Mientras el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo es duramente salpicado por un acuerdo al que llegó el Grupo Aval con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, por más de 80 millones de dólares, en el que lo acusaron de formar parte de los sobornos y corrupción de Odebercht, desde la cárcel La Picota, Melo no solo salió a negar cualquier tipo de responsabilidad y defender su inocencia, también está buscando la forma de salir de prisión.
Melo fue condenado en 2019 a 11 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, nunca aceptó ningún tipo de responsabilidad ni negociación con la justicia; hoy se ratifica como inocente y su caso está en la Corte Suprema de Justicia, en casación, esta es su última carta.
Aunque su condena se dio en 2019, Melo fue enviado a prisión desde 2017, y con trabajos y estudio que ha realizado en prisión y deben ser validados por el Inpec, ya tenía derecho a solicitar la “libertad condicional” por cumplir las tres quintas partes de su condena.
“Él está purgando una pena a la cual no está condenado en firme y prácticamente está cumpliendo ya con las tres quintas partes, es decir, ya tendría derecho incluso a su condena de ejecución condicional, que se la han venido negando reiteradamente”, contó su abogado Juan Carlos Prías a SEMANA.
Melo ya había solicitado la libertad, pero el Inpec, encargado de acreditar los tiempos de estudio y trabajo para conmutar con la pena, no lo había hecho por una orden del Juzgado 14. Eso tenía cerradas las puertas de la cárcel. Vía tutela, la Corte Suprema de Justicia señaló que a Melo se le debían amparar las “garantías fundamentales al debido proceso”, y ahora el Inpec está obligado a presentar todas las acreditaciones.
Este argumento se dio, inicialmente, para un permiso de salida por 72 horas que había solicitado Melo, el único condenado de alto perfil en medio del gigantesco escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia, pero la orden es clara y deben ser tenidos el estudio y trabajo lo que podía aplicar para la libertad condicional.
Melo, explica el abogado Prías, “es el único que está purgando una pena sin tener el deber de afrontarla porque no está en firme, está en casación. Es el único de todo este maremágnum de acontecimientos y de personas involucradas que no ha llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía ni ha aceptado ningún cargo. Eso sería reconocer la responsabilidad, él está concentrado en demostrar su inocencia”.
La decisión de la Corte que le abriría las puertas
La Corte Suprema de Justicia le ordenó al juzgado 14 de conocimiento de Bogotá que revise las solicitudes presentadas por el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta, condenado por el caso Odebrecht.
El alto tribunal, con ponencia del magistrado Fernando León Bolaños, determinó que se le estaban vulnerando los derechos al debido proceso, la administración de justicia y los principios de legalidad a Melo Acosta, quien pidió un permiso para salir de la cárcel por 72 horas.
El juzgado que lo condenó en primera instancia, en el año 2019, negó esta petición de un solo tajo, dando órdenes expresas al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que no adjuntara ningún tipo de documentación.
En la decisión, se ordena adelantar “de inmediato” todas las gestiones a “que hubiere lugar, tendientes a conseguir la documentación necesaria que debe enviarle el Inpec (en sus distintas dependencias, según labores), que le permitan hacer un análisis sobre la concesión del permiso hasta por 72 horas que solicitó Melo”.
En un plazo de cinco días, después de la notificación, el juzgado deberá emitir un nuevo pronunciamiento. Melo Acosta, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, ha manifestado en diferentes oportunidades que jamás realizó acciones indebidas ni recibió sobornos para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht con contratos de infraestructura vial en el norte de Colombia.
En los fallos de primera y segunda instancia, se concluyó que Melo fue parte fundamental en el movimiento de los 6,5 millones de dólares que envió la multinacional para que se le entregaran contratos como la Ruta del Sol II. El importante proyecto fue entregado en 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones al consorcio conformado por Odebrecht y Episol –filial de Corficolombina- en Colombia.
