Cinco sargentos adscritos al Batallón Pantano de Vargas que tiene su sede en el municipio de Granada, en el departamento del Meta, fueron citados a declarar por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco del expediente 03 que se adelanta por las ejecuciones extrajudiciales.
Los hechos se habrían presentado entre los años 2004 y 2007, cuando se registraron doce asesinatos de civiles que fueron presentados en los informes oficiales como guerrilleros abatidos en combate. Los ‘falsos positivos’ se registrados en las poblaciones de Lejanías y San Juan de Arama.
Los militares fueron vinculados en una investigación que adelantó la Fiscalía General por las ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en la región de los llanos, en el marco de la política de “seguridad democrática”. En el reporte, que fue enviado hace poco a la JEP, el ente investigador revela que con el fin de presentar resultados operacionales y obtener los beneficios que se ofrecían en la lucha contra la subversión se puso en marcha un plan para identificar, retener, asesinar y reportar combates inexistentes.
Por el momento, no han podido ser plenamente identificadas las doce víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Las autoridades tienen muy pocos datos sobre su origen y familiares, lo único que se ha podido determinar hasta el momento es que entre las víctimas se encontraba una mujer.
La JEP, igualmente, tuvo en cuenta el documento enviado por el Colectivo Orlando Fals Borda titulado ‘Por el esclarecimiento de responsabilidades: Análisis de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los Llanos Orientales’ que narró los ‘falsos positivos’ que se realizaron en esa región del país.
En el expediente 3 que corresponde a las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado recientemente se conoció que 21 militares- entre los que se encuentra un general en retiro once oficiales, seis suboficiales, tres soldados y un civil-, aceptaron su participación en 247 ejecuciones extrajudiciales registradas en el Catatumbo (Norte de Santander) y la Costa Caribe.
La Sala de Reconocimiento advirtió que la JEP “concluyó que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”. Los hechos se presentaron entre el 2003 y el 2008.
Los militares, quienes hacían parte de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General de Francisco de Paula Santander’ y al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, “reconocieron de manera individual y voluntaria su participación en los hechos, ampliaron sus versiones, ratificaron su compromiso con la JEP, pidieron perdón y manifestaron su voluntad de reconocer la verdad”.
En este caso, el brigadier general Paulino Coronado Gáez, excomandante de la Brigada 30 con sede en Cúcuta, se convirtió en el militar de más alto rango en reconocer su participación en los denominados ‘falsos positivos’. En su intervención pidió perdón “por el dolor causado” y se comprometió a colaborar con la verdad, justicia, reparación y no repetición.
“(…) Conllevado al deceso de seres inocentes que se presentan como combatientes, dejando profunda desolación entre sus seres queridos, a quienes ofrezco mi absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad como medio reparador”, precisó el general en retiro en la diligencia que se adelantó el pasado 10 de diciembre.