La investigación de la Fiscalía contra el general Jorge Humberto Guatibonza debía ser sólida y diáfana. No era para menos por lo grave de la acusación. Señalar que este oficial, tras su retiro –con 35 años de trayectoria y quien lideró la lucha antisecuestro–, habría hecho parte de una organización dedicada a chuzar a particulares y a altos funcionarios, supondría un manejo extremadamente cuidadoso del expediente y las evidencias. Sin el más mínimo error. Pero no fue así.Hace unos días, luego de un año de ordenar la captura de Guatibonza, los jueces concluyeron que la Fiscalía manejó este proceso con “irresponsabilidad”. El caso ha llegado a tal punto que crece la percepción de que este se desmorona, a pesar de que uno de los implicados –el coronel Jorge Humberto Salinas– atestigua directamente contra Guatibonza, y de que en el expediente existen cientos de interceptaciones telefónicas que le complican su situación. Y ahora la cúpula del búnker teme que los tropiezos no sean fortuitos y que alguien los haya provocado desde adentro.
La seguidilla de errores hizo que el general Guatibonza fuera dejado en libertad porque vencieron los términos para comenzar el juicio. El juez 48 de conocimiento de Bogotá le achacó a la Fiscalía “lentitud” en el manejo de las pruebas, lo que constituye otro golpe a la credibilidad del caso. La decisión no significa que el proceso haya naufragado, pero con el trofeo de su libertad en la mano el general salió en ronda de medios y redujo el expediente a una retaliación en su contra orquestada por oficiales de inteligencia de la Policía. ¿Qué hubo detrás de este desenlace?A pesar de su contenido "determinante", el celular de Guatibonza le fue devuelto sin haberse extraído la información.Por los tumbos que ha dado el caso, se entiende que el juzgado con su decisión pasa cuenta de cobro al cúmulo de errores de la Fiscalía. A comienzos de este año, el ente investigador se equivocó en el primer escrito de acusación al revolver evidencias con hechos, y entregar un documento “mal confeccionado”, como lo calificó el juez. El fiscal a cargo era José Alexánder Tibamozo Flechas, un investigador con 18 años de experiencia como fiscal delegado ante jueces.
El fiscal José Alexánder Tibamozo lleva 18 años de experiencia en el ente investigador. Aseguró que desconoce los cuestionamientos en su contra y que este caso tuvo tres fiscales asignados.El juzgado le concedió a Tibamozo hasta el 22 de febrero para rehacer el escrito y presentar un documento adecuado. Aunque el funcionario cumplió con radicar la nueva acusación a tiempo, el 21 de febrero le notificaron una resolución que lo removía del caso. Este pasó al fiscal Armando Colmenares Duque, a quien le pidieron revisar el expediente desde el origen del mismo.Según la información oficial, el asunto arrancó cuando las autoridades descubrieron una empresa criminal dirigida por exmilitares, dedicada a interceptar comunicaciones y a obtener datos privados. De allí salieron seis líneas de investigación. Todas pasaron a manos del fiscal Colmenares, quien apenas terminó de estudiar los expedientes ordenó investigar a Tibamozo por presuntas conductas punibles “activas y omisivas” cuando tuvo a cargo la investigación.Hace unos días, luego de un año de ordenar la captura de Guatibonza, los jueces concluyeron que la Fiscalía manejó este proceso con “irresponsabilidad”. El caso ha llegado a tal punto que crece la percepción de que este se desmorona.Fuentes de la Fiscalía confirmaron que el hecho de que Tibamozo hubiera presentado un segundo escrito de acusación produjo malestar. La causa: no lo socializó antes con el comité técnico del búnker, como le pidieron sus coordinadores superiores dados los tropiezos del primer documento. Cuando Colmenares llegó, retiró esa acusación y un tercer documento vio la luz. Si de puertas para afuera el caso era percibido como un despelote, hacia adentro estaban creciendo las suspicacias por estos enredos.
