SEMANA: La Procuraduría suspendió al superintendente de Salud. ¿Esto es solo el capítulo más reciente de la crisis de ese sector?FERNANDO CARRILLO: En defensa del derecho a la salud de los colombianos la Procuraduría ha actuado con total responsabilidad. No podemos seguir dando esperas a una situación que ha rebasado todas las fronteras. Desde el primer día hemos venido alertando sobre la profunda crisis que afecta a la arquitectura institucional en la prestación de servicios de salud. Hay que reconocer que el Ministerio de Salud ha obtenido logros en materia de cobertura, pero en el tema de calidad y de acceso al servicio, se han ido presentando muchos inconvenientes, como para llegar a reconocer un quiebre insostenible del sistema de salud. Por ello creamos un Consejo Asesor Ciudadano en el tema de salud y, además, pusimos en marcha una Procuraduría Delegada de Salud. Hay una tormenta diaria de quejas. Esto hizo crisis, precisamente, en el tema de la transición de lo que era Saludcoop a Cafesalud y luego a Medimás; un proceso frágil, que nació con fórceps, hacia una nueva EPS que lamentablemente ha sido improvisado y que no ha tenido la fortaleza jurídica, institucional y financiera para prestarles a los colombianos adecuadamente el servicio. Hemos cumplido durante los últimos siete meses con un proceso de seguimiento y vigilancia muy pormenorizado y siguen las quejas y denuncias que suman decenas de miles. Por eso iniciamos una investigación contra la Superintendencia de Salud que por supuesto está teniendo unas consecuencias de carácter disciplinario. El escenario es caótico y hay vidas humanas de por medio. Había que actuar. SEMANA: ¿Cuáles fueron las fallas más protuberantes que encontraron en todo lo que han estado investigando hasta ahora?F.C.: Creo que esencialmente la estructuración de la EPS. Ha habido mucha debilidad e improvisación en ese proceso. Lo constatan los millones de pacientes insatisfechos con el servicio. No se constituyó una red en donde la contratación de las entidades que iban a prestar ese servicio estuviera definida. Prácticamente se le entregó, el primero de agosto, la prestación del servicio de cinco millones de colombianos a una entidad incapaz de cumplir con la satisfacción de un derecho fundamental de los colombianos.
SEMANA: Pasando a otro tema de coyuntura reciente, ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre el tema de Tumaco?F.C.: En Tumaco ya estamos investigando lo que ocurrió contra la población civil. No habrá impunidad en estos casos. Estamos comprometidos con los derechos a la vida, la dignidad, y a la protesta social de los líderes sociales. Subrayamos que ha habido, en el marco del cumplimiento de los acuerdos, una falta de articulación entre muchas autoridades. El gobierno ha hecho muy buenos esfuerzos, pero la estrategia, tanto de erradicación de cultivos voluntaria como obligatoria, y los temas de sustitución, han debido ser fruto de un diálogo previo más detenido con las comunidades. Hay que hacer un replanteamiento de la estrategia, que es lo que hemos pedido y convocar a las comunidades. Por supuesto el Vicepresidente Naranjo, ha hecho los máximos esfuerzos para que eso se dé y eso hay que reconocerlo. Pero hay mucho más por hacer.Puede leer: Suspenden al superintendente de Salud por caso MedimásSEMANA: Otro tema sobre el que usted viene alertando desde hace un tiempo es lo que está pasando en Cartagena con las construcciones ilegales. ¿Qué acciones se vienen haciendo frente esto?F.C.: Hemos venido detectando que hay nuevas formas de corrupción en el país. El árbol de la corrupción es muy frondoso, sigue creciendo y no basta con podarlo, porque seguirá creciendo. Hay que extirparlo de raíz. Cartagena es el mejor ejemplo de las nuevas formas de corrupción. El tema urbano y el ordenamiento territorial aparecen como la caja menor de la política local. Cuando se cayó el edificio Blas de Lezo, que dejó 21 muertos, llegamos al día siguiente, tuvimos una audiencia con las víctimas y comenzamos a detectar la magnitud del caos urbano y la falta de control, que se hizo evidente porque se trataba de edificios que no tenían licencias o estas eran ilegales. Hemos constatado que se trata de un problema sistémico de la ciudad.Hoy el mayor de los estropicios, es