Por considerar que se le están vulnerando sus derechos al debido proceso y defensa el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anular la imputación de cargos que se anunció en su contra el pasado 31 de julio por 72 casos de ‘falsos positivos’ ejecutados en el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, y que él comandó entre el 9 de enero de 2022 y el 8 de enero de 2004.
Para la defensa del oficial en retiro, en el documento emitido por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP -que hace las labores de Fiscalía- no se citaron pruebas documentales o testimoniales claras en su contra, sino que todo se trata de meras especulaciones. Frente a los señalamientos que se registraron nunca fue convocado para que por medio de su defensa pudiera presentar sus alegaciones para desmentirlos.
Frente a esto considera que existen muchos vacíos en tiempo, modo y lugar frente a los hechos que se le sindican, advirtiendo que no se le puede responsabilizar de las acciones cometidas por sus subalternos. En el recurso de nulidad, que deberá resolverse en los próximos días, la defensa del coronel en retiro sostiene que hay omisión en las fechas de las ejecuciones extrajudiciales, la identificación de las víctimas, así como una falta de verificación de las acciones por las que fue acusado.
La defensa del coronel fue más allá y le pidió a la JEP que cite a un grupo de testigos, entre los que se encuentran los comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército, así como dirigentes políticos que podrán dar fe de su hoja de vida, las acciones militares que se llevaron a cabo en Valledupar y sus inmediaciones, así como los reportes en la lucha contra la subversión y criminalidad entre los años 2002 y 2003.
En la lista se destacan los expresidentes Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez; sí como los generales en retiro Jorge Enrique Mora Rangel y Fredy Padilla de León -quien fueron comandantes de las Fuerzas Militares-, Carlos Ospina Ovalle -comandante del Ejército Nacional. Igualmente, pide tener en cuenta las declaraciones que han dado el exgobernador del Cesar, Rafael Bolaños Guerrero y el exalcalde de Valledupar, Elías Guillermo Ochoa.
En el llamado a juicio hecho por la UIA se señala que el coronel Mejía debe responder por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por lo que se expone a una sentencia de 20 años de prisión. En el documento se señala que se “cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, que le pueden afirmar, con probabilidad de verdad, que durante el tiempo en que ostentó la comandancia del Batallón de La Popa, entre el 9 enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, desapareció y asesinó a personas en estado de indefensión para presentarlas como resultados operacionales ficticios”.
Mejía, quien estuvo detenido y ya cargaba en sus hombros dos condenas, tocó la puerta de la JEP y fue acogido, pero ante la no aceptación de responsabilidad en los macabros falsos positivos, la sala de reconocimiento pidió a la Unidad de Investigación y Acusación que llevara el caso para que finalmente determinara su responsabilidad.
Según la JEP, el coronel Mejía tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal por la conformación y dirección de la organización que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones, y por la alianza con grupos paramilitares.
La JEP cuenta con pruebas documentales y testimoniales que ponen contra las cuerdas al coronel Mejía, y una carta que es demoledora, de los 15 militares adscritos a La Popa que son investigados por el tribunal; 12 ya reconocieron su responsabilidad y rindieron testimonios que hoy son parte de las pruebas, a las que se suman órdenes de operaciones, formatos, radiogramas, informes de resultados, presentación de los casos, fechas y lugares donde ocurrieron los asesinatos de inocentes.
“Los comandantes de pelotón daban órdenes de instalar los retenes, detener a personas con determinados perfiles y distribuían tareas para preparar a las víctimas con el propósito de simular el combate. Así, miembros de la tropa se encargaban de vigilar que no se escaparan, otros las vestían y las conducían a los lugares seleccionados para el supuesto combate, todo ello con el involucramiento y conocimiento de todo el pelotón”, señala el tribunal transicional.
En sus investigaciones, la JEP develó dos modalidades de ejecución de estos crímenes: la primera en alianza con paramilitares, quienes incluso, en ocasiones, les entregaban las víctimas ya muertas. La segunda era ejecutada directamente por los militares con la finalidad de presentar resultados operacionales.
“El desprecio que tenían algunos efectivos del Batallón La Popa por la vida de las víctimas se denotaba incluso en el lenguaje: ‘Tenemos dos marranos amarrao (sic), pero no tenemos comida para ellos’, o denominarlas ‘el paquete’ fueron expresiones que denotan la completa deshumanización”, concluyó la Sala de Reconocimiento.
Durante meses, la JEP se dio a la tarea de reconstruir, verificar y analizar cada uno de estos casos, confrontando testimonios con las víctimas y revisando expedientes judiciales para concluir y tener la certeza de que cada muerte es una víctima que nada tenía que ver con el conflicto, tampoco murieron en combate, sino que quedaron atrapadas en esa cadena mortal que se conoce como falsos positivos y que en el Batallón La Popa fue una tragedia.
La JEP señaló que hubo negligencia por parte de las autoridades que llevaron al archivo de investigaciones sin que se llevaran a cabo investigaciones serias sobre casos de falsos positivos cometidos en el departamento del Cesar, por lo que compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que verifique la responsabilidad penal y disciplinaria que pudieron tener funcionarios al interior de estos organismos y que dieron lugar a situaciones de impunidad.
El director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez, explicó que el militar (r) aún podría declararse responsable de las conductas que se le atribuyen y entrar en un proceso en el que se acuerden mecanismos de reparación para sus víctimas o no aceptar la responsabilidad en estos hechos y exponerse a la máxima pena.
No obstante, en un documento radicado ante la JEP anteriormente, la negativa del coronel fue tajante. “No puedo aceptar ni reconocer que yo desaparecí y asesiné personas en estado de indefensión para presentar resultados operacionales ficticios mientras fui comandante del Batallón La Popa, ni en ninguna etapa de mi vida como soldado, porque esa no es la verdad y tampoco puedo reconocer responsabilidad sobre hechos criminales cometidos por tropas o personas que pertenecían a la unidad militar, pero sobre los cuales no tenía control efectivo, ni dominio de los hechos en las lejanas áreas de operaciones”.