En días recientes, la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal, en primera instancia, por el daño patrimonial de $4,33 billones de pesos tras la emergencia presentada en el proyecto hidroeléctrico de Ituango en el año 2018, que además retrasó su puesta en operación.

El fallo estuvo dirigido a 26 personas naturales y jurídicas entre las que hay exmandatarios antioqueños, miembros de la junta directiva y también algunas empresas de construcción e interventoría.

Una de las personas involucradas es el exgobernador de Antioquia y ahora candidato presidencial, Sergio Fajardo, quien desde el año 2020 ha venido adelantando una amplia defensa jurídica en este caso, argumentando que su equipo trabajó siempre con “transparencia” en este proyecto.

Ante el fallo, en el cual se cuenta con la oportunidad de interponer los recursos de reposición y apelación, se conoció que Fajardo interpuso una acción de tutela frente al ente de control, pues se trata de un documento extenso y los días hábiles, que son cinco, no son suficientes para apelar.

De acuerdo con la información, el documento emitido por la Contraloría cuenta con unas 2.500 páginas y el plazo para estos recursos vencerá el próximo 13 de septiembre. “Estamos poniendo una tutela para que den mas tiempo. Es solo por algo elemental y razonable: a usted le entregan, el lunes, una cantidad de información, yo no sé cuántas personas están dentro de todo esto, y se necesita el tiempo para poder digerir lo que se dice, elaborar los argumentos”, le explicó el exgobernador al diario El Colombiano de Antioquia.

Asimismo, este medio señaló que otras personas que están dentro del fallo podrían acudir a este recurso para contar con más tiempo para elaborar su defensa.

En el caso de Fajardo, la premura en resolver estos inconvenientes tiene como objetivo principal poder realizar de la mejor forma su campaña presidencial en miras a las elecciones de 2022.

En la lista de los 26 declarados con responsabilidad fiscal por culpa grave figuran también el exgobernador Luis Alfredo Ramos, los exgerentes de EPM Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015), y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011).

Previo a la decisión de instaurar la tutela, Fajardo escribió en Twitter: “Tengo la certeza y la tranquilidad de que obramos bien; mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Trabajaremos en el recurso de reposición para mostrar mi inocencia ante la Contraloría. Mucha calma y mucha concentración”.

Con el fallo, la Contraloría dejó sin piso la solicitud de nulidad de la investigación que habían presentado algunos de los 26 implicados en las investigaciones, como Fajardo Valderrama; María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación; Federico Restrepo Posada, exgerente de EPM; John Maya Salazar, ejecutivo de negocios de EPM, y Rafael Nanclares Ospina, exmiembro de junta.

Las decisiones de la CGR fueron “producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114,94 % el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de noviembre de 2018″.

Asimismo, en el fallo se ordenó la afectación de pólizas por un valor cercano a los $400.000 millones de pesos, y se desvinculó a la aseguradora Mapfre toda vez que la reclamación de dicho seguro ya estaba siendo adelantada por EPM.

Al tiempo se emitió un fallo sin responsabilidad fiscal en favor de Aníbal Gaviria Correa y Jorge Mario Pérez Gallón.