En las últimas semanas, tanto en su cuenta de X -antes Twitter- como en plaza pública, el presidente Gustavo Petro ha hecho referencia directa al proceso contra el exsenador Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la masacre de Macayepo.
Primero que todo, Petro celebró a su manera la decisión de la Corte Suprema de negar la libertad al excongresista. Poco tiempo después, en medio de un discurso en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, el Presidente aseguró que la administración de justicia había sido clara y categórica en este caso.
“Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, señaló Petro ante la multitud. “Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador (en referencia a García Romero) que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando. Me gustaría que pudiera jugar con sus nietos pero hoy la justicia le dice que no puede salir porque fue un masacrador”.
Este tipo de comentarios, motivó que la defensa del excongresista presentara una acción de tutela en contra de Petro para que se “abstenga” de hacer este tipo de señalamientos en aras de proteger sus derechos al buen nombre, honra y legítima defensa, advirtiendo que este tipo de señalamientos afecta la independencia de poderes.
Igualmente, que no haga ningún tipo de publicaciones en sus redes sociales con “manifestaciones denigrantes, incitadoras socialmente y trasgresoras a la dignidad humana”. En la acción judicial firmada por los abogados Santiago Aguirre Ossa y Luis Felipe Aguirre Vásquez se le pide a las autoridades judiciales tomar medidas para proteger los derechos fundamentales del exsenador.
Para los juristas, este tipo de mensajes generan “desinformación” ante la “población en general por medio de interpretaciones de decisiones de la Justicia”. En otro de los apartes de la tutela se manifiesta que lo dicho públicamente por el Presidente encaja en el concepto de ”guerra jurídica” que va en contravía de los principios jurídicos y constitucionales.
Por esto, rechazan lo que consideran una “mofa” por parte del Presidente en contra del exsenador. “Olvidando el mismo, que dentro del proceso que hoy cursa en la Corte ha reconocido no ser un testigo directo, pero que al aprovechar los diferentes cargos públicos y a costa de mi nombre ha hecho carrera”.
Mientras espera que el Consejo de Estado resuelva esta acción de tutela, la defensa de García Romero presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia para que se le otorgue la libertad inmediata asegurando que cumplió las tres quintas de la pena.
Pese a la decisión de un juez de ejecución de penas de Bogotá -que en su momento reveló en exclusiva SEMANA- la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema dejó en firme la medida de aseguramiento por el proceso de desplazamiento forzado que existe en su contra.
Este expediente tiene referencia directa a la masacre de Mapiripán, advirtiendo que tras la incursión paramilitar un centenar de pobladores tuvieron que abandonar sus fincas y parcelas por miedo a las represalias.