El Ministerio de Defensa decidió ignorar una advertencia. Este jueves, cuando un puñado de miembros de las Fuerzas Armadas aguarda en la Comisión Segunda del Senado a la espera de un ascenso, la ONG Human Rights Watch le recordó al Gobierno que está pasando por alto sus observaciones."Si el Senado no frena ascensos de implicados en falsos positivos, reafirmará el mensaje de que en Colombia los oficiales no deben rendir cuentas", aseguró este jueves el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, desde su cuenta de Twitter, al tiempo que advirtió que la Comisión debería "examinar las hojas de vida cuidadosamente y rechazar los ascensos de militares contra quienes existan evidencias creíbles de abusos".La razón de su molestia radica en que la cartera le dio continuidad a la postulación, pese a que la ONG había advertido que entre el grupo de militares hay cinco que estarían implicados en escándalos de falsos positivos.El Ministerio de Defensa rechazó los señalamientos al asegurar que no tiene noticias de que existan "investigaciones en contra de los 39 oficiales que esperan ser ascendidos" y que sus hojas de vida "han sido revisadas previamente por diferentes instancias"."Lista de los 39 oficiales que esperan ser ascendidos no tiene objeciones, no hay duda de la integridad de su calidad humana ni profesional", escribió el despacho en su cuenta en Twitter."Evidencia de responsabilidad penal"Para realizar estos cuestionamientos, la ONG se basa en una investigación propia de junio del 2015 y en las llevadas a cabo por la Fiscalía hasta diciembre del 2014. Se "ha advertido que brigadas comandadas por varios de los oficiales que se prevé ascender participaron en un número significativo de homicidios", afirmó.Además, anotó que existen "evidencias plausibles de responsabilidad penal" por las ejecuciones extrajudiciales contra estos miembros del Ejército, de los cuales cuatro están siendo investigados por el ente acusador.¿Quiénes son?1. Brigadier general Emiro José Barrios Jiménez Según reposa en el informe El rol de los altos mandos en falsos positivos, el 17 de marzo del 2008, el entonces comandante de la Octava Brigada, general Emiro José Barrios, fue uno de los que firmaron un documento en el cual certificaban el pago de dos millones de pesos a un informante por "la muerte en combate de dos terroristas".Posteriormente la Fiscalía demostró que los “terroristas” eran en verdad civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana. Incluso, después de una declaración juramentada que entregó el coronel (r) Robinson González del Río ante la Fiscalía, el brigadier fue citado a rendir interrogatorio.El ente investigador ha abierto indagaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados de la Octava Brigada en el 2008.2. Brigadier general Jorge Enrique Navarrete JadethAl igual que Barrios, el brigadier general Jorge Enrique Navarrete también aparece en ese informe relacionado con el mismo pago. Actualmente se encuentra bajo investigación penal por homicidios cometidos por la Octava Brigada, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares.3. Coronel Marcos Evangelista Pinto LizarazoLa Fiscalía ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena, bajo su mando, entre diciembre del 2007 y julio del 2008. 4. Coronel Édgar Alberto Rodríguez SánchezHay investigaciones sobre al menos 22 muertes presuntamente perpetradas bajo su mando como comandante del Batallón Magdalena entre julio del 2006 y diciembre del 2007. Un tribunal en Antioquia condenó a un soldado del mismo batallón por el asesinato de un agricultor ocurrido en noviembre del 2007.4. Coronel Adolfo León Hernández MartínezEstuvo al frente del batallón Popa de la Décima Brigada entre enero del 2008 y el 2009. En julio del 2011, un tribunal de Valledupar condenó a cinco miembros de ese batallón, incluido un sargento, por asesinar un civil en marzo del 2008 y reportarlo como un guerrillero del ELN.En octubre del 2013, el mismo tribunal condenó a otros cinco miembros por haber asesinado a dos civiles en el municipio de Pueblo Bello, en junio del 2008, e informarlos como “N.N.” muertos en combate.