En una escueta carta, las internas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá manifestaron su apoyo al proyecto presentado por el actual Ministerio de Defensa frente a una reforma a la justicia y modificaciones al sistema penitenciario y carcelario.
En la misiva, las mujeres privadas de la libertad “que lo hemos padecido todo”, apoyan el proyecto impulsado por el Gobierno Petro y que está en estudio en el Congreso de la República. “Celebramos el cambio para construir una Colombia Humana que logre la Paz Total para controvertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida”.
En otra misiva, el grupo de extraditables que se encuentran en ese centro carcelario le hicieron un pedido al jefe de Estado y a los congresistas con el fin que las escuchen en el debate que se adelanta frente a la propuesta enviada recientemente.
“Lanzamos un llamamiento al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, al alto comisionado de paz, Darío Rueda, a los ministros de Justicia, Néstor Osuna y de relaciones exteriores, Álvaro Leyva Durán, a Entidades de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, a congresistas, abogados y organizaciones y de la sociedad civil, sensibles al tema de la extradición, para ser escuchadas en una mesa de diálogo para buscar una solución alternativa al problema de la extradición, con pleno respeto a las normas jurídicas y legales”.
En septiembre pasado, el ministro de Justicia, Néstor Osuana, le reveló a SEMANA los principales objetivos de la mencionada reforma. “Eso tal como funciona está bien. Podría ser mejor, lo que tenemos no es perfecto, pero ese no es el grave problema. Nosotros no vamos a inventar un proyecto de reforma a la justicia para intentar lo mismo. Vamos a intentar, en juzgados municipales, acercar la justicia a la ciudadanía, aligerar los procedimientos judiciales, es decir, una reforma a la justicia que probablemente no toca la Constitución”.
Eso significaría, según él, cambios en leyes, decretos, políticas públicas. “Y es más efectivo que una reforma a la Constitución, en la que, admito, el régimen de configuración de la justicia está bien, es aceptable, garantiza autonomía, independencia, funcionamiento del Poder Judicial. Lo que nos hace falta es que sea más efectivo, y para eso necesitamos más juzgados, más presencia de Poder Judicial, más eficacia en la justicia; las altas cortes están funcionando bien”.
Tiene claro que la esencia de la administración de justicia pasa por la prontitud. “Una justicia tardía ya no es justa. Aligerar los procesos judiciales, recortar los términos, para eso se requieren políticas muy combinadas. Necesitamos hacer una peluqueada a normas procesales que requieren unos formalismos tal vez excesivos”, dijo.
Explicó que quiere concentrarse en desjudicializar algunas conductas que implican ir a los juzgados, pero que se pueden atender en Centros de Conciliación, Casas de Justicia, Comisarías de Familia.
Además, puso como ejemplo los programas de descongestión judicial, que en la jurisdicción laboral funcionaron. “Podríamos mirar si en la jurisdicción civil hacemos algo parecido. El Poder Judicial es autónomo en eso, pero las experiencias exitosas se pueden replicar”, concluyó.
Frente a la elección de altos funcionarios del Estado, como el contralor, el fiscal o el procurador, que ha despertado polémica e incluso ha sido criticada por el mismo presidente Gustavo Petro en su momento, ¿qué viene? “Esa es una pregunta para el ministro Prada, pero me atrevo a decir que no está en las prioridades del Gobierno. El proyecto de reforma política en el que está pensando el Gobierno no va por ahí. Es cierto que se presentó un proyecto recientemente, que es de iniciativa parlamentaria, de unificación de periodos, pero no es un proyecto de iniciativa gubernamental”, advirtió el jefe de la cartera de Justicia.
Él sueña con un sistema penal humanista, que confíe en la dignidad humana, en la posibilidad de redención de las personas. “Confío en un sistema de justicia cercano a la ciudadanía, fácil, sobre todo con presencia fuerte en las regiones más olvidadas. Todos nos quejamos de que en Medellín y en Bogotá no hay suficientes juzgados ni miembros del Poder Judicial, hay que resolverlo. Pero hay que pensar más en el Putumayo, Guaviare, Vichada, en donde casi no hay presencia judicial. En eso tenemos que empeñarnos en dar un paso cualitativo y cuantitativo para seguir hacia delante”, agrega.