El 27 de agosto de 2017, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró como persona no grata a Iván Velásquez, quien llevaba cuatro años como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por encargo del Secretario General de las Naciones Unidas.
Tras conocerse esta decisión, en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó una serie de mensajes celebrando la decisión, puesto que consideraba que Velásquez utilizaba ese tipo de cargos para perseguir a sus enemigos políticos.
En cinco trinos publicados en menos de tres horas, Uribe consideraba que la decisión de Morales se había demorado muchísimo. “Comprensible la decisión de Guatemala de expulsar a Iván Velásquez acusado de ofrecer dádivas a presos para acusar inocentes”.
Un día después, el exmandatario rindió varias entrevistas a medios de comunicación del país centroamericano en las cuales cuestionaba al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. “(...) el fallaba de acuerdo con (sic) para absolver a sus amigos y condenar a sus enemigos. Era afecto a unas personas que tienen una política de impunidad al grupo terroristas Farc. Acudía a las cárceles a ofrecerle dádivas a presos para poder condenar a quienes consideraba sus enemigos así fueran inocentes”.
Para Uribe, el exmagistrado Velásquez nunca había ocultado su ideología de izquierda y por eso había emprendido una persecución. Los mensajes del exmandatario en su cuenta de Twitter siguieron por días acusando a Velásquez de corromper a la justicia colombiana y “poniéndola al servicio del terrorismo”. Incluso fue más allá y señaló que el exmagistrado auxiliar debería estar preso.
Frente a esto, el 27 de febrero de 2018 el abogado de Velásquez radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia en contra del entonces senador del Centro Democrático. Debido a la naturaleza de los cargos, el alto tribunal citó a dos audiencias de conciliación, las cuales fracasaron porque no se llegó a un acuerdo.
Tras la renuncia de Uribe al Senado el caso pasó a la Fiscalía General. Luego de cuatro años de estudio, el ente acusador consideró que no existen méritos para investigar a Uribe por estos mensajes. “(...) como los tweets previamente analizados y las declaraciones otorgadas a medios guatemaltecos, no constituyen una afrenta contra los derechos a la honra y el buen nombre del querellante (Iván Velásquez), las conductas atribuidas al expresidente Álvaro Uribe Vélez devienen atípicas objetivamente”.
La fiscal analizó cada una de las entrevistas dadas por Uribe para referirse al tema, así como los mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter. En este sentido consideró que no se puede hablar de injuria ni calumnia puesto que eran opiniones personales del exmandatario.
Por ejemplo, en la entrevista que rindió el 10 de octubre con una emisora colombiana, Uribe señaló que Velásquez debía haber (sido) expulsado de Guatemala por su “militancia proterrorismo guerrillero”, la cual era contraria a la lucha contra la corrupción que tanto anunciaba.
En este sentido, el ente investigador señaló que su opinión “corresponde más la lucha ideológica que sostienen. De manera que no se atribuye clara, concreta y categóricamente la comisión de una conducta punible. Se trata de un reproche reiterad acerca de las posturas ideológicas del querellante. Por ende, la declaración no supone, desde una perspectiva ex ante, la atribución de un hecho delictivo”.
En la decisión firmada por la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia se manifiesta que si existen nuevos elementos materiales se podría revisar el caso.