Recientemente, el debate sobre el futuro de judicial revivió luego de que el presidente Iván Duque confirmara que, en efecto, Dairo Antonio Úsuga, el jefe máximo del Clan del Golfo, conocido con el alias de Otoniel, será extraditado. El capo, por su parte, sigue tras las rejas a la espera de que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión sobre su extradición. Tiene dos escenarios: el primero, el más probable, es justamente su envío a Estados Unidos. El segundo es que no sea enviado a ese país, pero que comparezca ante la JEP.
¿Será extraditado o no? ¿su futuro judicial cuánto podría demorarse? Fuentes de la Corte Suprema consultadas por SEMANA confirman que esta decisión, sea cual sea, tardará entre cinco y seis meses aproximadamente. La razón es porque acaban de recibir el expediente y es necesario que, si Otoniel da la batalla judicial, tenga asignado un abogado y haya verificación de pruebas, entre otras fases del proceso. Es decir, no se tendrá un aval a la extradición de manera pronta.
Expertos consultados por este medio advierten que en estos casos, el procedimiento es el mismo: el Ministerio de Justicia recibe el escrito de acusación de la justicia de Estados Unidos por parte de la Fiscalía. Lo que sigue a esto es la espera de recibir la formalización de la solicitud ante la embajada, para consolidar el expediente del sindicado a través de la dirección de Asuntos Internacionales de la cartera de Justicia, para luego remitirlo a la Corte Suprema para la revisión y, de ser favorable el concepto, se le pide la firma al presidente Duque.
Pero, ¿por qué la JEP significaría no extradición? El penalista Francisco Bernate explica que según la Constitución Política, aquellas personas que se hayan sometido a la JEP obtienen lo que se denomina garantía de la no extradición, esa garantía supone que las personas no puedan ser extraditadas por hechos que son de competencia de la JEP y que en todo caso llegan hasta el 31 de diciembre del 2017. “Otoniel puede tener toda la intención de entrar a la JEP y hacer el trámite para entrar, pero eso no bloquea el tema de extradición porque hay hechos delictivos cometidos posterior a esa fecha, a 2017″.
Tan pronto sea firmada la extradición por parte del presidente, la defensa de alias Otoniel tendrá un plazo máximo de diez días para presentar un recurso de reposición o apelación. Y el estudio de dicho recurso suele tardar también, entre otras cosas, porque debe ser discutido, no solamente por un magistrado sino por toda la Sala Penal del alto tribunal, entre ellos el magistrado Luis Hernández y Gerson Chaverra, este último uno de los ponentes que tiene en su despacho la discusión sobre el futuro judicial de varias personalidades políticas en Colombia que quieren que su condena sea revisada.
En su expediente, Otoniel tiene dos solicitudes de extradición de cortes de Estados Unidos, una de la Corte para el Distrito Sur de la Florida y otra de la Corte para el Distrito Este de Nueva York. Es señalado por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Si la Corte Suprema avala la extradición, en ese caso el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, elabora la resolución de extradición que debe ser firmada por el presidente Iván Duque.
Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el principal narcotraficante del país y uno los más grandes del mundo, comparable incluso con el mexicano Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, fue buscado durante casi una década por parte de las autoridades. Justamente, su poderío, que se mantiene vigente con él tras la rejas, hace que sea prioridad para el Gobierno la custodia de este narco mientras es enviado en extradición a Estados Unidos. Hace poco más de un mes, Otoniel, según reveló SEMANA en primicia, fue trasladado desde el búnker de la Dijín de la Policía, en la localidad de Los Mártires, hacia los calabozos de la Dijín en la avenida El Dorado con Boyacá.
No habían sido pocos los intentos de las Fuerzas Militares y de Policía por dar con Otoniel y le han venido cerrando el cerco. Desde 2015, con la operación Jacob, le seguían los pasos en las veredas Yoki y Cienaguita, en el municipio de Necoclí (Antioquia). Ante la presión, tuvo que coger camino hacia Tierralta (Córdoba). Para 2018, la operación Salomón lo obligó a refugiarse en la zona del río Verde.