Si hay algo que ha ocupado la mente del precandidato presidencial Sergio Fajardo en medio de su campaña política son las investigaciones en su contra, una que es un proceso fiscal y una que es penal, y que estallaron justo cuando anunció su aspiración por la Casa de Nariño, según él ha dicho.

El penal obedece a una investigación que le abrió la Fiscalía porque, cuando fue gobernador de Antioquia, firmó un contrato sin haber cumplido presuntamente con la autorización del Ministerio de Hacienda para celebrar un contrato de sustitución de deuda en Antioquia. El problema, según el organismo judicial, es que no habría cumplido un requisito para la suscripción del contrato que, al mismo tiempo, generó pérdidas por la fluctuación del dólar.

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció la imputación de cargos en su contra a comienzos de este 2021.

Este viernes, el propio Fajardo confirmó que la Corte Suprema de Justicia lo llamó a audiencia de formalización de acusaciones el próximo 6 de diciembre, una noticia que él celebró porque considera que, después de más de cinco años de investigación por parte de la Fiscalía, “finalmente tengo la oportunidad de defenderme de una acusación a todas luces absurda ante la Corte Suprema”.

En un comunicado de prensa, el precandidato paisa afirmó que “adivinar la volatilidad del precio del dólar es imposible y en 2013, cuando firmé el contrato por el que se me acusa, cumplí con todos los requisitos de ley. Espero que el fiscal no modifique nuevamente sus argumentos y la Corte le ordene entregar las pruebas que dice tener en mi contra, pues pese a nuestra insistencia ha sido imposible lograr que la Fiscalía las comparta”.

Fajardo tiene la convicción de haber obrado correctamente. “Jamás he cometido un delito, y eso demostraré ante la Corte Suprema de Justicia, que es el escenario natural para defenderme. Haremos evidente la equivocación de la Fiscalía y demostraré que la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren”.

Precisamente, el antioqueño tiene claro que la decisión judicial de la Corte se tomará el primer semestre del año y podría producirse en pleno furor de las elecciones. Si resulta favorable, se convertiría en un trofeo que utilizaría políticamente a su favor. De lo contrario, podría sepultar sus intenciones de suceder al presidente Iván Duque.

El problema es que mientras la Corte Suprema avanza en el proceso penal, el antioqueño está pendiente del fallo en segunda instancia de la Contraloría General, que en primera instancia lo consideró responsable de omisión en el escándalo de Hidroituango.

El exgobernador, previendo su suerte fiscal, ya elevó solicitud ante organismos internacionales para que amparen sus derechos democráticos.