El Comité Nacional del Paro finalmente desistió de convocar a más movilizaciones en el país. Luego de semanas de desgaste, sus promotores se dieron cuenta de que perdieron apoyo y el poco respaldo se les vino al piso cuando uno de sus voceros, Nelson Alarcón, de Fecode, reveló que había una intencionalidad electoral para 2022.
Algunos líderes políticos se venían desmarcando. Los senadores Gustavo Petro, Jorge Robledo, Gustavo Bolívar, entre otros, decidieron alejarse poco a poco ante la molestia de los ciudadanos con las marchas y los bloqueos. Roy Barreras, por ejemplo, reconoció que seguir convocando a protestas era un desgaste.
El comité anunció que el 20 de junio harán un concierto y otras actividades culturales para conmemorar un año de haberle presentado al Gobierno un pliego de emergencia de seis puntos que, según ellos, no fue atendido. “Se va a dar una interrupción temporal de las movilizaciones. Va a haber otra serie de actividades a las cuales estamos llamando, en temas culturales, pedagogía y demás, para estar en sintonía y poder recapitular y coger más fuerza”, aseguró Laura Alzate, vocera de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles.
Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que el 20 de julio buscarán que en el Congreso se radiquen proyectos que reivindiquen sus peticiones, y habrá una nueva jornada de protesta. Aunque no dieron detalles sobre cuáles políticos tomarán esas banderas, reconocen que tienen apoyos y contactos en el Legislativo. “Indudablemente, tenemos amigos en el Congreso; particularmente, el Comité del Paro ha tenido una relación cercana con la bancada alternativa, pero hay diferentes actores que se han mostrado interesados en ayudar con esos proyectos”, reconoció Percy Oyola, presidente de la CGT.
La tarea no será fácil. Si pretenden presentar en el Congreso el mismo pliego de emergencia que no se logró concertar con el Gobierno, lo más seguro es que las propuestas queden en nada. Desde el punto de vista fiscal, muchas de ellas no son viables y no tienen fuentes claras de financiación. También se debe tener en cuenta que el presidente Iván Duque, con las más recientes movidas de su gabinete, fortaleció su coalición en el Congreso, con Cambio Radical, La U, el Partido Conservador, los cristianos y el Centro Democrático.
Sin resultados
Las conversaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro nunca fueron fructíferas. Al comienzo se pensó que era la salida más viable para terminar con los bloqueos, pero no fue así. En últimas fue la fuerza legítima del Estado la que levantó los 3.450 bloqueos que se registraron. El ex alto comisionado Miguel Ceballos abonó el terreno para que Emilio Archila continuara las negociaciones, que la semana pasada se quebraron completamente.
“Teníamos de parte nuestra el análisis de lo que ellos denominan el pliego de emergencia. Habíamos preparado una metodología”, le comentó Archila a SEMANA. El consejero presidencial agrega que también se venía avanzando en un documento para garantizar la protesta pacífica. Archila asegura que la estrategia del Gobierno será mantener el diálogo con otros actores mediante las diferentes dependencias. Por ejemplo, la Consejería para la Juventud viene conversando con los jóvenes en las regiones. “Somos servidores públicos y escuchamos a quien quiera conversar con nosotros, pero en este caso fueron ellos (el Comité del Paro) los que hace unos días decidieron cerrar la interlocución”, dijo.
Hay algo claro, y es que el comité no representa a todos los sectores que salieron a las calles. Ellos mismos han reconocido, por ejemplo, que no hablan en nombre de la llamada primera línea, que seguirá en las calles. En Cali aún persisten conatos de vandalismo. En el sector de Calipso, en el oriente de la urbe, desde el 28 de abril un grupo de encapuchados permanece en el lugar. Y durante la semana intentaron desmantelar un puente peatonal metálico. En Neiva, encapuchados taponan esporádicamente el ingreso a la ciudad. Dichos bloqueos han causado un brutal impacto en la economía de millones de personas.
Tras 45 días, las cifras del paro son desalentadoras. El Ministerio de Defensa publicó un informe en el que se registran 21 civiles muertos y 1.113 heridos, así como el fallecimiento de dos uniformados y 1.364 más lesionados. Se calcula que las pérdidas ascendieron a 11 billones de pesos. Otra verdad es que la polarización aumentó, y más teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales y al Congreso, en 2022, están a la vuelta de la esquina.
Hoy, mientras el paro se diluye, los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Popayán, entre otras ciudades, deberán apretarse el cinturón y destinar millonarios recursos, que inicialmente estaban destinados para obras y desarrollo social. Esto con el fin de atender las ruinas que dejaron los encapuchados.
En Cali, por ejemplo, 3.000 millones de pesos –que podrían servir para dotar bibliotecas y colegios públicos– se invertirán en atender toda la red de semáforos de la ciudad, ya que la mayoría de las intersecciones fueron vandalizadas. Lo mismo ocurre con los 55.000 millones de pesos que costará reconstruir 45 estaciones del MÍO en la capital del Valle, que fueron incineradas. Adecuarlas podría tardar más de seis meses. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López tendrá que atender los daños en 130 estaciones de TransMilenio, algunas fuera de servicio, y cuyo costo supera los 25.000 millones de pesos.
El Gobierno está a la expectativa. Duque tiene claro que se avecina una campaña electoral en la que la izquierda promete estar en las calles, y la pandemia y la crisis económica golpean con fuerza a las poblaciones más necesitadas. El tercer pico ha sido mortal, con más de 550 fallecidos diarios en las últimas semanas, y en ciudades como Cali se reporta, por ejemplo, la quiebra de 10.000 pequeñas empresas como consecuencia del paro y los bloqueos, lo que se traduce en un mayor nivel de desempleo.
El presidente tendrá que gobernar durante los próximos 15 meses con varios objetivos por delante: avanzar con el plan masivo de vacunación, promover el diálogo social, sacar adelante reformas cruciales en el Congreso, y garantizar la seguridad y el orden público. Los próximos meses también serán claves para saber los verdaderos intereses de los líderes del paro, cuando se vea si del comité surgen candidaturas al Congreso y adhesiones a varias campañas presidenciales. En política no todo vale. Los objetivos electorales de algunos líderes no están por encima de los derechos a la salud, el trabajo y la movilidad de la mayoría de los colombianos, afectados por una pandemia que no da tregua y que ha deteriorado la calidad de vida de las personas más vulnerables.