El exsenador Carlos Robero Ferro Solanilla será acusado formalmente en la Corte Suprema de Justicia por el delito de concusión, después de que resultó señalado de supuestamente exigir parte del salario que devengaba un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
El alto tribunal explicó que las investigaciones se han centrado en tratar de determinar como el nombramiento de un funcionario de su UTL, que habría estado interesado en completar sus semanas de cotización, terminó en la entrega de su sueldo a personas cercanas al excongresista Ferro.
La Corte también explicó que “no accedió a las peticiones de la defensa de Ferro Solanilla para decretar la prescripción de la acción penal. Una vez quede en firme, el proceso pasará a la Sala de Primera Instancia”.
Es decir, la indagación que adelanta la Corte hasta este momento daría cuenta de que el integrante de la UTL de Ferro habría llegado al cargo con el único objetivo de cumplir sus semanas para pensionarse. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una ficha para disponer del dinero que se ha designado para el funcionamiento del equipo de trabajo del entonces congresista.
En abril del año pasado, revivió el caso contra Ferro, después de que apareciera un testigo que contó como el excongresista habría obligado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo a entregarle parte de su salario. El principal testigo, Roque Julio Díaz, fue claro en señalar a Ferro como la persona que abusó de su poder e influencia para contratarlo bajo la condición de que le entregara la totalidad de su salario.
La solicitud la habría hecho aprovechando la necesidad de Díaz de cumplir con las semanas de cotización para acceder a su mesada pensional. Roque Julio Díaz Pinzón llegó con las pruebas debajo del brazo y fue enfático en afirmar que después de muchos años (casi una década) se había animado a denunciar al entonces senador Ferro, con quien tuvo una vinculación laboral en su UTL y que se dio bajo el compromiso de devolverle, mediante consignación bancaria, la totalidad del salario devengado.
El esquema corrupto, al parecer ya estaba funcionando antes de que Díaz llegará al cargo y podría no ser el único empleado que tenía que entregarle la plata a Ferro. Su testimonio dio cuenta que apenas recibía su salario, tenía la orden de enviarlo a cuentas de Bancolombia a nombre de terceros, que identificó como Jaime Andrés Jaramillo, Luis Jaramillo y Diana Galeano.
La Corte logró comprobar que Jaime Andrés Jaramillo, uno de los titulares de las cuentas en las que se debía consignar el salario, estuvo vinculado para la época de las irregularidades como empleado del Congreso, pero era parte de la UTL de la entonces senadora Leonor Serrano de Camargo, en el cargo de asesor grado uno.
Al parecer, y según la declaración de Díaz, la influencia de Ferro era tal que su presunto socio en esta movida criminal terminó siendo promovido en el mismo Congreso a los cargos de asistente grado uno en el área de recursos humanos. Luego llegó, como era de esperarse, a la UTL del excongresista, en la que fue contratado como asistente grado dos.