El pasado 11 de diciembre, las autoridades recibieron el reporte de una vivienda que se estaba incendiando en la vereda Río Arriba, en el municipio de Aguadas, Caldas. Tras controlar el fuego, encontraron calcinado el cuerpo de una joven que allí habitaba.
Autoridades establecieron, según los testimonios recolectados de los vecinos, que ese día la pareja de la joven había salido rumbo al pueblo con la intención de comprar varios elementos para celebrarle una fiesta de cumpleaños, dejándola en compañía de un primo.
Cuando se encontraba a mitad de camino, recibió una llamada en la que se le informaba que su casa se estaba incendiando y que los vecinos habían visto a su familiar huyendo de la vivienda.
Las autoridades verificaron que el cuerpo de la joven estaba 90 % incinerado, situación por la cual el Instituto de Medicina Legal no pudo establecer si fue víctima de abuso sexual.
Tras realizar una revisión más minuciosa del cuerpo, encontraron que había sido atada para presuntamente inmovilizarla. El perito del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General concluyó que, de acuerdo con el análisis probatorio, el incendio fue provocado.
Con esta evidencia se concluyó que tanto el crimen como el incendio había sido provocado por Eliécer Morales Hurtado, hecho por el cual la Fiscalía General de la Nación (Seccional Caldas) solicitó su orden de captura. La detención fue realizada en las últimas horas por agentes de la Policía en vía pública.
Los agentes le leyeron todos sus derechos y le informaron sobre los hechos por los cuales había sido ordenada su detención. En la audiencia de imputación de cargos, el fiscal del caso puso de presente las evidencias que permitieron individualizar e identificar a Morales Hurtado con este caso de feminicidio.
Con el fin de ocultar su responsabilidad, intentó manipular la evidencia mediante el incendio de la vivienda.
Debido a esto, le imputaron los delitos de feminicidio agravado en concurso homogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Tras la pregunta del juez de control de garantías, el procesado no aceptó los cargos.
Debido a la gravedad de los hechos y el riesgo que presenta para la sociedad y la integridad del proceso mediante la fuga, el juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.