La decisión de la Procuraduría no sorprendió a los afectados por ‘chuzadas’, quienes coinciden en decir que, con las pruebas recogidas, era apenas lógico que el Ministerio Público se manifestara sobre el tema. Sin embargo, consideran que es tan sólo el primer paso, para saber quién o quiénes dieron las órdenes. En diálogo con Caracol Radio, el magistrado César Julio Valencia Copete señaló que la decisión del procurador, Alejandro Ordóñez, “es un paso para conocer la verdad acerca de estos vergonzosos episodios, para poder conocer quiénes fueron los artificies de esta empresa criminal que se montó contra los magistrados de la Corte, miembros de la oposición y periodistas. Falta que se sepan muchos más hechos, estoy seguro de que si se investiga cómo se debe, se conocerán otras personas”. Valencia Copete además aseguró que “la tragedia de la Corte” empezó cuando se iniciaron las investigaciones de parapolítica, en febrero de 2007. “Todo tiene una raíz y es el tema de la parapolítica, donde se relacionaban a personas que estaban vinculadas al Gobierno”. El magistrado saliente dijo además que era necesario saber a quién beneficiaba la información, por qué terminaba llegando a la Casa de Nariño, y por qué se orientaba desde allá. “Yo creo que arriba hay más personas. Pero prefiero que sea la justicia la que lo determine”. Clara López, presidenta del Polo Democrático, también dijo que la decisión de la Procuraduría es sólo el comienzo para que se logre establecer quiénes son los autores intelectuales de la, según ella, “empresa criminal” que infiltró a través de intercepciones ilegales. En entrevista con la misma cadena radial, el dirigente político Juan Fernando Cristo, se refirió también al fallo del Ministerio Público. Exigió un pronunciamiento por parte del ex presidente Álvaro Uribe, al decir que “está en mora de hacerlo, sobre todo cuando hace un tiempo dijo que todo se trataba de ‘mafias encriptadas al interior del DAS’, y que el Gobierno era la primera víctima de esta tarea. Desde que la Fiscalía comenzó a mostrar evidencias sobre la participación del sus funcionarios con el escándalo, él está en deuda con el país, debe salir a pronunciarse y fijar su posición”. Cristo dijo además que le parece apenas lógico el fallo de la Procuraduría, ya que existe información suficiente sobre este episodio de “espionaje y de conspiración”. Así mismo señaló que la decisión marca el inicio de una segunda etapa en este proceso, y es el relacionado con los autores intelectuales. Ahora bien, dice él, sólo falta saber quiénes, individualmente, dieron las instrucciones, quiénes recibieron la información y cómo la utilizaron. Gustavo Petro, otro de los afectados por los seguimientos ilegales, señaló que la decisión de la Procuraduría le parece obvia, pero que “ahora nos quedan debiendo los directores del DAS una información que la sociedad necesita, y es la relacionada con quién dio la orden”. Petro dijo también que es necesario saber quién convirtió al “DAS en policía política, además de intentar destruir y desprestigiar personas, incluso con el uso de métodos de terror”. “La declaración de Tabares dice que fue el Presidente de la República, pero nosotros necesitamos que sean los directores del DAS los que digan quién les dio la orden y por qué”, sostuvo Petro.