Este jueves comenzará la intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de la audiencia en la que se define la petición de la Fiscalía General, para archivar la investigación que se adelanta en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.
La diligencia se dividirá en dos partes. En la primera, el exmandatario presentará sus argumentos dentro del incidente de desacato que se presentó en contra del abogado Miguel Ángel del Río, quien en una entrevista con un medio de comunicación aseveró que Uribe estaría detrás de las amenazas que recibió y que lo obligaron, a comienzos de febrero, a abandonar el país.
El pasado 21 de febrero, Uribe cuestionó ―además― en plena audiencia los trinos hechos por el jurista, quien representa a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave en este proceso, que el abogado insistía en hacer acusaciones sin fundamento, por lo que pidió respeto: “Involucra su amenaza y menciona mi nombre, por eso mi preocupación señora juez”.
Uribe añadió que el abogado parece un “‘júpiter’ sonante y tronante, queda muy desconcertado cuando él sale con ese tipo de argucias o insinuaciones y no es capaz de responder por ellas”. Frente a esto, el abogado Del Río aseguró que el expresidente siempre ha querido alterar y manipular todo, indicando que ni en la entrevista ni en sus publicaciones de Twitter lo había relacionado con las amenazas de las que fue víctima.
En la segunda parte de la audiencia, el exjefe de Estado manifestará sus argumentos frente a la solicitud presentada por el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Javier Cáceres, quien el pasado 10 de octubre señaló que en este caso existe una “atipicidad de la conducta” contra el expresidente Uribe, hecho por el cual no se puede seguir con la investigación que inició en febrero de 2018 en la Corte Suprema de Justicia.
“En este caso se debe solicitar la preclusión de la investigación en favor de Uribe, al considerar que los hechos imputados por el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal se enmarcan dentro de la conducta prevista en el numeral cuarto del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, como también el numeral sexto, la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, reseñó el fiscal.
En su intervención, que extendió por tres días, el delegado de la Fiscalía General sostuvo que no existe evidencia alguna que el expresidente le ordenó directamente al abogado Diego Cadena ofrecerle beneficios económicos y jurídicos a un grupo de testigos para que se retractaran de sus acusaciones.
Contrariando así la tesis de la Corte Suprema de Justicia que, en el marco de este proceso, incluso cobijó a Uribe con detención domiciliaria en agosto de 2020; el delegado de la Fiscalía sostuvo que todas las evidencias demuestran que el exmandatario solamente quería confirmar una información que le había llegado por personas muy cercanas.
“En estas condiciones, verificadas en cada evento, resultó imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o, siquiera, irregular, pues siempre se instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad”.
La Procuraduría General le pidió a la jueza 41 de conocimiento avalar la solicitud de preclusión, al considerar que todas las pruebas documentales y testimoniales arrojan que Uribe jamás incurrió en una conducta ilegal.
Por su parte, las víctimas reconocidas en este caso (el senador Iván Cepeda, el exfiscal General Luis Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdono, y Deyanira Gómez) pidieron que se rechace la petición y se siga el trámite para que el expresidente sea acusado.
Con la intervención del exmandatario, la jueza 41 de conocimiento se tomará un tiempo para definir si avala o no la petición presentada por la Fiscalía General.