento es el resultado de la efectiva campaña que los mandos medios de las FARC y el ELN hicieron en las veredas para promover el cultivo, diciéndoles a los campesinos que el que no tuviera coca se quedaría por fuera de los beneficios que el Gobierno pactó en La Habana. Semana.com: ¿Hay mayor demanda de coca en Estados Unidos que esté incidiendo en los precios aquí? D.R.: Yo he recorrido estos meses los departamentos con más coca del país y nadie me ha hablado de un aumento significativo en los precios de la hoja o la pasta de coca. Por el contrario, son más los territorios donde ha bajado el precio y sin embargo, la gente cultiva ahora más. Mire lo irónico y profundamente complejo del asunto, en el Catatumbo el precio se cayó a 1,6 millones el kilo de base y da pérdidas; hace unos años cuando, estaba vivo Megateo –Cabecilla del EPL–, se llegó a pagar por encima de tres millones. Por eso la gente está en una crisis económica durísima y enterrando sus kilos de base porque no hay quien compre, pero, contrario a lo que diría la teoría económica, la oferta de coca no baja sino sigue creciendo. Le recomendamos: Cultivos de coca, el talón de Aquiles de la paz Semana.com: ¿Qué podemos esperar que ocurra entonces con la actual estrategia del Gobierno, de sustituir 50.000 hectáreas con proyectos productivos y erradicar de manera forzosa otras 50.000 hectáreas con coca? D.R.: No creo que esta sea realmente una “estrategia”, cualquier estrategia implica un cierto nivel de coordinación y coherencia institucional, lo que tenemos son dos acciones reactivas de entidades que se hablan poco entre sí, que tienen lecturas muy diferentes del territorio, con prioridades y presupuestos que no convergen. A esto sumémosle que el gran protagonista de la transformación rural, que es el Ministerio de Agricultura, se ha mantenido al margen; pareciera que esas cosas de la coca y la paz territorial no son con ellos. Por eso, con estas dos intervenciones no sólo no se logrará reducir la coca, sino que le dejarán un territorio más hostil y más radicalizado al próximo Gobierno, que llegara en 18 meses. Semana.com: Pero, es la primera vez que se invierten 32 millones por familia… D.R.: Por donde se mire, este programa de sustitución no es sostenible. Veámoslo presupuestalmente: si se multiplican 33 millones por las 200.000 familias que viven directamente de la coca, ya van más de seis billones de pesos. Además, si resulta ser cierto que también van a incluir a familias no cultivadoras que están en zonas de coca, ese monto por lo menos se duplica. El anuncio del Ministerio del Postconflicto de sustituir 50.000 hectáreas de coca en seis meses es desproporcionado y carente de sentido de realidad. Esto ha creado expectativas enormes en las veredas, al final el único resultado será que por cada familia inscrita van a tener media docena que van a reclamar los mismos beneficios y no van poder atenderlas. Ese descontento se traducirá en bloqueos, resiembra de coca y, lo que me parece más perverso, la radicalización de los interlocutores de estas comunidades con el Estado.   Le puede interesar: Gobierno y FARC ponen en marcha plan de sustitución de cultivos ilícitos Semana.com: ¿Con las FARC del mismo lado del Gobierno promoviendo la sustitución de cultivos esto no cambia la ecuación de seguridad? D.R.: Debemos valorar profundamente el momento histórico que estamos viviendo, creo que ver a Pastor Alape de un lado para otro acompañando las comisiones del Gobierno para promover los acuerdos y la sustitución de la coca es de un simbolismo importantísimo y es una gran oportunidad para llegar a zonas donde antes era impensable. Pero creer que la sola participación de las FARC es una garantía de éxito o que la sustitución puede llegar a cualquier rincón del país es pensar más con el deseo que con la razón. Semana.com: ¿Cómo hacer entonces una sustitución de cultivos sostenible? D.R.: Se necesita un profundo cambio de paradigma, apostarle con toda a la generación de bienes públicos rurales (electrificación, antenas de celular, puertos fluviales, cartografía veredal, etc.) y eliminar las transferencias directas de efectivo que benefician sólo a una minoría de las familias necesitadas. Hace dos semanas el presidente hizo un anuncio que va en la vía correcta, invertir a fondo en la construcción de vías terciarias. De ser realidad, marcaría una gran diferencia porque les permite a las regiones afectadas por la coca bajar los costos de transporte, valorizar su tierra y abrir mercados legales. Con una vía empantanada lo único que entra y sale es la coca y los insumos. Considerando que viene un año de promesas y favores electorales, se debe asegurar desde ya que esas vías se construyan donde más se necesitan, por eso vengo proponiendo que se cree una comisión independiente de transparencia y focalización para el gasto de esos 1,5 billones en carreteras rurales. Puede leer: En Briceño