En el Caribe ya se habla de régimen autonómico

El 19 de noviembre se cumplió un año desde el fatídico fallo de la corte de La Haya en el que se redefinieron los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.La antropóloga y Phd Inge Helena Valencia, es profesora titular del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi en Cali y ha trabajado arduamente en los problemas de integración fronteriza y seguridad entre San Andrés, Providencia y Centroamérica.Valencia realizó una investigación sobre la percepción y situación actual en el Caribe y producto de sus hallazgos presentó su documental Las Caras del fallo en alianza con la productora local Native Films.Para el producto audiovisual, se entrevistaron desde miembros del gobierno y académicos, hasta habitantes de la zona y líderes raizales; encontrando tres grandes tópicos de interés.El primero habla de una vulneración económica. Con el fallo se perdió uno de los bancos de langosta más importantes para la pesca industrial y hay lugares de fauna tradicional que también se perdieron, “esto significa que muchos pescadores tienen que ir a los mismos lugares, lo cual también causa una sobreexplotación del recurso”, afirmó.Asimismo, se causó una afectación económica no solo a los pescadores sino a los fibreros y maquinistas de barcos. Antes de la redefinición de límites existían ocho empresas constituidas dedicadas a la pesca industrial, hoy solo sobreviven tres. Además, se cerraron dos plantas de procesamiento de peces y mariscos.En segundo lugar, Inge Valencia asegura que hay un malestar inmenso en las islas con el Estado colombiano. La población implícitamente ha categorizado al Estado como "incompetente" en el tema del pleito ante Nicaragua. “En la estrategia de defensa no se contó con los raizales. Este resultado antecede a una segunda demanda que hizo Nicaragua en 2007 y en todo ese tiempo no hubo un llamado a la población de las islas y no se mencionó la existencia de la población raizal y este era el argumento más fuerte ya que habla de pertenencia territorial” aseguró Valencia.La población también está molesta porque no se mencionó la reserva de la biósfera , teniendo en cuenta la biodiversidad de la zona que incluso está protegida internacionalmente y que con el fallo pone en entredicho la administración de la reserva.En tercer lugar, hay un sentimiento de desconcierto que empieza a surgir en la población. Actualmente se habla de una integración transfronteriza, recordando que ha habido relaciones de vieja data entre las islas y ciudades costeras de Nicaragua como Puerto Cabezas, de manera que fortalecer y recuperar esas relaciones es una opción para muchos.Otra alternativa es la trabajada por la Universidad Nacional en la que se propone una administración de áreas conjuntas (como ya existe con Jamaica) y romper con la idea de que el uso de mar hay que defenderlo a muerte.Qué más pasa en el Caribe. ¿Un régimen autonómico?Otro de los puntos álgidos que se conversan entre pobladores y raizales es que Nicaragua siempre tuvo a una misma persona pendiente de la demanda mientras que Colombia “se tiraba la pelota entre el Ministerio del Interior y la Cancillería” afirma Valencia, citando a varias de las personas a las que entrevistó.Varios sectores han abierto el debate entorno a la autonomía, no sobre una separación de Colombia pero sí sobre un régimen autonómico. El artículo 310 de la Constitución establece a esta región como un departamento especial y bajo la ley 47 de 1993 se da la posibilidad de un régimen fiscal especial y de administración, que en cierta forma ha sido ejercido por la Oficina de Control de Circulación y Residencia (Occre). Algunas personas se piensan la autonomía en cuestiones específicas como: Educación y bilingüismo, salud, y la posibilidad de municipalización de sectores raizales y el centro urbano.Sin embargo, esta propuesta es una discusión gruesa porque todo esto debe pasar por el Congreso y por un referendo. También es difícil poner de acuerdo a toda la población ya que si bien los raizales son importantes, no se puede dejar de lado a migrantes e hijos de migrantes que viven en San Andrés y Providencia.Por qué fracasan los incentivos económicosEl Gobierno nacional decidió darle auxilios o subsidios a los pescadores artesanales, a la vez que se plantearon planes de contención y reparación e incluso de mucha inversión en infraestructura educativa y becas con el Icetex. Sin embargo, estas estrategias son coyunturales más no estructurales, o como dicen los habitantes, son “paños de agua tibia” ya que los auxilios pueden ir solo entre seis y ocho meses. La Secretaría de pesca llegó a decir “no queremos auxilio asistencial sino apoyo con un plan de desarrollo departamental de pesca y trabajar en la cadena de producción”.Si los auxilios económicos no son la solución y grandes zonas de pesca industrial y artesanal se perdieron con el fallo, lo que queda también es difícil de utilizar pues los pescadores argumentan que cada vez es más difícil moverse, “las Armadas de ambos países nos caen para ver si vulneramos soberanía y esto es recurrente, lo que nos limita la navegabilidad en el mar”.Vea acá el documental.