En un documento de 172 páginas, los familiares del asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado sentaron su posición y plantearon varias dudas sobre la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los hechos registrados el 2 de noviembre de 1995 en el norte de Bogotá. En el informe señalan que hasta la fecha no se han presentado avances considerables para identificar a los autores materiales y determinadores de este magnicidio.

En uno de los apartes consideran que pese a que Carlos Antonio Lozada (excomandante de las Farc y actual senador de la República) reconoció la responsabilidad única de ese grupo guerrillero en la planeación y materialización del crimen, lo cierto es que existe mucha evidencia que señala la participación de otras personas tanto en la planeación como en la puesta en marcha del asesinato.

Además de lo dicho por Carlos Antonio Lozada en octubre de 2020 el excomandante guerrillero no ha presentado evidencia o una prueba que soporte su versión. En este punto indican que durante varios años se ha recopilado información que vincula a varias personas interesadas en atentar contra la vida e integridad del líder conservador.

Entre estos se menciona al expresidente Ernesto Samper Pizano y varios de sus funcionarios de Gobierno, esto debido a la oposición de Gómez Hurtado en contra de su administración. Para los familiares de Gómez Hurtado, es necesario que el expediente vuelva a la justicia ordinaria en la que ya se habían logrado algunos avances.

En otro de los apartes de la documentación señalaron que las evidencias recaudadas apuntan a que los comandantes de las Farc no participaron ni tuvieron conocimiento sobre el crimen de Gómez Hurtado. Llamando la atención que después de mucho tiempo apareció la versión de Lozada que contradecía la evidencia recolectada, inculpando a otros jefes guerrilleros que ya fueron abatidos por lo que queda imposible contrarrestar las versiones.

Enrique Gómez, abogado de la familia del líder conservador y quien firma el documento, se fue más allá y señaló a la senadora electa Piedad Córdoba Ruiz de promover un “circo” para desviar la investigación. “Las Farc no sólo no participó sino que no sabía quién había matado a Álvaro Gómez y así lo evidencian los correos evidenciados en el año 1995 de los computadores de Jojoy y otros miembros como ‘Rafael Político’ y ahora otros declarantes que estaban ligados al Bloque Oriental y controlaban la RUAN, afirman que ni supieron del operativo, ni tuvieron conocimiento real de que hubiera ocurrido”.

De no aceptar la petición la familia de Gómez Hurtado anunció que presentarán un recurso de impugnación esto con el objetivo que el proceso pase sí o sí a la jurisdicción ordinaria esto por considerar que la JEP no le da garantías.

“Rogamos como víctimas que no llegue un nuevo aniversario de impunidad, el próximo 2 de noviembre, con el balón de la desviación en los pies de la JEP. Exigimos que esta Jurisdicción novísima se separe de la incuria del resto de la jurisdicción que impávida acepta, como lo hace la prensa cada tanto, los esfuerzos del régimen corrupto que asesinó a Álvaro Gómez por mantener en la impunidad total esta causa”, señala el documento.