Son casi seis años desde que la vida de Claudia Patricia Gómez Castaño, una mujer de 40 años y madre de 11 hijos, se apagó en Medellín. A partir de ese momento han sido más las preguntas que respuestas sobre si fue o no suficiente la mediación de las autoridades para evitar el desenlace. Ella fue asesinada por su esposo Andrés Felipe González, quien reconoció la autoría en los hechos.
La denuncia constante de la familia de la víctima es que las autoridades no actuaron con celeridad para evitar que las amenazas de su pareja terminaran materializándose y por ello interpusieron una demanda contra la Alcaldía de Medellín en busca de reparación de daños. La posición de sus allegados y la respuesta de esa oficina han sido base de choques.
Pese a que ha pasado más de un lustro desde el ataque, se trata de un caso que no se ha cerrado, aun cuando el perpetrador fue condenado a 33 años y 5 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado y porte ilegal de armas. El sujeto reconoció haber disparado cinco veces contra Gómez Castaño, tras lo cual se entregó voluntariamente en la Estación de Policía del barrio Laureles.
“Para garantizar la seguridad del investigado, el juez que impuso la medida de aseguramiento había ordenado su reclusión en una cárcel fuera del Distrito Judicial de Medellín. El fallo condenatorio de primera instancia fue apelado por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín”, dijo en su momento la Fiscalía a través de un comunicado.
Respuesta de la Alcaldía de Medellín
De acuerdo con El Espectador, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió en marzo de este año ante la juez que lleva ese caso que “la efectividad de las medidas de protección no depende de manera absoluta de (...) las autoridades de Policía”. Basándose en la declaración de tres hijas de la víctima y de Andrés Felipe González, su oficina sugirió que Claudia evadió sus propias medidas de protección.
“Pese a la medida de alejamiento o prohibición de acercarse, el fin de semana anterior a los hechos de feminicidio, Claudia Patricia Gómez Castaño accedió a verse con [el asesino], faltando de esta manera al autocuidado”, reseñó el medio ya mencionado. En la comunicación se lee que la víctima “permitió acercamientos” con el acusado, “aun después de tener la medida que lo prohibía y de esta manera él logra ingresar al domicilio y asesinarla”.
Las investigaciones han girado en torno a la denuncia que una semana antes de los hechos interpuso Gómez ante una comisaría y que no habría recibido el proceso oportuno correspondiente, según afirma la familia.
La situación previa al feminicidio
Respecto a la postura de “autocuidado” que la Alcaldía asegura, debió tener la víctima, el mandatario actual de Medellín aseveró que la misiva firmada por él representa “lo consignado en la alcaldía de Federico Gutiérrez” y que “refiere a unos hechos ocurridos antes” de empezar funciones, menciona El Espectador.
El diario referido evocó que días antes del asesinato, cuando la mujer fue a pedir ayuda en la comisaría, su esposo llegó hasta lugar y desencadenó un escándalo. Al sujeto se le impuso orden de alejamiento, veto para entrar a la casa y la posibilidad de abrir un proceso penal si volvía a atacar a su compañera sentimental.
Una de las preguntas que fijó la familia de la víctima fue sobre cómo la comisaría le notificó a la Policía del riesgo que Gómez corría, una comunicación que no se habría hecho.
De acuerdo con la Personería de Medellín, en lo corrido de 2022, 25 mujeres murieron producto de hechos violentos; de esta cifra, 14 entraron en la categoría de feminicidios. Un año antes el número de fallecimientos con violencia se ubicó en 28.