Al menos $82.000 millones estarían en riesgo de detrimento patrimonial, en medio de múltiples necesidades de financiamiento con recursos públicos que tiene el país, debido a inconsistencias y pagos de indemnizaciones a fallecidos, las cuales están bajo la lupa de la Contraloría General, y se habrían hecho bajo el amparo de establecido en la Ley de Víctimas.
De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, se habrían realizado pagos de indemnizaciones a 75 cédulas de fallecidos, que, incluso, estarían en ejecución, a través de recursos que se asignan por la Ley de Víctimas.
De igual manera, se identificaron pagos por ayuda humanitaria a 493 personas fallecidas, los cuales suman más de 282 millones de pesos.
La Contraloría subraya -precisamente- la alta inversión que hizo la Unidad de Víctimas, por una cuantía de $280 mil millones en tecnología de información, los cuales buscaban depurar y actualizar las bases de datos de las víctimas identificadas del conflicto en el país, por lo que no tendrían por qué presentarse inconsistencias.
Más detalles
La revisión fue hecha como control preventivo a través de la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari).
Según la información suministrada por la Contraloría, desde 2012 a la fecha se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas por un valor de $5,5 billones.
Con corte a marzo, en la base de datos Indemniza, la cual concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, es donde encontraron las 75 personas fallecidas que fueron incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior al día de su defunción, por un valor de $647 millones.
“No se encontró evidencia de que estos pagos, que en su mayoría se realizaron entre los años 2012 y 2014, se hayan reintegrado al identificar la anomalía”.
Registros de giros, bajo la lupa
En el detalle registrado por la Contraloría, acerca de las situaciones mencionadas, se identificaron 665 registros de giros cobrados de indemnizaciones que suman $4.208 millones, los cuales presentan inconsistencias en los datos de nombre y apellido del destinatario.
Otro de los puntos que destaca la Contraloría son los 156 registros, por valor de $801 millones, con el campo ‘documento’ vacío en la base de indemnización, y 10.770 registros de giros cobrados por valor de $56.696 millones que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.
Más datos
En el informe que hace el organismo de control se agrega también que, desde 2015 a la fecha, se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de $2,4 billones.
Pero, una vez realizados los cruces de la base de datos de ayudas humanitarias entregadas por la Unidad de Víctimas, con la base de datos de Registraduría Nacional, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones.
A la Unidad de Víctimas no le ha llegado el informe
Las regiones en las que la Contraloría halló que se concentran situaciones anómalas son Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.
SEMANA consultó a la Unidad de Víctimas, entidad que dijo no haber sido notificada aún por la Contraloría sobre el informe divulgado este miércoles.