La Fiscalía ordenó extinción de dominio a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar y del exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, -ambos miembros del movimiento Fuerza Ciudadana- ya que según el ente acusador los funcionarios suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de 4.129 millones de pesos. Los acusados habrían efectuado los contratos cuando Carlos Eduardo Caicedo Omar era alcalde de Santa Marta entre 2012-2015 y durante la administración de su sucesor entre 2016 y 2019. Estos inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales solo uno fue terminado.
El 25 de junio, la Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra Carlos Eduardo Caicedo Omar por "delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, relacionado con la Red de Parques de esa ciudad". Según cita el organismo, en 2015 el alcalde habría quebrantado el principio de planeación al adicionar dos contratos por valores de $25.443.324.330 y $13.476.017.575, respectivamente. Vale aclarar que todavía no se ha fijado la fecha de la audiencia para esta diligencia. Con la extinción de dominios anunciada este viernes, la situación se complicará para el actual gobernador, quien por tiempos de covid-19, por ahora no perderá sus bienes de forma inmediata. La Fiscalía ha dicho que el proceso se hará una vez termine el aislamiento preventivo decretado por la pandemia. Según se sabe que dos de los predios a los que se les aplicó la medida cautelar -y que están a nombre de los exalcaldes y terceros- están ubicados en Barranquilla. Además hay un local comercial en Soledad (Atlántico); dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena).