Hace 10 días, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envió a la Fiscalía un listado de personas que integran el Estado Mayor de las Farc y que, de acuerdo con el proceso de ‘paz total’, era necesario suspender las órdenes de captura. Sin embargo, la solicitud dejó algunas dudas en el ente acusador y por tanto el propio fiscal Francisco Barbosa remitió una comunicación al presidente de la República, que sigue sin respuesta.
Advierte el fiscal que Danilo Rueda argumentó su petición de suspender las órdenes de captura en contra de disidentes de las Farc, con la Resolución 0014 del 9 de febrero de 2023, que justamente fue suscrita por el presidente de la República, Gustavo Petro, y en la cual se indica que el Estado Mayor de las Farc “es una estructura disidente que decidió no suscribir el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera optando por continuar como un grupo armado organizado al margen de la ley”.
Para el fiscal, de acuerdo con la resolución y la solicitud que hace Danilo Rueda, se podría entender, entonces, que esas 20 personas, que aparecen en el listado para la suspensión de las órdenes de captura, fueron reconocidas como representantes del Estado Mayor Central de las Farc y, asimismo, participar en los diálogos con el Gobierno nacional.
“Una vez allegada a la mencionada solicitud la Fiscalía General de la Nación requirió al alto comisionado para la Paz para informar si las personas reconocidas como miembros representantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc fueron certificados o no como miembros de la extinta guerrilla Farc-EP”, advirtió el fiscal en una carta que envió al presidente Petro.
De acuerdo con la comunicación que envió el fiscal al primer mandatario, es importante aclarar si las personas que aparecen en ese listado para suspender las órdenes de captura hacen parte de un grupo organizado al margen de la ley que decidió no suscribir el acuerdo de paz con las Farc el 24 de noviembre de 2016.
“Por lo tanto, son integrantes de una organización criminal con la cual será adelantado un proceso de paz en los términos del literal C del numeral (i) del artículo 2 y de Ley 2272 de 2022″, señaló e fiscal en la carta que sigue sin respuesta por parte del presidente Gustavo Petro.
De igual forma, y en una rueda de prensa, tras terminar la reunión con el presidente, el fiscal Francisco Barbosa advirtió sobre los reparos que, en criterio el ente acusador, subyacen del proyecto de ley para el sometimiento de las organizaciones criminales. Allí mismo el fiscal reiteró que no es clara la condición que tienen los disidentes de las Farc en esa eventual ley o en el proceso de ‘paz total’.
“Frente a esos temas, se nos solicitó y nosotros hicimos un requerimiento preguntándole al señor presidente de la República en qué condiciones esas personas iban a participar y bajo qué criterios, y si pertenecen a organizaciones o no, que haya uno firmado acuerdos de paz con anterioridad y es una respuesta que seguramente vendrá en los próximos días”, dijo Barbosa.
Advirtió el fiscal que la condición de esos grupos al margen de la ley, incluso de las disidencias de las Farc, es un asunto que le compete, de manera exclusiva, al presidente de la República como el encargado de definir las políticas de paz en el país, por lo que espera sea el primer mandatario quien responda la solicitud que hizo la Fiscalía.
“Desde siempre en la idea en que uno defiende sus competencias y no se mete en la de otros. Yo por eso defiendo en las competencias de la Fiscalía, yo les estoy diciendo 9 puntos en los cuales considero que la Fiscalía tiene una posición, si se quiere dominante en el proyecto de Ley de sometimiento”, señaló el jefe del ente acusador.
La petición del fiscal radica incluso en la particularidad de los integrantes de las disidencias de las Farc que aparecen en ese listado para suspender las órdenes de captura, entre los que se cuentan alias Jhon Mechas, el encargado de coordinar y ejecutar un atentado terrorista contra el expresidente Iván Duque.