Durante las protestas del Paro Nacional que se registraron en 2021, sin lugar a dudas Cali fue una de las ciudades más afectadas por los actos de vandalismo, enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, los bloqueos, saqueos a establecimientos comerciales, entre muchos otros eventos. En el marco de estos sucesos, el nombre del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas Cruz estuvo en en la mira, debido a la falta de medidas para controlar la grave situación y recuperar el orden público.

Meses después del registro de estos hechos, la Procuraduría General sancionó al ahora exfuncionario con una suspensión de diez meses de su cargo. En el fallo del Ministerio Público se advierte que Rojas, por el cargo que ejercía, era el encargado de evaluar y tomar decisiones con el fin de apaciguar la situación y evitar que esos actos de violencia se siguieran presentando.

Para la Procuraduría General, las medidas fueron insuficientes puesto que no terminaron de brindarle a la ciudadanía el apoyo frente a los actos de vandalismo que los afectaban directamente, así como los bloqueos que llevaron desabastecimiento de alimentos y combustible. “Únicamente se dedicó a asistir y convocar al Puesto de Mando Unificado (PMU) presentando estadísticas de la grave situación acontecida, sin realizar ninguna labor contundente para contener la oleada violenta y de actos de vandalismo que se agravaron diariamente luego del paro del 28 de abril de 2021″.

En el fallo disciplinario, que calificó la falta como “grave”, la Procuraduría indica que el entonces secretario de seguridad de Cali le entregaba un balance al final del día al alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca. Sin embargo, nunca se pudo verificar su gestión frente a “los saqueos, las marchas y el bloqueo a una ambulancia que se dirigía de Palmira a Tuluá y cuyo paso no fue permitido por los manifestantes”.

Aunque la Procuraduría menciona que el exfuncionario sí entregaba un balance al final del día, que se lo hacia llegar al alcalde y a la gobernadora, no les fue posible advertir gestión alguna de parte de Rojas Cruz frente a “los saqueos, las marchas y el bloqueo a una ambulancia que se dirigía de Palmira a Tuluá y cuyo paso no fue permitido por los manifestantes”.

Igualmente, se le cuestionó la falta de acciones como coordinar estrategias, hacer labores de inteligencia y elaborar un estudio de zonas en riesgo en la capital del Valle del Cauca, cuyos habitantes se vieron realmente afectados por los constantes enfrentamientos, los bloqueos y la destrucción de la propiedad privada.

Como Rojas salió del cargo en mayo cuando Jorge Iván Ospina, alcalde de la ciudad, les pidió la renuncia a todos sus secretarios, la suspensión de diez meses se traduce en una multa correspondiente a diez meses de salario.

Esta decisión se puede apelar ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento y la Alcaldía de Cali ya anunció que lo hará. Debido a que ya no está ejerciendo su cargo, la sanción disciplinaria de la Procuraduría se transforma en una multa de diez salarios devengados para el momento de los hechos.

La defensa del exfuncionario anunció que presentará recurso de apelación al considerar que no se evaluaron todas las pruebas presentadas para demostrar que no incurrió en una omisión de sus funciones.

“Jurídicamente consideramos que es un fallo contrario al derecho, desconociendo todas las normas nacionales y que afecta los derechos fundamentales del doctor Carlos Rojas”, explicó el abogado Hernando Morales Plaza, quien defiende al exsecretario de Seguridad.