"Sabíamos desde el principio que la construcción de la paz es un camino complejo". Esa fue la frase que Juan Manuel Santos escogió para comunicarle al país una de las noticias más duras del proceso de paz. El presidente se acomodó solo en un atril de la Casa de Nariño y en una declaración a la prensa de apenas 10 minutos entregó una noticia que cambiará definitivamente el rumbo del posconflicto. “El fiscal general de la nación me ha informado que, como resultado de rigurosas investigaciones, tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seusis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo”, afirmó el presidente. Le recomendamos: Quién es Jesús Santrich, el excombatiente que iba para el Congreso y terminó en la cárcelSantos no entregó detalles de la información que le había dado Néstor Humberto Martínez, pero dejó un mensaje claro. Si se prueba que los delitos fueron cometidos por Santrich después del acuerdo y si existen pruebas irrefutables, no dudará en extraditarlo. "No me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema. Esas son las reglas del juego", agregó. El fiscal tomó la palabra inmediatamente y explicó los pormenores del proceso. Relató que contra Santrich pesa ahora una orden de captura internacional, expedida con circular roja de Interpol. Agregó que el delito por el cual se investigaría al desmovilizado guerrillero sería ‘conspiración para exportar cocaína‘ y aclaró que existen evidencias de aviones, laboratorios y toneladas de esa sustancia que habrían sido manejadas por él y su grupo. Vea la declaración de Juan Manuel Santos
La imagen de Santos en el Salón de conferencias de la Casa de Nariño producía un cierto Déjà vu. En el proceso de paz, quizás no hubo un ‘coco‘ al que la guerrilla le tuviera más miedo que la extradición. Ese miedo tenía un espejo muy grande: los paramilitares. El 13 de mayo de 2008, seis años después del acuerdo de Ralito, Álvaro Uribe hizo pública una decisión que tomó al país por sorpresa. El entonces presidente citó en la noche a los generales y a los ministros a la Casa de Nariño. En una rueda de prensa televisada que duró apenas nueve minutos soltó una de las noticias más polémicas de su gobierno.
En ese momento, Juan Manuel Santos asistió a la rueda de prensa en calidad de Ministro de Defensa."Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de la ley de justicia y paz. Otros no cooperaban con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega", dijo en forma pausada. En contexto: ¿Y ahora qué?Los ciudadanos a los que se refería Uribe eran los más temidos jefes paramilitares del país. Se trataba de 13 cabecillas de las autodefensas que habían incumplido los acuerdos y que desde esa zona de distención seguían delinquiendo. Los Estados Unidos, en ese momento, también habían recopilado pruebas ineludibles de cómo desde ese lugar se traficaba con droga.Uribe contó con tranquilidad que en la madrugada de ese día, a las 6:45 de la mañana, un avión había llevado al otro lado del mar a Jorge 40, Salvatore Mancuso, alias Gordolindo, alias Don Berna, alias Cuco Vanoy, Hernán Giraldo y algunos otros jefes que se habían sentado en la mesa de diálogos.El proceso de paz con los paramiltares ya era el eje de una gran controversia. Las organizaciones de derechos humanos aseguraban que la ley de justicia y paz establecía penas irrisorias para la magnitud de los delitos, pues se había contemplado un máximo de ocho años de detención. También creían que la verdad, la justicia y la reparación para la víctimas no estaba asegurada. La decisión de Uribe de extraditar a los jefes de las autodefensas no bajó ese malestar, sino que por el contrario lo agudizó. Las víctimas denunciaron de inmediato que con la partida de estos cabecillas a Estados Unidos, también partía la verdad sobre sus crimenes y en especial sobre los cómplices de la operación paramilitar en los territorios.El presidente sabía que esas críticas se le vendrían encima. En la misma declaración aseguró que "Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.. esta decisión contribuye a la verdad sin deformaciones y es una advertencia a todas las personas sometidas a la ley de justicia y paz". Al final de su declaración soltó un consejo para un proceso que en ese momento no se veía venir. Aseguró que tomaba esa decisión con la esperanza de que "los procesos de paz del futuro con las guerrillas no sean menos estrictos del actual". Agregó que esperaba que no fueran procesos de impunidad e hizo unas breves reflexiones. "Las guerrillas fueron los maestros que enseñaron a los paramilitares a asesinar (...) con el resultado de millones de familias abatidas en la tristeza. Los paramiliatres son hijos de la violencia guerrillera y el descuido del Estado".Vea la rueda de prensa de Álvaro Uribe cuando hizo pública la extradición de los paramilitares
