El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 134 ejecuciones extrajudiciales registradas en 16 municipios de Antioquia cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada entre los años 2002 y 2003.
“Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, precisó la magistrada de la Sala de Reconocimiento al advertir la responsabilidad directa del general Mario Montoya en este episodio de los falsos positivos.
“No fueron conductas aisladas”, precisó la magistrada Catalina Díaz. Las pruebas recolectadas señalaron claramente la forma en como se puso en marcha esta práctica para demostrar resultados operacionales. “Los ataques contra la población civil fueron sistemáticos”.
En este sentido, se encontró que “la obligación impuesta” por el general Montoya “a las unidades tácticas de reportarse en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre fue una orden recurrente”. Las pruebas documentales y testimoniales indicaron claramente que, por medio de los programas radiales, el entonces comandante de la Cuarta División daba instrucciones claras y precisas a sus subalternos.
Entre estos, a los comandantes de los batallones de Infantería No.4 ‘Jorge Eduardo Sánchez (BAJES), donde se registraron el 80 % de las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2003. “Los asesinatos y desapariciones ilegítimamente presentados como bajas en combate se enmarcan, por un lado, en un contexto de alta intensidad de la confrontación armada en el oriente antioqueño a inicios de la década del 2000″.
Esto trajo, según la Sala, “la degradación de la violencia, la estigmatización de sus pobladores y el incremento exacerbado de la vulnerabilidad de los habitantes sobre quienes las guerrillas habrían logrado ejercer un control ostensible. Las guerrillas de las Farc-EP y el ELN llevaban la iniciativa militar en la confrontación y habían escalado su capacidad de desestabilización y afectación de intereses estratégicos de las órdenes regional, nacional e internacional”.
Frente a estos hechos, la JEP imputó cargos al general Mario Montoya como autor directo de estas ejecuciones extrajudiciales.
El general Montoya solamente quería bajas en combate
En diferentes oportunidades, el general Mario Montoya apareció en ruedas de prensa demostrando resultados operacionales en la lucha contra la subversión. “De acuerdo con varios comparecientes, la orden de reportarse en términos de ‘litros de sangre’ fue creada, emitida e inculcada por el general (r) Mario Montoya cuando él era el comandante de la IV Brigada”.
Una decena de testimonios dejaron ver las presiones constantes que recibían por boca del mismo general Montoya, quien ofrecía beneficios, salidas y ascensos si les demostraban resultados operacionales. Así como las amenazas con tono burlesco para los comandantes que solamente reportaran capturas o no cumplieran las cuotas mensuales que impuso el mismo Montoya.
“La Sala de Reconocimiento aclaró que aunque existen registros operacionales de la Brigada IV durante los años del periodo de comandancia del general (r) Montoya Uribe en los que se evidencian capturas, desmovilizaciones, incautaciones y otros resultados operacionales, estos no eran mayormente felicitados ni recompensados, como sí lo eran las bajas en combate”, aclaró la magistrada Díaz.
En medio de la investigación, se encontró que “ni las capturas, ni las incautaciones, ni otros resultados diferentes a las bajas eran tenidos en cuenta, por ejemplo, para otorgar permisos. La JEP documentó que, para el alto oficial, las capturas no eran consideradas resultados válidos porque derivaban en mayores trámites de verificación”.
El general Montoya, según varias declaraciones, emitía constantes mensajes para presionar por resultados. Incluso, los oficiales y suboficiales que no cumplieran las metas salían del Ejército, situación por la cual el nombre del comandante de la Cuarta Brigada generaba temor.
Tras la notificación de la imputación, el general Montoya tiene 30 días hábiles para reconocer los hechos o su responsabilidad sobre los mismos, o, si así lo quiere, rechazarlas. También puede presentar pruebas o evidencia adicional sobre los casos mencionados en la imputación. Lo mismo lo pueden hacer las víctimas acreditadas y el Ministerio Público.