Fiscal asegura que las Farc tienen varios billones en bienes

Néstor Humberto Martínez hizo el domingo en la noche, en una entrevista con Noticias Caracol, una de las revelaciones más esperadas del proceso penal con las Farc. Se trata del balance sobre los bienes que tendría este grupo guerrillero y que, según el acuerdo de paz, tendría que declarar cuando llegue la fecha de la dejación de armas. El fiscal general aseguró que, después de analizar más de 5.500.000 archivos, ya existen las pruebas de que los bienes ascienden a varios billones de pesos. “Me comprometí con los colombianos a asegurar que el patrimonio ilícito de las Farc pase al Estado colombiano. Esa leyenda de la pobreza franciscana está por terminar”. Martínez relató que organizó a un grupo de 300 personas para analizar la información relacionada con esos bienes. “Hemos organizado un búnker, donde con la más moderna tecnología nos hemos dedicado a abrir los archivos de todos los operativos militares y de policía de los últimos años, donde estaba toda la información sobre la riqueza de las Farc. No se había abierto”.La información habría salido de aplicativos y archivos electrónicos. “De computador, de Ipads, de celulares… información especialmente virtual. Hemos logrado analizar ya 5.500.000 archivos electrónicos en donde están los activos de las FARC”.Según explicó Martínez, se trata de teras de información que le permitirían a la Fiscalía tener el inventario de los bienes de las FARC. De ahí, también podría desplegarse la información relacionada con los testaferros de ese grupo. Es decir, terceros que habrían asumido legalmente la propiedad de tierras y otros inmuebles para ocultar su origen ilicito del Estado.Puede leer: Fiscalía ocupa millonarios bienes de las FARC en CaquetáEl fiscal asegura que se trata de “miles de inmuebles urbanos, miles de inmuebles rurales, de automotores, de dinero, de ganado, de empresas, establecimientos de comercio que tenemos ya identificados y que es lo que nos va a permitir iniciar un proceso de extensión de dominio masivo. Estamos hablando de billones de pesos”.Y, aunque se guardó los nombres, dio un ejemplo, la empresa de frigoríficos de carne que persigue la Fiscalía del Valle del Cauca, y que tendría nexos con las Farc. Martínez anticipa que hay más casos como este y que en algunos están involucradas empresas grandes.Hasta ahora, las Farc no han entregado la información de ese grupo. Por eso, la Fiscalía espera para cruzar esos datos con lo que ya ha recopilado. La fecha de esa obligación se cumplía el miércoles de la semana pasada, cuando el proceso de paz llegaba al día D+180. En el acuerdo de paz había quedado claro que esta se realizaría al mismo tiempo que la entrega de armas. Como el cronograma se corrió, ahora la nueva fecha es el próximo 1 de agosto.  “Ya tenemos el inventario. Lo importante es que ellos hagan su inventario y el Estado ya tiene el suyo y vamos a confrontarlo”, explicó Martínez.El inventario que presenten las Farc será fundamental para un punto decisivo de la aplicación de la justicia especial para la paz. El fiscal ha sido claro en que todos los bienes que los jefes no declaren podrían dar pie para abrir procesos penales en la justicia ordinaria.Le recomendamos: Calendario de dejación de armas se va a cumplir, dice Santos  De hecho, en la entrevista con Noticias Caracol, el fiscal hace una salvedad importante. Para él, todos los testaferros de las Farc deben ser investigados por la Fiscalía y por los jueces penales. “El acuerdo de paz no limpió el patrimonio de las Farc. Es algo que yo reivindico y digo para legitimar el acuerdo. El patrimonio que era ilícito, sigue siendo ilícito y por eso debe ser objeto de extinción de dominio. Y quienes sean testaferros y servidores, y se hayan enriquecido ilícitamente, tendrán que ser objeto no de la JEP sino de la jurisdicción ordinaria”, agregó.A propósito del tratamiento jurídico que tendrían estos bienes, Martínez explicó que en el paquete de decretos que el presidente expidió la semana hay uno que regula el tema. Y al respecto, hizo una denuncia. En este “se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”.En ese escenario, el dinero de las Farc no iría en su totalidad para reparar a las víctimas, sino que también aportaría a un fondo que busca sostener los programas sociales de ese grupo. “Es más, allí se establece que el desarrollo de un centro de pensamiento político del nuevo partido de las FARC. Esto implicaría, si se lee así crudamente como dice el Decreto, que con parte de estos activos se va a financiar la actividad política de las FARC cuando precisamente lo que ha sostenido la Fiscalía es que no es posible que con los activos de las FARC se vaya a ejercer la democracia”.Para Martínez “eso generaría una inequidad en el debate político, entre la política tradicional lo que representa el estado convencional que ellos confrontaron y lo que ellos representan. La esencia de este acuerdo de paz es que ellos están bienvenidos a la democracia y a hacer la política, pero en igualdad de condiciones. No podría ser que ellos lo hagan con el financiamiento del patrimonio ilegal del secuestro y el narcotráfico. Eso no se puede admitir por parte de la sociedad colombiana y no puede ser la lectura que se le pueda dar”.