un edificio que, aparentemente tiene una licencia -porque hay muchos edificios que tienen “licencias legales”-, a pocos metros del Castillo de San Felipe, vulnerando no solo el interés público de manera clara, sino el patrimonio cultural de Cartagena y nadie hace nada. Con el ministerio de Cultura se inició una acción popular y en el marco de otra acción legal hemos pedido también unas medidas cautelares. Estoy seguro de que el alcalde encargado va a responder con claridad, porque no podemos permitir que se siga jugando con el espacio público y el medioambiente, como está sucediendo allí. En la bahía de Cartagena también tenemos una serie de denuncias realmente dramáticas pero una clase política indolente o cómplice frente a los problemas de gestión urbana.SEMANA: ¿Por qué cree que Cartagena llegó a este punto?F.C.: Es un deterioro lamentable del ejercicio de la política. Cartagena es el espejo de Colombia y allí la irresponsabilidad de la clase política ha sido extrema. Por eso convocamos a un gran debate ético sobre el futuro de Cartagena, el próximo lunes 30 de octubre en el Teatro Heredia. Lo que queremos es un debate con las fuerzas vivas de la ciudad. Lo dije muchas veces cuando la Procuraduría tomó acciones disciplinarias: suspendimos al alcalde que, de alguna manera con su administración, era responsable de lo que estaba sucediendo. Después entró la Fiscalía General y descubrió cosas peores y dictó medidas de aseguramiento contra el alcalde, concejales y la contralora de la ciudad, demostrando la magnitud de la corrupción. La ciudadanía tiene que despertarse y repudiar a quienes han manejado de manera irresponsable la ciudad. Hoy el futuro de Cartagena está en entredicho por una corrupción generalizada que ha rebasado todos los límites. SEMANA: Algo similar está ocurriendo con los POT en Cundinamarca en donde se han detectado y denunciado graves irregularidades. ¿Qué han hecho frente a esto?F.C.: Así es. La corrupción en el tema urbano hizo metástasis. Hay varias zonas del país donde venimos actuando con la Fiscalía. En el caso de Cundinamarca, lo que se llama “el volteo de tierras”, se volvió una práctica tradicional. El tema urbano se convirtió en el paraíso de los corruptos, porque además está en muy pocas manos y ha estado por fuera de los controles tradicionales, con la complicidad de unos entes que hay que reformar, como son las Corporaciones Autónomas, que son un foco claro de corrupción y de vulneración del medioambiente.Las CAR, que tienen la obligación de incidir positivamente en los planes de ordenamiento territorial, no lo han hecho y, por el contrario, por allí campea la corrupción. Quiero decirle que estamos en varias zonas del país desarrollando una estrategia integral. Logramos, por ejemplo, identificar que en Armenia, con edificios de muchos pisos, se estaba vulnerando el paisaje cultural cafetero. Logramos detener esa tendencia urbanística por la vía del cuestionamiento del POT. Así actuaremos en el resto del país. Insisto en que el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción, que se ha pegado a los sectores sociales y a la política local, por no hablar de la financiación de las campañas que es la causa madre de todos los problemas de corrupciónConfidencial: Ordóñez dice que volvería a quemar libros y lo considera “un acto pedagógico” SEMANA: Hablando de esto último ¿qué piensa sobre la propuesta de financiación estatal de campañas políticas?F.C.: Es lamentable lo sucedido. Después de toda la discusión sobre lo que ha venido pasando con Odebrecht, de los debates en el Consejo Nacional Electoral sobre el financiamiento ilegal de campañas en 2010 y 2014, parece que la conclusión a la que hemos llegado es prácticamente inocua. ¿Y por qué? Porque no se hicieron las reformas. Primero hay que consagrar como delito el financiamiento ilegal de las campañas. Segundo, hay que fortalecer el Consejo Nacional Electoral que, como todos sabemos, tiene una fragilidad tal que en el caso de las dos campañas electorales seguramente no va a llegar a ninguna conclusión. Y tercero, el sector privado tiene que asumir una gran responsabilidad, actuando con transparencia frente a las donaciones y aportes a las próximas campañas al Congreso y la Presidencia. Nadie puede estar de espaldas a la