Uno de los delitos que aún está grabado en la retina de los colombianos, y que causó un profundo dolor a miles de familias en el país, fue el secuestro perpetrado por la extinta guerrilla de las Farc. Al respecto, y durante décadas, las víctimas han pedido que esos hechos no queden impunes.
Recientemente, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) recomendó que la sanción para los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc ronde los cinco a ocho años.
“El rol de cada uno variará según el proyecto asignado, ya que es muy posible que para alcanzar la ejecución de sanciones de cinco a ocho años se deban desarrollar varios proyectos que deberán ser delimitados y financiados anualmente, por lo que la delimitación a detalle por parte de los roles de cada compareciente resulta infructuosa”, señala uno de los apartes de la resolución.
Y agrega el documento: “En el mismo sentido, las restricciones a libertades y derechos también corresponderán a cada proyecto en particular, materializadas en el establecimiento de horarios, lugares de residencia y de restricción de la circulación para los comparecientes”.
“Esta variación corresponde también a la naturaleza del proyecto planteado, que contempla eventualmente la participación de todos los comparecientes seleccionados en el Caso No. 01, y en la medida que continúe la imputación y remisión de máximos responsables se podrán, probablemente, formular proyectos de distinta índole para ser adelantados de manera colectiva”, advierte la sala de la JEP.
Por esa razón, familiares de los diputados del Valle que fueron asesinados por las extintas Farc mostraron su preocupación y decepción ante las decisiones que se evidenciaron en dicha resolución.
“La anterior conclusión, no corresponde a la realidad y ha causado una gran decepción en las víctimas, a quienes en el acuerdo de paz (Acto Legislativo 01 de 2016) se estableció que serian el centro del acuerdo, y que su mayor reparación seria el aporte de la verdad plena por parte de los victimarios”.
Para los familiares de los diputados asesinados, la JEP no está teniendo en cuenta que los delitos que cometieron los exguerrilleros son graves, pero lo que es más preocupante, que ni la verdad de lo que ocurrió se ha conocido.
“Tenemos que expresar que no ha habido una verdad detallada, plena y exhaustiva por parte de los exintegrantes de las Farc; han existido verdades a medias, manipulación de la verdad, y hasta nos ha tocado hacer todas las exigencias de verdad en reiteradas ocasiones de manera escrita y verbal a lo largo del proceso; ha sido una agotadora lucha jurídica evitar que los victimarios mientan y rindan versiones amañadas y manipuladas, y en todo caso ofenden la dignidad de las víctimas, que ademas de soportar el asesinato de sus seres queridos han tenido que escuchar mentiras y versiones incompletas y tergiversadas sobre los hechos que los victimizaron”.
Incluso recordaron la audiencia donde Sigifredo López pidió conocer la verdad de los hechos y “lo silenciaron y suspendieron la audiencia”. De hecho, recuerdan que esa diligencia no se ha reanudado y ahora aparece esa resolución con penas bajas y extramurales.
“Todo indica que estamos frente a una tragedia con un libreto preestablecido, donde no vale la pena continuar luchando por cuanto las decisiones hace rato están tomadas, pasando inclusive, de la dignidad y el principio de centralidad de las víctimas”.
Juan Camilo Sanclemente, presidente de la Fundación Defensa de Inocentes, señaló que nada de lo que ocurrió durante el asesinato de los diputados del Valle se conoce con certeza y con la resolución de la JEP solo habrá impunidad.
Asimismo, dio a conocer un mensaje de todos los familiares de los diputados que se envío a la Jurisdicción Especial para la Paz.
“Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia. Le dejamos a la JEP sus victimarios, pero reiteramos, no creemos en la justicia que está impartiendo la JEP e invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos. Nos duele que un acuerdo de paz, que llenó de expectativas a Colombia y que tiene elementos positivos como la reivindicación y la entrega de tierras para los campesinos y desplazados, pero que, en materia de JEP, reiteramos, existe una completa inequidad y vulneración a todos los derechos de las víctimas”.