SEMANA: ¿Cómo va a recuperar el prestigio de la Procuraduría?Fernando Carillo: A mí no me gusta trabajar con el espejo retrovisor. Es claro que la Procuraduría necesita una modernización urgente para que cumpla con sus funciones constitucionales y defienda los intereses de todos los colombianos. Lo importante es que las sanciones que imponga sean efectivas, respeten el debido proceso y los derechos del sancionado. Lógicamente, vamos a tener que mirar y revisar muchas decisiones.SEMANA: Pero ¿cree que hubo errores en ese ejercicio?F.C.: No creo que el control disciplinario deba verse como una retaliación, o que las personas estén por encima de las instituciones. Lo cierto es que las decisiones que la Justicia está tomando sobre algunas decisiones de la anterior Administración están mostrando que hubo errores.SEMANA: ¿Cuál será su prioridad?F.C.: Tenemos que fortalecernos para cumplir la misión que históricamente hemos realizado y para luchar, en especial, contra la corrupción que es la peor amenaza a la democracia porque deslegitima al Estado, genera desigualdad, encarece las cosas y exacerba los males que pueda tener la democracia. Aquí ha faltado estrategia contra la corrupción, han faltado gerencia pública y resultados. Hay mucha retórica y denuncias, pero los colombianos quieren resultados. Ese es el gran compromiso de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, y por eso debemos trabajar en conjunto. El lema de esta Procuraduría, que también lo debería ser en la política y la función pública, es que ser pillo no paga.SEMANA: ¿Qué otros retos tiene?F.C.: Tiene que haber más Procuraduría que procurador. Y esto comienza desde lo territorial. Hay que fortalecer las Procuradurías regionales, provinciales, la relación con los personeros, y con la Defensoría del Pueblo, más aún en el marco del proceso de paz, pues tenemos que velar por el cumplimiento de lo pactado y el respeto a los derechos. Es claro que tenemos que abrir la Procuraduría para todos, y eso empieza por quitar las vallas que desde hace años impiden la entrada a la sede en Bogotá. Esa es una de las primeras cosas que haré.SEMANA: Usted trabajó 17 años en el BID y como asesor en muchos países, ¿qué experiencias internacionales considera útiles?F.C.: Hay que reconocer que esta es una Procuraduría muy parroquial. Hay recursos, conocimientos y programas en otros países y organizaciones que vamos a incorporar. De hecho, ya he avanzado en varias propuestas de España o el BID. Además, es necesario estar en los escenarios internacionales en los que debemos estar, como la Comisión y la Corte Interamericana, en los que la entidad ha estado ausente.SEMANA: ¿Qué le preocupa de su nuevo cargo?F.C.: Varias cosas. Ahora tenemos un nuevo Código General Disciplinario que, adopta una reducción muy grande de las sanciones. Esto tiene un efecto muy perjudicial en varios casos emblemáticos. Tenemos esa preocupación y vamos a presentar unas alternativas de solución, por supuesto, en un diálogo con los poderes públicos, especialmente con el gobierno, con el Congreso, a ver qué se podría hacer y cuáles son los efectos. Incluso, no descartamos que se reforme.SEMANA: ¿Qué piensa hacer con el caso Odebrecht, teniendo en cuenta el papel que juegan los empresarios que contratan con el Estado y que son una fuente de corrupción?F.C.: Lo primero, actuar de forma coordinada con la Fiscalía y con la Contraloría. Ya se han hecho hallazgos y hay temas judiciales internacionales que están en marcha. El punto de partida de toda la acción del Estado, y aquí no hablo solo de la Procuraduría, sino de todos los organismos de control, deberían ser los escenarios internacionales; hoy más que corrupción lo que hay es crimen organizado internacional. Pero no me anticiparía específicamente a acciones de la Procuraduría.SEMANA: ¿Ve al sector privado dispuesto a cooperar contra la corrupción?F.C.: Creo que hay una gran disposición. De las conversaciones que