Idelfonso Trujillo se coge la cabeza al ver que sus equipos de fotografía, archivos y cajas llenas de objetos de valor sentimental están en la calle, tirados en bolsas negras, justo al lado del contenedor de basura. Desde la puerta del edificio ubicado en la calle 73 con carrera 15 en Bogotá, asegura que vio algunos de sus muebles siendo utilizados por personal de la Empresa Metro. “Aparte de que me expropiaron y me consignaron a mi cuenta un dinero con el que nunca estuve de acuerdo, porque era mucho menos de lo que valía, llegaron a sacar todo lo que tenía ahí sin avisarme con antelación”. Asegura que durante medio siglo trabajó para tener un estudio fotográfico de reconocimiento internacional, avaluado comercialmente en 800 millones de pesos, todo marchó con éxito hasta que se enteró de que el Distrito estaba interesado en comprarle su predio, porque por allí pasaría la línea del metro.

Luego de varios meses de negociación, en los cuales le ofrecían un pago que no alcanzaba a la mitad del valor de inmueble, que tiene 120 metros cuadrados y ubicado en unos de los sectores más costosos de la capital del país, la Empresa Metro de Bogotá, dice él, decidió expropiarlo a pesar de que los acuerdos también establecen una posible reubicación. La decisión se tomó con el respaldo de la Ley 388 de 1997, en la que se establece que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar, por vía administrativa, el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre terrenos e inmuebles. En pocas palabras, que prevalece el bien común sobre el particular. “Pero qué culpa tengo yo de que por ahí pase la línea, el trabajo de toda mi vida se desmoronó”, cuenta el fotógrafo.

Pero este no es el único caso en el que se habla de expropiación por parte de la administración de Claudia López. Según cifras suministradas por la Empresa Metro de Bogotá, de los 781 predios que ya han adquirido, 142 han iniciado el proceso de expropiación. Esto quiere decir que el 18 por ciento de los terrenos para el metro han sido expropiados. Desde la entidad aclaran que algunos de ellos se hacen, supuestamente, por petición expresa del propietario. En otros, por limitaciones jurídicas respecto al inmueble y se han presentado casos en los que, por diferencias entre el propietario y los ocupantes de los inmuebles, no se realiza la entrega. Sin embargo, hubo 32 personas que nunca quisieron vender al considerar que estaban vulnerando sus derechos y dijeron ser expropiados. Aún faltan por negociar 640 predios y hay temor entre los propietarios de perderlo todo, si no se llega a un acuerdo justo.

En estos casos, el Distrito no los ha dejado sin plata porque giran al Banco Agrario el valor que la empresa consideró adecuado por el predio. Ese trámite se hace si pasan 30 días desde la notificación de la oferta de compra. Es decir, ofrecen un dinero, y si no se acepta empieza el calvario para los habitantes del sector. Mauricio Orozco, director de proyectos de la Iglesia Cristiana de Colombia, denuncia que el Metro de Bogotá acabó con dos emisoras: En su Presencia y 365, causando un detrimento de más de 12.000 millones de pesos y dejando sin empleo a 15 personas. Empresa Metro consideró que valía comercialmente un poco más de 2.000 millones de pesos y eso giró. Tanto Mauricio como Idelfonso decidieron empezar procesos judiciales contra el Distrito.

Metro de Bogotá indica que hasta el momento no ha sido notificada de ninguna demanda de personas por presunta vulneración de derechos en estos procesos. Muy seguramente las acciones judiciales llegarán y un juez definirá quién tiene la razón en ese caso. Lamentablemente, cientos de personas prefieren que los proyectos de movilidad en la capital no pasen cerca de sus bienes para evitar un mal negocio o una posible expropiación.