Tres años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, el balance sobre la reincorporación de los 13.202 excombatientes evidencia que la tarea ha resultado más compleja de lo imaginado. Hay nubarrones y hechos preocupantes, pero también logros significativos en esta tarea crucial para la paz. Por un lado, la violencia sigue planteando el principal obstáculo. En los últimos dos años, 154 excombatientes murieron asesinados; 113 recibieron amenazas directas o en su entorno inmediato; y 11 de ellos sufrieron desaparición forzada. A eso se le suma la trágica cifra de 37 asesinatos de familiares de los desmovilizados. Por departamentos, la mayoría de los crímenes (68,6 por ciento) ocurrieron en Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá y Norte de Santander. Por municipios, en Tumaco, Ituango, Argelia, El Tarra y Corinto.
Este crudo diagnóstico aparece en el segundo informe de seguimiento al acuerdo de paz, realizado por congresistas que defienden lo logrado en La Habana. “Una visión integral de seguridad debe enfocarse en la prevención, por lo que resulta fundamental revisar cuáles son los esfuerzos del Gobierno para generarle garantías a la población excombatiente”, recomienda el estudio, liderado por la representante a la Cámara Juanita Goebertus (Alianza Verde). Un paso importante es que las autoridades ya esclarecieron casi la mitad de los asesinatos. Y en la mayoría de ellos están implicadas las propias disidencias de las Farc. Les siguen el Clan del Golfo, el ELN, los Pelusos y los Caparros. Todos, envueltos en una guerra abierta por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en diferentes regiones del país.
La representante Juanita Goebertus dice que hay preocupación por la seguridad de los excombatientes de las Farc. “La instrucción del presidente Duque ha sido clara: no se va a repetir lo ocurrido con la Unión Patriótica. El Gobierno tiene el compromiso de garantizar la vida de los excombatientes y de todos los colombianos”, ha respondido el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila.
El informe de los congresistas también señala que, aunque no estaban obligados a permanecer allí, casi la mitad de los excombatientes abandonó los llamados espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), entre febrero de 2017 y agosto de 2019. Lo hicieron por tres motivos, según la Fundación Ideas para la Paz: 1) riñas, 2) problemas con la infraestructura y 3) búsqueda de mejores oportunidades en otras zonas. “Este fenómeno ha generado la creación informal de las llamadas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que no existen en el ordenamiento jurídico vigente”, señala el documento.
Hoy, el 69 por ciento de los excombatientes están por fuera de los ETCR, el 24 por ciento permanece en esos espacios, y el 7 por ciento está pendiente de ser ubicado. En total, hay unos 890 exguerrilleros sobre los que no hay razón y en paradero desconocido. Para el Gobierno, no obstante, “La reincorporación no está atada a un espacio geográfico y se implementa en cualquier parte del territorio nacional”. El segundo informe de seguimiento al acuerdo de paz con las Farc lleva las firmas de los congresistas José Daniel López (Cambio Radical), Roy Barreras (La U), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Angélica Lozano (Alianza Verde), María José Pizarro (Decentes), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Iván Cepeda (Polo Democrático), Wílmer Leal (Alianza Verde), John Jairo Cárdenas (La U) y Carlos Ardila (Partido Liberal).
Para estos senadores y representantes, “La reincorporación efectiva de los excombatientes de las Farc es una garantía fundamental para la seguridad territorial y un elemento esencial para la construcción de paz. La falta de detalle en el capítulo de reincorporación del acuerdo de paz sin duda ha dificultado su implementación. Pero avanzar cuanto antes en reincorporarlos de manera efectiva a la vida civil es la única manera de asegurar la no repetición del conflicto armado”. Igualmente, anotan que se debe avanzar cuanto antes en construir y expedir una ruta de reincorporación “con el fin de generar garantías de estabilidad jurídica y económica, estableciendo las fases del programa y los plazos y metas para su cumplimiento”. El documento dice también que “La ruta deberá incluir el componente económico, así como los planes y programas sociales concretos de educación, vivienda, cultura, recreación y deporte, protección y recuperación del medioambiente, acompañamiento psicosocial, y reunificación de familias”. Actualmente, el Consejo Nacional de Reincorporación discute esa ruta. Se trata de una instancia creada, precisamente, por el acuerdo de paz, en la que participan dos representantes del Gobierno nacional y dos del partido Farc. En medio de este balance, uno de los puntos esenciales para determinar el éxito de la reinserción de los exguerrilleros pasa, sin duda, por los proyectos productivos. El documento cuestiona la lentitud y la baja cobertura lograda hasta ahora. En este campo, el presidente Iván Duque ha señalado que encontró muy pocos avances al llegar a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2018. Pero hoy la fotografía es distinta y hay motivos para el optimismo: a la fecha han aprobado 719 proyectos productos individuales y 38 colectivos, que suman unos 32.000 millones de pesos de inversión. Esto refleja la gerencia pública que ha impuesto el consejero Archila en este frente.
El consejero presidencial Emilio Archila asegura que el Gobierno le puso el acelerador a los proyectos productivos frente a lo que encontraron en esta materia en 2018. De todos modos, falta mucho por hacer. Como anotan los congresistas, solo el 16,7 por ciento de los excombatientes se han beneficiado de los proyectos productivos y, por eso, reclaman acelerar “su formulación y aprobación, de tal forma que en el plazo de un año el 100 por ciento de los excombatientes que así lo deseen estén vinculados a un proceso económico sostenible y con visión de futuro”. Consultado al respecto, el consejero Archila respondió: “La gestión de los proyectos productivos depende del cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación por parte de las personas en reincorporación. Por otra parte, ya se han identificado 211 iniciativas productivas, que constituyen el punto de partida para un proyecto productivo”. En cifras generales, del 100 por ciento de los excombatientes, el 34,8 por ciento vive en las cabeceras municipales, el 38,7 por ciento en centros poblados y el 20 por ciento en zonas rurales. El 98 por ciento está afiliado al sistema de salud y el 83 por ciento a algún régimen pensional. Y la mayoría recibe una renta mensual. En la reincorporación política, los integrantes del partido Farc, con diez curules en el Congreso, han cumplido su palabra de cambiar las balas por la política. En las recientes elecciones locales presentaron 308 candidatos, lo que representa un paso adelante para un movimiento surgido literalmente de la guerra. El mismo que ha rechazado y expulsado a quienes decidieron volver a las armas, como Iván Márquez y Jesús Santrich.
Todos coinciden en que al país le conviene que esta reincorporación llegue a un buen puerto. Es evidente que para el Estado ha significado una tarea sin precedentes y, por eso, es urgente avanzar y superar las dificultades. Es importante blindar la reinserción: de por medio está la paz.