SEMANA conoció un informe del 2 de julio de este año que el fiscal Colmenares le remitió a la Coordinación de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal. Allí señala cinco graves irregularidades encontradas en la forma como su antecesor manejó el expediente. Colmenares, por ejemplo, no encuentra explicación para que su colega, luego de capturar al general Guatibonza y de incautar su teléfono celular el 12 de septiembre del año pasado, simplemente se lo haya devuelto sin haber extraído información alguna. “El elemento fue devuelto por orden del mismo doctor José Alexánder Tibamozo, sin que previamente se hubiese realizado la correspondiente extracción y posterior análisis de la información”, dice el informe. Para el fiscal que asumió la investigación, el contenido del celular de Guatibonza era “determinante” en las pesquisas, y más teniendo en cuenta los hechos investigados: la presunta participación de Guatibonza en una empresa criminal dedicada a la interceptación telemática e informática y a obtener bases de datos privadas.Otro de los cuestionamientos de Colmenares gira en torno a que por un error en los formatos, hoy se desconoce el contenido de 3.293 conversaciones claves en la investigación. Dice la compulsa que el número de teléfono asociado en la orden de interceptación –formato que regularmente va firmado por el fiscal del caso– no correspondía con el que entregó en el informe el investigador. Se trataría de un descuido inexcusable o de un error deliberado para anular esa evidencia. En cualquier caso, produjo este último efecto.La seguidilla de errores hizo que el general Guatibonza fuera dejado en libertad porque vencieron los términos para comenzar el juicio.Por cuenta de esa discordancia, el juez se negó a legalizar las conversaciones. Y algo peor vino después: “Dicha evidencia fue destruida a petición del fiscal José Alexánder Tibamozo, ya que no fue legalizada”, informó un investigador cuando le preguntaron por el disco que contenía las interceptaciones. A este episodio se suma el hecho atípico de que en el Spoa (el programa en el que registran los trámites) esta evidencia no tiene la respectiva trazabilidad.
El fiscal que asumió el caso pide investigar también por qué varios documentos sensibles no están en regla. Uno de estos es la orden de interceptación telefónica a Carlos Arenas, socio de Guatibonza y también vinculado al caso. Hicieron la interceptación a pesar de que la orden no iba firmada por Tibamozo y su investigador.Así mismo, resulta curioso que Tibamozo ordenó interceptar a Arenas en el marco de la investigación el 21 de junio de 2018, diez días después de que lo interceptaron veladamente por orden de otro fiscal, Ricardo Iván Romero Moreno, adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana. Durante diez días, el teléfono de Arenas estuvo intervenido, como si se tratara del celular de un narcotraficante que exportaba cocaína desde los puertos de Barranquilla y Buenaventura. Esta última interceptación quedó cancelada el 9 de junio de 2018.El fiscal Colmenares además se pregunta por la forma como el exdirector de inteligencia del DAS Laude Fernández –también vinculado al proceso– obtuvo copia de la declaración reservada que dio el coronel Salinas ante la Fiscalía. En el celular incautado a Fernández apareció una foto del documento exacto de declaración que reposaba en el expediente con “las mismas palabras en mayúsculas, los mismos caracteres en negrita y la misma puntuación”. La declaración tiene fecha del 7 de septiembre, y siete días después le llegó a Fernández vía WhatsApp. También le hallaron una foto con los datos de una funcionaria de la Fiscalía que apoya la investigación del caso de chuzadas.SEMANA conoció un informe del 2 de julio de este año que el fiscal Colmenares le remitió a la Coordinación de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal. Allí señala cinco graves irregularidades encontradas en la forma como su antecesor manejó el expediente.SEMANA contactó al fiscal Tibamozo, pero este aseguró que no se pronunciará hasta saber detalles de una investigación que desconoce y manifestó que no trabajó solo. “Hubo tres fiscales asignados a este caso”, aseguró.Cuando capturaron a Guatibonza, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez lo señaló como una de las personas que aparecía solicitando servicios a una organización de chuzadas ilegales, lo cual lo convertiría en determinante de conductas punibles. En concreto, al general lo acusan de los delitos de concierto para delinquir, interceptación ilícita de datos informáticos y utilización ilegal de comunicaciones. “Me estoy defendiendo de acusaciones gaseosas. Me he presentado ante la justicia, no hay una sola víctima, no entiendo de qué me acusan”, dijo el general. Desde que el caso salió ampliamente divulgado en los medios de comunicación, la cúpula del búnker ha encontrado sorpresas en casa. De los 1.200 números telefónicos que aparecen en los computadores de la empresa de chuzadas de Salinas, ahora se sabe que al menos 80 fueron interceptados desde las salas del Sistema de Interceptación de Comunicaciones (SIC) de la Fiscalía. Está claro que aún falta mucho por indagar. Pero los recientes hallazgos de la contrainvestigación apuntan a que lo más nauseabundo del caso no estaría muy lejos, sino bajo la propia alfombra.