En una operación conjunta entre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el CTI de la Fiscalía General, se logró desmantelar el patrimonio ilegal de Edilson Ordoñez Campo, conocido como alias Chiruzo, un reconocido narcotraficante vinculado a diversas organizaciones criminales, incluyendo los carteles mexicanos.

Alias Chiruzo fue capturado en la vereda Altos, en Piendamó, Cauca, en julio de 2020, en cumplimiento de una orden de extradición emitida por una corte del Distrito de Texas, Estados Unidos. Dicha orden estaba relacionada con cargos de conspiración con fines de narcotráfico.

La solicitud de extradición internacional señala que alias Chiruzo, conocido como el ‘narco invisible’, ya que no se tenía pista de quién se trataba, estaría implicado en el envío de más de dos toneladas y media de cocaína en un semisumergible que fue interceptado en 2016, entre Guatemala y México.

Además, se le acusa de comprar drogas en áreas de producción ilegal controladas por el ELN y las disidencias de las FARC en el suroccidente del país.

Las autoridades estiman que los fondos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas a alias Chiruzo fueron utilizados para adquirir un total de 14 propiedades. | Foto: Fiscalía General
Los activos, valuados preliminarmente en más de 5.000 millones de pesos, fueron confiscados durante las diligencias llevadas a cabo por el CTI y el Ejército Nacional. | Foto: Fiscalía General

Las autoridades estiman que los fondos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas a alias Chiruzo fueron utilizados para adquirir un total de 14 propiedades ubicadas en Cali, Jamundí, Valle del Cauca; asimismo, en Popayán y Piendamó, Cauca. Ante esto, la Fiscalía General tomó medidas cautelares, incluyendo la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de los bienes.

Los activos, valuados preliminarmente en más de 5.000 millones de pesos, fueron confiscados durante las diligencias llevadas a cabo por el CTI y el Ejército Nacional. Actualmente, todos los bienes están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de su administración.

Esta operación representa un importante golpe al narcotráfico y demuestra el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita.

La colaboración entre la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, el CTI y el Ejército Nacional ha permitido llegar hasta los bienes adquiridos por alias Chiruzo.

Ocupan 36 bienes valuados en más de $5.400 millones

Por otro lado, la Fiscalía General, a través de la Dirección de Extinción del Dominio y el CTI, siguen atacando los bienes obtenidos de forma irregular o con recursos públicos.

En esta ocasión, ha ocupado 36 bienes que presuntamente pertenecen a los responsables de un esquema de corrupción relacionado con el desvío de fondos destinados a la atención de la primera infancia en el departamento de Córdoba.

La operación ha resultado en la ocupación de 29 propiedades rurales, tres propiedades urbanas y cuatro vehículos ubicados en las ciudades de Montería y Cereté, en Córdoba. Según las evaluaciones preliminares, el valor de estos activos supera los 5.400 millones de pesos.

Fiscalía ocupó 36 bienes valuados en más de $ 5.400 millones que pertenecerían a señalados de robar recursos destinados a la niñez en Córdoba. | Foto: Fiscalía General

Los bienes están registrados a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes estuvieron involucrados con una fundación que firmó un contrato en 2015 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para brindar asistencia a niños y niñas menores de cinco años, por un valor de 7.407 millones de pesos.

Durante la investigación penal, la Fiscalía General determinó que los responsables del contrato habrían apropiado indebidamente la suma de 2.705 millones de pesos.

En consecuencia, los implicados en estos actos de corrupción han sido imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Los bienes afectados por medidas cautelares, como la suspensión del poder de disposición, el embargo y el secuestro, han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración y resguardo, garantizando así la preservación de los activos involucrados en este caso de corrupción.

La Fiscalía General determinó que los responsables del contrato habrían apropiado indebidamente la suma de 2.705 millones de pesos. | Foto: Fiscalía General