hemos tenido con Fedesarrollo, Fenalco o la Andi, está la posibilidad de poner en marcha pactos de transparencia o implantar pliegos únicos, para evitar que los contratos en las regiones queden en una sola mano. Lo que es clarísimo es que esta amenaza contra la democracia no tiene origen únicamente en el sector político, sino también en el sector privado.SEMANA: Usted jugó un papel muy importante en la reunión del papa, Santos y Uribe. ¿Considera que como jefe del Ministerio Público tiene algo que hacer para buscar puentes?F.C.: En el Congreso, el día de la elección, acepté esta responsabilidad. El elemento fundamental de esta Procuraduría tiene que ser la ecuanimidad, el equilibrio, la independencia, la autonomía, y hay que reconocer que la polarización y la crispación política en que se encuentra el país no le hace bien a nadie. Creo que no puedo ahorrar ningún esfuerzo en contribuir, a nivel nacional o internacional, para disminuir toda esa polarización que tanto daño nos está haciendo.SEMANA: Un tema que generó muchas divisiones y odios fue la forma como Ordóñez enfrentó el derecho a abortar, la eutanasia o la población LGTBI?F.C.: Mi compromiso y norte es el cumplimiento de la Constitución de 1991 y la defensa de todos los colombianos, sin importar su sexo, raza, credo o convicciones políticas. Incluso no he creído ni en aventuras constituyentes ni en que este acuerdo de la guerrilla implique una nueva Constitución; que de aquí en adelante a uno le tengan que entregar la Constitución adicionada con todos los acuerdos en la venta de ella en el semáforo.SEMANA: Pero el proceso de paz dejó cambios institucionales, algunos a través de vías poco ortodoxas. ¿No cree que quedaron muchos platos rotos que eventualmente sí necesitan una reflexión que puede tener implicaciones constituyentes?F.C.: Sí, pero lo que no creo es que vayamos a refundar al Estado otra vez en función de una nueva Constitución. Me parece que la Constitución del 91 es todavía joven y algunos de sus grandes principios están todavía por ponerse en marcha. Uno puede decir que ha habido procedimientos excepcionales, como se han dado en muchos procesos de paz en el mundo, que pueden haber forzado instituciones constitucionales. Pero no creo que uno pueda hablar abiertamente de que se haya violentado el Estado de derecho o que se haya violentado la Constitución del 91 en virtud de la excepcionalidad.SEMANA: ¿Qué va a hacer con la carpeta de solicitudes de puestos de todos los congresistas que sienten que tienen derecho por haberlo apoyado abrumadoramente en el Congreso?F.C.: El gran desafío es ponerle meritocracia a eso. Seguramente va a haber hojas de vida de los políticos. Lo que hay que hacer es un gran equipo, independientemente del origen de la gente. Por eso es importante tener una herramienta meritocrática y trabajar con los mejores. Queremos montar un programa de jóvenes profesionales abogados, en los que los decanos de las Facultades de Derecho también nos envíen los cinco mejores profesionales recién egresados. Además de las estrategias que han funcionado a nivel internacional en la lucha contra la corrupción, hay que cambiar el recurso humano y meter a los mejores dentro de las instituciones. Lo que llaman muchos ‘las islas de excelencia’.SEMANA: ¿Cómo va a garantizar su independencia para vigilar al gobierno, sabiendo que usted fue propuesto por él y formó parte del mismo?F.C.: Fui elegido por todos los partidos y por prácticamente la totalidad de los senadores, algo que, entiendo, nunca se había dado una elección de un procurador. Eso me compromete con todos los intereses de la sociedad, que son los que representan esos partidos y el gobierno.SEMANA: ¿Qué va a hacer con los 35 escoltas del exprocurador?F.C.: Ya se redujo el esquema notablemente, pero eso depende de otra entidad. Por mi parte, pedí que se me redujera al máximo y voy a tener un esquema bastante austero, y creo que muchos deberían hacer lo mismo.