Para muchos congresistas, el Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos sigue siendo una ‘caja de sorpresas’. Desde la controversia creada por el aumento en la edad para la jubilación, quienes han puesto la lupa sobre el proyecto, que es la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años, siguen a la cacería de alguno que otro artículo que sea considerado por ellos un 'gol'. El nuevo malestar se concentra en que el capítulo plurianual de inversiones del presupuesto de la agencia Acción Social reducirá uno de sus principales programas: ‘Familias en acción’. El presunto recorte Juan Lozano, presidente del Partido de La U, advirtió que al menos para este año “el presupuesto de Familias en acción se reducirá en cerca de 22 por ciento. Esto significa que de 2'500.000 Familias en Acción que hoy tiene Colombia, 500.000 serían excluidas del programa”. Según el Plan de Desarrollo, la agencia Acción Social recibiría en el 2011 recursos por más de 3,7 billones. Sin embargo, para el 2012 serían 3,1 billones. El 70 porciento del gasto de esta agencia presidencial se concentra en el mencionado programa. Familias en acción es una iniciativa para entregar subsidios de nutrición o educación a niños que pertenezcan a las familias pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, familias en condición de desplazamiento o familias indígenas. Y fue quizás el principal programa de asistencia social durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Por eso las voces que denunciaron este recorte se concentran en los partidos políticos que fueron los principales socios de Uribe. Y Lozano lo explicó durante la plenaria del Senado del martes 22 de febrero. El principal malestar de los miembros de La U y el Partido Conservador es que en el plan de gobierno de Juan Manuel Santos, en campaña, había la promesa consignada que el programa Familias en Acción no se tocaría. Todo lo contrario. “Las familias más pobres no tienen cómo protegerse ante situaciones adversas como el desempleo, los quebrantos de la salud o la llegada de la vejez. Mantendremos y mejoraremos el programa de Familias en Acción, con mejores recursos e incentivos, y crearemos un seguro contra desempleo para los padres y madres de familia más vulnerables”, decía el programa hacia la prosperidad democrática. Familias en Acción también fue blanco de controversia durante la campaña, pues, según investigaciones de varios medios de comunicación, en algunas regiones del país el programa estaba siendo utilizado como estrategia política. El Partido Conservador reivindicó el programa como propio al señalar que tuvo su origen en el gobierno del presidente Andrés Pastrana. El senador Efraín Cepeda calificó Familias en Acción como un instrumento de lucha contra la pobreza. No es asistencialista, como muchos lo califican. Es estructural porque responde a las necesidades en materia de nutrición, salud y educación de las familias más vulnerables”, dijo Cepeda. El plan b La U y los conservadores no ocultan su molestia con el tema. Y por eso, el senador Juan Lozano radicó un proyecto de ley que pretende “defender” el programa. “No podemos permitir que ninguna decisión de recorte se pueda en este momento siquiera considerar”, dijo a Semana.com. Y la decisión del partido es que ese proyecto esté en la agenda de prioridades de la Mesa de Unidad, con el fin de elevarlo a política de Estado, que tenga continuidad en el futuro, independientemente de quién esté en la jefatura del Estado. “Se va a blindar de cualquier manipulación, se va a garantizar su alto nivel técnico y sobre todo, garantizar su impronta social. Vamos a salir a defender a las familias en acción, vamos a salir a defender a esos niños y a esas madres, a defender su derecho a la nutrición y a la educación”, explicó Lozano.