Mientras el jefe negociador de paz, Humberto de la Calle, asegura que el nuevo acuerdo con las FARC no será reabierto, crecen desde la oposición duras críticas al texto conocido este lunes a la madrugada. Uno de los puntos más importantes cambiados en La Habana tiene que ver con desistir en que el acuerdo final vaya completo al bloque de constitucionalidad. El texto incluye una cláusula que indica que instituciones y autoridades del Estado tendrán durante tres períodos presidenciales la obligación de cumplir de buena fe lo establecido en el Acuerdo Final.     Le puede interesar: Juan Manuel Santos viajará a Estados Unidos a someterse a chequeos médicos“Esto es en últimas darle competencias y facultades constituyentes a la Mesa de La Habana, ya  que se pretende crear o modificar un artículo transitorio para obligar a autoridades del Estado. Queda la voluntad del primer acuerdo intacta ya que termina el primer acuerdo ingresando a nuestro ordenamiento constitucional”, indicó Ordóñez.Para el exprocurador el compromiso del presidente fue la refrendación del pueblo, sin embargo, ahora se estudian escenarios como el Congreso o los cabildos, los cuales, dice, no tienen “la potestad de hacer ningún procedimiento refrendatorio”. “Aquí se está usurpando la voluntad de los colombianos para entregársela al Congreso de la República. El Congreso de la República no tiene legitimidad para refrendar este acuerdo porque fue este mismo Congreso el derrotado el 2 de octubre. El 90 % fueron derrotados el 2 de octubre”, indicó. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, cuestionó esta postura: “Exprocurador dice que el Congreso no tiene legitimidad para refrendar los acuerdos, pero sí la tuvo para elegirlo dos veces”.Le puede interesar: Diez puntos del nuevo acuerdo que generarán controversiaPara Ordóñez, los motivos de los colombianos para rechazar el acuerdo permanecen idénticos: “Esto no es un nuevo acuerdo, esto es el mismo acuerdo maquillado”. Indicó que los cambios en materia de gobernabilidad, de modificación de la Constitución, de modificación del Acuerdo Especial, entrega de niños reclutados, en materia de entrega de secuestrados permanecen idénticos. Ahora el agravante –dice Ordóñez- es la refrendación. El exjefe del Ministerio Público también aseguró que el nuevo documento no solamente limita las competencias de la Corte Constitucional sino que se crea una nueva institución en la que dos integrantes de la Corte harían sala con dos integrantes de la JEP: “Eso es absolutamente contrario a las normas en la materia”. También cuestionó que la Jurisdicción de Paz termina asumiendo funciones legislativas ya que sus normas procesales propias serán diseñadas y creadas por ellos mismos, cuando el escenario natural es el Congreso.  Además indica que el nuevo acuerdo busca revivir en la Corte Constitucional el Fast-Track y las leyes habilitantes. Ordóñez aclaró que este pronunciamiento es personal, ya que se espera que el miércoles los voceros del No hagan una declaración conjunta sobre el nuevo acuerdo.