En una extensa declaración, el exparamiltar Jairo de Jesús Charris, conocido con el alias de Viejo Miguel, le detalló a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los hechos que rodearon el asesinato de tres sindicalistas de la multinacional Drummond, en hechos registrados a comienzos del nuevo milenio.

De manera reiterada, alias Viejo Miguel señaló que estos asesinatos fueron ordenados directamente por Gary Drummond, dueño de la multinacional; así como por el presidente de la empresa en Colombia, Augusto Jiménez Mejía, y el expresidente mundial de la misma, Mike Tracy. Estos crímenes fueron ejecutados por el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con los que la Drummond tenía una relación desde hace varios años.

El bus que transportaba a los trabajadores de la compañía colisionó contra un camión cargado con carbón. | Foto: Foto: Twitter @Primeralineaofi

Las órdenes se dieron porque las directivas consideraban que los integrantes del sindicato eran guerrilleros de las Farc y estaban ayudando a este grupo subversivo en acciones contra los trenes que transportaban el carbón hacía Santa Marta. El exparamiltar aseguró que las órdenes eran claras y directas para acabar con la vida de los sindicalistas y que él mismo estuvo en los encuentros en los que se coordinó todo.

Para su ejecución fue clave la labor de Jaime Blanco Maya, un contratista de la multinacional y quien era el “enlace” de la Drummond con el Bloque Norte. Tras las preguntas de los magistrados, alias Viejo Miguel -quien se comprometió a contar toda la verdad en su sometimiento como tercero civil- entregó detalles sobre las reuniones y encuentros en los que se acordó a acabar la vida de los sindicalistas Valmore Locarro y Víctor Orcasita, presidente y vicepresidente, respectivamente, de Sintraminergética.

El excomandante paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, se presentó ante la JEP. | Foto: JEP

En estos encuentros también habrían participado activamente varios generales y coroneles en retiro que estaban vinculados con la Drummond como jefes de seguridad y operaciones de la minera que operaba en el norte del país.

Frente al caso de Gustavo Soler, quien era presidente del sindicato, alias Viejo Miguel aseguró que participaron Alfredo Araújo, exgobernador del Cesar y quien trabajaba como jefe de relaciones públicas de la Drummond; así como James Atkis, jefe de seguridad de la multinacional para el año 2001.

Como parte de su compromiso a contar la verdad, el exparamiltar explicó cómo fue la financiación de la Drummond al Bloque Norte de las AUC y el compromiso que tenían las dos partes. En este punto apareció nuevamente el nombre de Jaime Blanco Maya de mover los dineros para que llegaran a las arcas de las AUC.

Puerto Drummond, Santa Marta, lunes 24 de julio de 2017. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA | Foto: derechos de autor si

Con esta información, la JEP valorará el ingreso de Jairo Jesús Charris Castro, quien actualmente cumple una condena por su participación directa en el crimen de los sindicalistas.

Charris Castro fue capturado en julio de 2008 en medio de un operativo conjunto adelantado por el CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía, en Bogotá. Un año después fue llamado a juicio por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En el escrito de acusación emitido por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General se advierte que el crimen de Lacarno y Orcasita fue ordenado por los jefes paramilitares Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y Óscar José Ospino Pacheco, alias Tolemaida.

En octubre de 2021, la JEP anunció la apertura de un expediente para determinar los presuntos nexos entre la Drummond y los grupos paramilitares. En medio de este caso, ordenó la libertad de Jaime Blanco Maya, esto en reconocimiento a la entrega de información sobre los crímenes de los sindicaslistas.

“Debe concluirse que la narrativa del señor Blanco Maya es detallada y exhaustiva en relación con su aporte de verdad (…) además, supera el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria al señalar otras empresas que, presuntamente, tenían una relación de contraprestaciones con las AUC… además indicó el ‘verdadero’ móvil del homicidio de los sindicalistas, amén de información adicional sobre asuntos conexos”, precisa la decisión.