necesidad de fortalecer la democracia y depurar la política. Devolverle su majestad y la confianza ciudadana. La solución es el financiamiento estatal de las campañas. Ojalá avancemos. Por desgracia, no se vislumbra una reforma política que apunte a ese objetivo. La lucha de ideas y no la guerra de chequeras deben marcar la acción política. La ética debería señalar el paso de las campañas en 2018. SEMANA: Ya que menciona Odebrecht, finalmente no ha pasado mayor cosa con ese tema…F.C.: Ha habido muchos resultados de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Pero nuestra mayor preocupación hoy es la persecución de los bienes de los corruptos. Esa es la más importante de las responsabilidades. Hay que demostrar que ser corrupto tiene que dejar de dar estatus, como ha sido la tradición. O que ser pillo paga. Rechazamos el criterio de que devolver algo de lo robado genera rebajas y beneficios. La devolución de los dineros obtenidos de manera ilícita tiene que ser integral. Uno no puede pensar que se pueda acceder a la rebaja de penas devolviendo solo el 20, 30, 40 o 50 por ciento de lo robado. Aquí, por ejemplo, el exgobernador de Córdoba hace el negocio de su vida. Después de haberse timado 40 o 50.000 millones de pesos devuelve 4.000 y se queda gozando del 90 por ciento, porque simplemente negocia un acuerdo con la Justicia para denunciar a otros delincuentes. Eso puede ser útil desde el punto de vista de la eficacia penal, pero ese aspecto desde un punto de vista patrimonial hay que combatirlo. Esos son los hechos que han lesionado la confianza ciudadana en la Justicia. Estoy convencido de que tiene que operar no solo la devolución del ciento por ciento de lo que se han robado, sino además el pago de los daños y perjuicios que le causan a la moralidad pública. Me parece que en ese campo estamos fallando. Por eso hemos insistido tanto en rechazar devoluciones a medias de lo robado como en una segunda herramienta anticorrupción que es la acción de extinción de dominio. Eso es lo que le pega más duro al bolsillo de los corruptos. La Procuraduría pidió la extinción de dominio en el caso de Odebretch. Muy bien los acuerdos con la Justicia de Estados Unidos, pero aquí debe haber sanciones ejemplares patrimoniales por ejemplo desde el punto de vista societario. Los corruptores internacionales no pueden volver a Colombia a creer que pueden seguir beneficiándose de contratos como si nada hubiera pasado. Eso es inaceptable. Tanto como la detención domiciliaria para los corruptos. SEMANA: ¿Qué piensa del escándalo de corrupción en la corte conocido como el cartel de la toga?F.C.: Ni en las peores pesadillas institucionales nadie pensaba ver a expresidentes de la Corte Suprema de Justicia entrando a la cárcel. Eso demuestra la hecatombe ética del país. Pero a la vez es una gran señal de las grandes transformaciones que hay que hacer. A grandes males, grandes remedios. Creo que en sociedades que han sido duramente golpeadas por la corrupción, se han dado las reformas que limitan las libertades de los funcionarios públicos en el manejo del interés público. El país creía, ingenuamente, que la Justicia estaba blindada contra la corrupción. Y cuando se pensaba en la corrupción todos íbamos a la casa de la Justicia para que esta actuara. Creo que esto es un llamado a que la justicia se autorreforme. Hemos hecho muchos intentos fallidos. Hoy la Justicia debe demostrar que no tiene vocación suicida y que habrá propuestas de autorreforma, so pena de que llegue la guillotina de una nueva constituyente impredecible. Lo que quiere oír la ciudadanía es que la Justicia haga unas propuestas de mecanismos efectivos de procesamiento penal y disciplinario de sus miembros, de sus códigos de ética, de sanción de los abogados, por ejemplo. Por eso he hablado de un pacto de estado por la justicia, pero no el típico pacto cerrado de canapé republicano. Aquí hay que vincular a las facultades de derecho, los decanos, la Academia, los estudiantes y la ciudadanía. Creo que la fractura tan grande que ha sufrido el país después del plebiscito, cuando quedamos partidos en dos, hay que comenzar a sanearla. Se requieren grandes acuerdos nacionales para superar esa polarización. El dilema es sencillo: se recupera la ética o el país se derrumba.