Los testigos, entre los que resaltaron los exdirectivos de Odebrecht en Colombia, Luiz Ignacio Bueno, Luiz Mameri y Luiz Da Rocha Soares, indicaron que Melo fue el hombre clave para mover los sobornos y lograr sus cometidos. En dos encuentros celebrados en un apartamento en el norte de Bogotá y en una oficina privada, Melo señaló la necesidad de mover las coimas para que se aprobaran las pretensiones de la multinacional.
Frente a la reciente decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en cuanto a la Ruta del Sol II, José Elías Melo aseguró que en ningún momento aprobó la entrega o petición de sobornos para la ejecución de este importante proyecto vial, en el que Corficolombiana fungió como inversionista.
“(...) Yo, como presidente de Corficolombiana, nunca conocí o aprobé ningún acuerdo de soborno que hayan convenido ejecutivos de Odebrecht con funcionarios públicos colombianos para la aprobación de la adición del proyecto Ocaña-Gamarra, dentro del contrato de concesión de la Ruta del Sol, tramo II, y tampoco participé de ninguna manera en la ejecución de dichos acuerdos ilegales o facilitado mediar mediante mi influencia su ocultamiento” (sic), resumió Melo en un comunicado de prensa.
A renglón seguido, señaló: “Manifiesta el comunicado de prensa que emitieron las dos compañías, que esa asunción de responsabilidad se origina ‘en información obtenida por autoridades de los Estados Unidos, incluyendo evidencia testimonial de terceros relativas a acciones tomadas por un anterior ejecutivo de Corficolombiana’” (sic).
No obstante, Melo afirmó que no participó de ninguna manera en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno colombiano por el proyecto Ruta del Sol II. De hecho, el documento conocido el jueves indicaba que “al menos 28 millones de dólares en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”, detalle que no reconoció.
“Esta conclusión, en caso de referirse a José Elías Melo Acosta, no solamente no está probada en ninguna de las actuaciones procesales ocurridas durante estos años en Colombia, alrededor del proyecto Ruta del Sol, sino que entra en contradicción con numerosas pruebas aportadas en dichos procesos, donde se comprobó que los pagos irregulares detectados desde 2014 corresponden a la responsabilidad exclusiva de los funcionarios de Odebrecht”, indica el comunicado compartido por Juan Carlos Prías, apoderado de Melo.
“Además, allí también se demostró el conocimiento, responsabilidad y autonomía de gestión que personas vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana, distintas de José Elías Melo Acosta, tenían de manera directa e independiente respecto de las decisiones financieras, operativas y contables, tanto de la concesionaria Ruta del Sol II, como del consorcio constructor Consol”, agrega el documento.
Las conclusiones de la SEC también aluden a “sobornos concedidos en la forma de contribuciones ilícitas a una campaña política”. Al respecto, Melo expuso que jamás ha tenido que ver con la gestión de esa clase de apoyos a partidos o candidatos.
“La única prueba en mi contra dentro de los procesos adelantados en el país ha sido el falso testimonio de Luiz Bueno, funcionario de Odebrecht, quien manifestó haber puesto en mi conocimiento el soborno que le pagó esa empresa a Gabriel Ignacio García Morales en 2010, con fundamento en el cual he sido injustamente privado de la libertad ya varios años”, continúa el comunicado de José Elías Melo.
A manera de conclusión, el expresidente de Corficolombiana rechazó el hecho de que se hayan adelantado acuerdos con las autoridades americanas en un proceso que no contó con su participación, la cual, según dice, “habría resultado clave en la valoración probatoria”, así como en las conclusiones.
“Por último, debo poner de presente que los acuerdos alcanzados por Grupo Aval o Corficolombiana implican decisiones que, sin ser fallos judiciales, adoptan esa apariencia, con lo cual afectan gravemente mi derecho de defensa dentro de los procesos que todavía se encuentran en curso en Colombia (...)”, concluye el documento firmado por José Elías Melo.