El soldado profesional en retiro, Naider Yesid Lozano Beltrán, fue enviado a prisión en el proceso que se le adelanta por su presunta participación en los hechos que rodearon la muerte del joven indígena de la comunidad Kiwe Nasa, Omar Guasaquillo Guasaquillo, y las graves lesiones causadas a un integrante de una organización campesina, identificado como Diego Alexis Vega Echavarría.

Estos hechos se registraron el 5 de septiembre de 2019 en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca).

La Fiscalía General reveló que el militar formó parte del grupo de soldados que habría ingresado a la finca La Esperanza, en el corregimiento de Villa Colombia. Las pruebas recolectadas señalan que Lozano Beltrán disparó en varias oportunidades contra los integrantes de la comunidad indígena.

Los soldados llegaron a dicha finca tras recibir información sobre la supuesta presencia de ocho integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esto, al parecer, en medio de posibles irregularidades en la verificación y en los soportes de los datos conocidos, tropas del Batallón Pichincha, con sede en Cali (Valle del Cauca), se dirigieron al lugar y lanzaron la operación.

Las pruebas recolectadas indicaron que el joven indígena y la persona que lo acompañaba no tenían armas, estaban en indefensión y no pertenecían a algún grupo ilegal.

Tras hacer la revisión se evidenció que la escena del crimen, al parecer, fue alterada y, en el reporte oficial presentado a los comandantes, presuntamente, se incluyeron circunstancias falsas como que el señor Vega Echavarría disparó con un arma artesanal o ‘changón’ contra las unidades militares.

“Aquí no se presentó ningún combate como lo pretenden hacer ver”, precisó la Fiscalía General. Los militares -reveló el ente investigador por medio de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos- intentaron alterar la escena con el fin de desvira toda la investigación, ubicando armamento y borrando huellas. Esto con el fin de darle soporte a su informe oficial.

Sin embargo, la evidencia revela que en total se dispararon 120 municiones de fusil y ametralladora tipo M-60. “Eran personas honorables, reconocidas en el sector, trabajadoras y cumplidoras con su deber. Además, ajenas a grupos al margen de la ley”, agrega uno de los apartes de la investigación.

Por estos hechos, la Fiscalía General le imputó los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida. Los cargos no fueron aceptados. Tras la pregunta del juez de control de garantías el exmilitar se declaró inocente de los hechos materia de investigación.

Por estos mismos hechos enfrentan desde octubre de 2021 un proceso penal el teniente César Andrés Torres y los soldados profesionales Daniel Andrés Madrid, Lucio Cortés, Jhon Jairo Luna y Alexander Marín Gutiérrez. La Fiscalía General les imputó los delitos de tentativa de homicidio y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, ninguno de ellos aceptó cargos.

El juzgado 15 de control de garantías de Cali cobijó a los militares -que formaban parte de la Brigada 3 del Ejército Nacional- a una cárcel. Esto tras considerar que representan un peligro para la sociedad y que estando en libertad podrían afectar el desarrollo de la investigación mediante la presión a testigos y ocultamiento de evidencia.