¿Cómo les fue?Durante muchos años, la partida de los jefes paramilitares a los Estados Unidos ha generado escozor frente a las víctimas. Parte de la explicación de que este proceso no haya tenido los resultados esperados suele caer en la realidad de que quienes tenían más verdad para contar y bienes para devolver terminaron bajo las rejas de una prisión en el extranjero. Ese clamor llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en se pronunció diciendo que en su informe anual del año 2009 aseguró que la extradición estaba impidiendo la investigación y el juzgamiento de graves crímenes en el país. Agregó que con esta decisión se cerraban las posibilidades de participación de las víctimas y se limitaba el acceso a la reparación del daño causado. Y agregó el punto que quizás más desconfianza creó sobre esta jugada, el hecho de que con ellos en Estados Unidos era casi imposible de probar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares. El año pasado, un informe del The New York Times fue revelador sobre lo que finalmente había sucedido con todos los jefes paras extraditados. El diario reconstruyó la historia de Hernán Giraldo, el dueño de la Sierra Nevada, acusado no solo de delitos de narcotráfico sino de la violación sistemática de decenas de mujeres y niñas de esa región. A través de él, logró demostrar que la justicia de ese país terminó siendo más benévola que la colombiana. Le sugerimos: Candidatos presidenciales se pronuncian tras captura de SantrichEl prestigioso periódico comprobó que la media del tiempo de prisión era de siete años, mucho menos de lo que en ese país se llevan los pequeños vendedores de drogas. Su investigación demostró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos "llevó los casos de los extraditados en secreto, no solo impidiendo el acceso a documentación básica para comprenderlos, sino ocultando información e incluso borrando a acusados como Giraldo de los sumarios".Después de analizar 40 casos de paramilitares extraditados a los Estados Unidos descubrieron que la mayoría "fueron premiados generosamente por declararse culpables y cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Fueron tratados como personas sin antecedentes penales pese a sus extensas carreras criminales en Colombia, y se les descontó tiempo en prisión por el tiempo pasado en cárceles colombianas —aunque el argumento oficial para extraditarlos es que cometían delitos desde el interior de esos penales—". Lo que viene para Jesús Santrich puede ser diferente. Aunque falta un tiempo para que se dé el trámite de aprobación de su extradición a los Estados Unidos, las palabras del presidente Santos dejan ver que ese puede ser su destino más probable. No es fácil, ni rápido ese proceso. Será el primer gran chicharrón que le llegará a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa papa caliente aterriza en un tribunal que todavía no tiene todos los dientes. Para comenzar a operar en forma se necesita que el gobierno presente al Congreso el proyecto de ley con las reglas de procedimiento y que la Corte Constitucional emita su sentencia sobre el acto legislativo que la creó. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Si el pedido de extradición de Santrich es aprobado por la JEP deberá ir a la Corte Suprema. Y si ese organismo lo solicita, el trámite pasa a la Casa de Nariño, en donde Santos ya aseguró que si existen pruebas no le "temblará la mano" para autorizarlo. Todo ese trámite debería tardarse un promedio de dos meses. De ser así, la decisión llegaría a la presidencia antes de que vote la segunda vuelta presidencial. Si la cosa se enreda, es probable que le llegue al próximo presidente. Lo que se viene, como dijo Santos, es complejo.