En total 28 generales del Ejército han sido convocados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que declaren en el caso que se adelanta por las ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el conflicto armado interno. En un informe enviado recientemente se advierte que ya 23 han entregado su respectiva versión ante la Sala de Reconocimiento.
Por estas ejecuciones extrajudiciales, la JEP imputó al general (r) Paulino Coronado, quien ya reconoció su responsabilidad en estos hechos por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que se cometieran los asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, cuando fue comandante de la Brigada 30.
En la carpeta por los hechos que se presentaron en el departamento del Casanare, la JEP ya imputó cargos a 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y a dos civiles por ‘falsos positivos’. Entre los oficiales se destaca el mayor general (r) Henry William Torres Escalante quien se convirtió en el primer general en ser vinculado por los falsos positivos entre el 2005 y 2008.
Recientemente la Sala citó a los generales en retiro Luis Felipe Paredes Cadena y Hernán Giraldo Restrepo a entregar versión dentro del Subcaso Costa Caribe por los hechos registrados entre los años 2005 y 2007. Se trata de dos antiguos comandantes de la Segunda Brigada y la Décima Brigada Blindada, ambas pertenecientes a la Primera División que, a su vez, estuvo bajo la responsabilidad de Paredes Cadena entre 2007 y 2009.
En el denominado Caso 03 que investiga: asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado la Sala de Reconocimiento se encuentra analizando cerca de 600 resultados operacionales consistentes en bajas en combate presentadas por unidades tácticas pertenecientes a la Primera División del Ejército y del Comando Conjunto Caribe.
Por los hechos registrados en la Costa Caribe, la Sala de Reconocimiento ha recibido, además de los informes elaborados por diversas entidades como la Fiscalía y la Procuraduría General, diez informes presentados por organizaciones de víctimas y comunidades étnicas referidos a hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por integrantes de unidades militares de esta región del país.
Hasta el momento -según señala el informe- se han acreditado más de 620 víctimas que vienen participando en el proceso judicial y quienes junto, con sus representantes, participarán de las versiones que entreguen estos dos generales ante la JEP. Para el mes de julio quedó la diligencia de los los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Óscar Reinaldo Rey Linares y Justo Eliseo Peña Sánchez, quienes fueron citados en febrero de 2023 y cuyas diligencias se adelantarán a partir del mes de julio próximo. Además de estos oficiales, en la instrucción del Subcaso Costa Caribe, la Sala de Reconocimiento escuchó a más de 180 oficiales, suboficiales y soldados retirados.
Este expediente tiene dos partes: Los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira atribuidos por parte de integrantes dek Batallón de Artillería No. 2 de ‘La Popa’. Por estos hechos se imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 antiguos integrantes de la unidad militar. De los cuales, 12 fueron remitidos al Tribunal para la Paz para que les imponga las sanciones propias correspondientes.
El segundo capítulo abarca el análisis de otras unidades tácticas, incluida la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured), y a las unidades superiores, incluido el Comando Conjunto Caribe No. 1, con miras a tener una visión más amplia del fenómeno ocurrido en la Costa Caribe. Por estos hechos, la Sala de Reconocimiento se encuentra analizando cerca de 600 resultados operacionales consistentes en bajas en combate presentadas por unidades tácticas pertenecientes a la Primera División del Ejército y del Comando Conjunto Caribe.
En el caso de diez generales la Sala de Reconocimiento determinó que bajo su mando se incrementó la presentación artificial de resultados operacionales en esta región del oriente del país entre 2005 y 2008.
Mientras que en el Subcaso Norte de Santander ya fue imputado el general (r) Paulino Coronado por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que se cometieran los asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate en el Catatumbo, cuando fue comandante de la Brigada 30, a sabiendas de lo que podía estar ocurriendo. Entre este Subcaso, además de Antioquia, la magistrada Catalina Diaz ha llamado entregar versión a Carlos Ovidio Saavedra, Paulino Coronado, Eliber Chalarca Chalarca, Miguel Eduardo David Bastidas, Juan Pablo Forero Tascón y Pablo Alfonso Bonilla Vásquez. Así como al general Mario Montoya Uribe.
En los subcasos Huila y Meta y como uno de los relatores del caso ilustrativo del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, ha llamado versionado a los generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, Jaime Alonso Lasprilla Villamizar, William Fernando Pérez Laiseca, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo Oswaldo Peña Bermeo. Las versiones que han entregado cada uno de estos altos mandos militares hace parte del expediente judicial.