nadie ha arrancado una mata de hoja de coca Semana.com: ¿Cómo sería esa focalización? D.R.: Tenemos una inercia perversa de invertir el presupuesto rural en las zonas donde están los votos y no donde están las necesidades, es decir, invertir en el casco urbano y darle la espalda a la zona rural profunda. Esta es la principal conclusión de mi tesis doctoral, demostrar que el 95 % de los recursos que debieron llegar a manos de los campesinos para sustituir la coca terminaron financiando proyectos en zonas que no tienen coca, ningún gobierno o agencia de cooperación ha podido hasta ahora revertir eso. Semana.com: ¿Entonces la plata que se ha invertido por años se perdió? D.R.: En estricto sentido, UNODC, como implementador de recursos públicos, hace lo que el gobierno nacional le solicita que haga, entonces las fallas vienen desde el diseño mismo de los programas de sustitución. De allí surge otro conflicto dado el doble papel de UNODC como el implementador principal del desarrollo alternativo y a la vez el certificador y evaluador de los avances de política de drogas. Personalmente tengo gran admiración por el trabajo que hace esta agencia, pero también considero que su aporte sería mucho mayor si asumieran dos buenas practicas: primero mostrar cuáles han sido los resultados de impacto de los más de 350.000 millones de pesos que han ejecutado en programas de desarrollo alternativo en Colombia, ya que hasta ahora no existe ninguna evaluación independiente ni metodológicamente rigurosa que señale los éxitos, los fracasos o las mejoras necesarias. Y segundo, decidir en cuál etapa de la política de la sustitución quieren estar, ¿en la implementación o en la evaluación? Pero mantenerse en ambas genera unos conflictos de interés que son perjudiciales tanto para el sistema de Naciones Unidas como para el Gobierno de Colombia y profundamente costos para los cultivadores que no están recibiendo los beneficios de los programas de sustitución.   Le puede interesar: Breve historia de la coca Semana.com: Entonces, ¿si la zanahoria de la sustitución no funciona, nos queda depender del garrote? D.R.: El tema del garrote está igual de complicado, la fuerza pública cada vez tiene menos herramientas de trabajo y más presiones por resultados. Mire la secuencia, en el 2015 se anunció la suspensión de la aspersión con glifosato y la implementación de un Plan B con un enfoque “integral” al problema de las drogas, 20 meses después este Plan B no ha generado cambios territoriales. Surgen preguntas: ¿Se fortalecieron las capacidades para luchar contra el lavado de activos?, ¿Se financiaron más equipos elites de investigación criminal en la Policía?, ¿Tenemos una Infantería de Marina con más recursos para el control fluvial?, ¿Contamos hoy con mejores mecanismos para evitar la corrupción entre narcos y algunos políticos? Todas esas tareas siguen pendientes. Semana.com: ¿Qué sentido tiene apostarle a la erradicación manual? D.R.: Si uno se pone en los zapatos del Ministro de Defensa ve que está en medio de un panorama muy difícil, lejos de poder elegir la mejor estrategia posible, le toca elegir la menos mala. Como las demás herramientas están vetadas o diezmadas, todo el énfasis del ministro de Defensa se está poniendo en erradicación manual forzosa y esto no va a salir bien. Miremos para atrás por un segundo para proyectar lo que puede venir. La erradicación manual surgió en el año 2005 con el expresidente Uribe. Llegaron a sumar más de 100 grupos móviles, emplear 3.000 campesinos-erradicadores y arrancar 96.000 hectáreas de coca en un año. El asunto es que este récord de erradicación no sirvió de mucho, la caída de la coca fue temporal y en pocos meses se resembró. Lo que no fue temporal son las secuelas que dejó esta campaña indolente e improvisada de erradicación, los civiles y policías fueron carne de cañón para francotiradores y minas. Hasta hoy llevamos más de 200 muertos y mil heridos y amputados; según la CCMA, Colombia es el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersona, y el 10 % de estas víctimas son erradicadores. Le recomendamos: El candente debate por la nueva estrategia contra las drogas Semana.com: Si no es con la sustitución ni con la erradicación,  ¿qué nos queda, volver a la aspersión con glifosato? D.R.: Ninguna acción de manera aislada puede solucionar este problema, con glifosato o sin glifosato, hasta tanto no tengamos una estrategia coherente y sostenida que integre seguridad y desarrollo rural, seguiremos viendo con impotencia el crecimiento de la coca. *Daniel M. Rico es experto en narcotráfico en Colombia, su experiencia como asesor del Gobierno, consultor de varios organismos internacionales y sus investigaciones académicas lo han llevado a recorrer las rutas de la coca por los ríos, las selvas y las montañas del país. Es candidato a Doctorado Universidad de Maryland e investigador Fundación Ideas para la Paz