Durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la ofensiva contra las Farc pudo ser la más fuerte en la historia, y fue también el punto de quiebre de esta guerrilla. Las liberaciones de secuestrados eran primera página, pero también lo eran los secuestros.
Por esa razón, el expresidente Uribe es testigo clave en medio de la investigación que adelanta la Corte Suprema en contra de Piedad Córdoba por la denominada “farcpolítica”. De hecho, inicialmente fue el exasesor de Córdoba, Andrés Vásquez, el primero en “poner el dedo en la llaga” y salpicarla de tal manera que generó que la investigadora, la magistrada Cristina Lombana, ampliara el desfile de testigos para que aportarán al expediente.
Hoy, a las 3:30 p. m. está citado Uribe de manera presencial en la sede norte del alto tribunal, donde deberá entregar información que, con seguridad, conoce de primera mano sobre el papel que tuvo Córdoba en una presunta demora para liberación de secuestrados como habría ocurrido con tres norteamericanos.
El expresidente Uribe tendrá que entregar a la magistrada Lombana pruebas y todo lo que sepa sobre la posible participación de Piedad en las posibles demoras en medio de su gestión para la liberación de varias personas, muchos de ellos miembros de la fuerza pública.
Por esos años de mandato de Uribe, la exsenadora Córdoba era una de sus más radicales antagonistas. Aunque el gobierno nunca desistió de la posibilidad de liberaciones negociadas, siempre estuvo en la agenda el rescate de los secuestrados. Incluso, en ese momento se dio la Operación Jaque, la más importante en la historia de las Fuerzas Militares, en las que fueron liberados 15 secuestrados, entre ellos, Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y militares.
En medio de ese tire y afloje, la senadora Córdoba, con el colectivo Colombianos y colombianas por la paz y el apoyo del Gobierno de Venezuela —cuyo mandatario para ese entonces era Hugo Chávez— se pavoneaba en Colombia y en la región como portadora de las llaves de la libertad de cientos de secuestrados en poder de las Farc.
Córdoba, según su exasesor, sería la mujer que se comunicaba directamente con los abatidos Raúl Reyes y Mono Jojoy, además de ser la directa involucrada en el retraso de la liberación de Íngrid Betancourt, secuestrada por las Farc entre 2002 y 2008.
Además, de acuerdo con el exasesor, la exsenadora habría solicitado a las Farc que la hoy precandidata presidencial no fuera liberada sino hasta que dicho acto la beneficiara directamente a ella y al fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Por supuesto, estas declaraciones originaron una tormenta política en contra de Córdoba, que ya tiene un caso en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por otros líos de la llamada farcpolítica, además de posibles nexos con Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.
Sin embargo, la balanza podría seguirse inclinando en contra de la candidata al Senado este martes, luego de que Vásquez Moreno entregue las respuestas a 17 preguntas realizadas por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en las que se le exigía aportar (si es que las tiene) más pruebas que sustenten las acusaciones que realizó en contra de su antigua jefa.
Íngrid Betancourt: “Piedad Córdoba sí es Teodora y hoy más que nunca”
En conversación con Vicky en Semana, Íngrid Betancourt mostró la indignación ante el supuesto trabajo realizado por Piedad Córdoba para intentar demorar su liberación por parte de las Farc, asegurando que su exasesor no tendría motivo alguno para mentir sobre esta situación, razón por la que ella cree totalmente en la culpabilidad de la exsenadora y en sus presuntas relaciones con los altos mando de las Farc en la década de los 2000.
“Para mí, sí, y hoy más que nunca. Eso lo señaló inteligencia militar en su momento. Tenían las pruebas, habían rastreado, cotejado en su momento información. Creo que decir que cabe alguna duda es casi que infantil. Esto es una realidad”, dijo Betancourt, notablemente afectada por esta noticia.
Cabe recordar que el 17 de septiembre de 2010 el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó del cargo de senadora a Piedad Córdoba y la inhabilitó para la vida pública durante 18 años debido a la colaboración de la senadora con las Farc.
La exsenadora insistió en que el procurador general, Alejandro Ordóñez, tiene una “animadversión” por ella, y lo ubica en un grupo de derecha que, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, emprendió una campaña de “persecución política” en su contra.