La diligencia que se iba a adelantar este 22 de diciembre en la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso por el exterminio de la Unión Patriótica tuvo que suspenderse. Esto debido a la recusación que presentó el general en retiro Iván Ramírez Quintero en contra de los magistrados Gustavo Adolfo Salar Arbeláez y Catalina Díaz Gómez.
En el documento, radicado pocos días antes de la realización de la audiencia, el oficial en retiro pide que los dos magistrados se alejen del proceso al reseñar que no le brindan las garantías suficientes y ya existe un prejuzgamiento en su contra. Debido a esto se deberá entrar ahora a definir si existen méritos para avalar esta recusación.
El excomandante de la Brigada 20 del Ejército Nacional fue señalado de haber entregado información privilegiada y ordenar seguimientos en contra de los militantes de este movimiento político, que nació tras un proceso de paz y dejación de las armas con la guerrilla de las Farc en 1985.
En diferentes informes realizados por las víctimas del “exterminio de la UP” se vincula al general Ramírez Quintero de estar detrás de las acciones dirigidas a identificar, ubicar, atacar, amenazar y asesinar a los militares de este grupo político por su ideología. El oficial los acusaba de tener relación directa con grupos subversivos.
En 2018, el excomandante del Batallón Charry Solano (el cual se encargaba de las labores de inteligencia) se sometió a la JEP, comprometiéndose a dar su versión sobre los hechos materia de investigación y colaborar con la construcción de la verdad dentro de los expedientes a los que fuera requerido.
Sin embargo, un año después, la JEP cuestionó la falta de datos nuevos y detallados sobre los casos en los que se comprometió a colaborar, afectando de esta manera la contribución a la verdad y el aporte para la reparación de las víctimas. El general rechazó estas observaciones, indicando que no puede incriminarse ni hacer alusión a hechos que no le consta, puesto que esto representaría una vulneración a su presunción de inocencia.
El nombre del general Ramírez Quintero también estuvo vinculado en el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia tras el operativo militar adelantado el 6 y el 7 de noviembre de 1985. En el expediente se señalaba que algunos de los rehenes liberados, que fueron trasladados a la Casa Museo del Florero, fueron acusados de tener relación con el M-19 y la toma de la edificación.
Debido a esto, fueron sometidos a torturas y trasladados a guarniciones militares, entre ellas al Batallón Charry Solano para que entregaran más información y dieran detalles de la manera en como se planeó y ejecutó la toma.
En 2012, por duda probatoria, un juez de Bogotá absolvió al oficial en retiro. La Fiscalía y los representantes de víctimas apelaron y el caso se encuentra actualmente en estudio por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.