En Bogotá, una flota de ambulancias compradas durante la administración de Claudia López y que deberían salvar vidas, hacen todo lo contrario. Se trata de costosos furgones mal adaptados y que ponen en riesgo la vida de los pacientes. Esta reveladora denuncia realizada por SEMANA, cuyo saldo va mucho más allá de los 36.000 millones de pesos que costaron las más de 150 ambulancias y por la cual ya habían sido imputados varios de los responsables, podría quedar “parqueada”, como los vehículos, por una decisión que acaba de tomar la fiscal general Luz Adriana Camargo.
En la reorganización que están haciendo de la entidad, de la cual poco se sabe, pero se ven los movimientos de importantes fiscales, en voz baja fue ordenado el traslado del fiscal 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá, Carlos Orozco, que lleva este sonado caso de corrupción de la administración de Claudia López.
El movimiento, pese a que lo han tenido bajo reserva, ya es vox populi en los corredores del complejo judicial de Paloquemao, ya que se trata de un curtido fiscal que lleva años trabajando en temas de corrupción. Lo que sorprende es que este fiscal sea, de un plumazo, trasladado justo unos días después de que imputó a José Andrés Álvarez, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) para que responda por el delito de peculado.
Las pruebas que recaudó el fiscal Carlos Orozco de cómo estas ambulancias mal adaptadas ponen en riesgo la vida de los bogotanos son demoledoras. SEMANA conoció en su momento los detalles de la imputación contra Álvarez y advertía que “es claro que los estudios previos fueron suscritos por el director de urgencias y emergencias en salud, José Andrés Álvarez, quien aprobó su contenido relacionado con los aspectos técnicos y fichas técnicas de cada una de las ambulancias. Sin embargo, existe multiplicidad de fallas en el sistema de algunas ambulancias, tal como lo refleja la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá, que indica igualmente haber observado inadecuada supervisión consistente en la falta de seguimiento”.
En medio de la investigación, algunos de los implicados hicieron graves revelaciones que develan las omisiones al momento de aceptar la entrega de las ambulancias. “Lo que llevó a recibir unas ambulancias que no corresponden con las características técnicas del objeto contratado, que muestran inconsistencias en sus sistemas de identificación y que no presentan un buen funcionamiento, acorde con la necesidad que se pretendía satisfacer, generando una gestión antieconómica, ineficiente e ineficaz, ocasionando un detrimento al patrimonio público”, se lee en los informes de los investigadores a los que tuvo acceso SEMANA.
En el contrato, que se firmó con el Fondo Financiero Distrital de Salud y se realizó bajo la modalidad de selección abreviada, las ambulancias fueron recibidas a satisfacción, pese a las protuberantes fallas mecánicas que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, documentadas mediante registros fotográficos que mostraban las irregularidades.
Con todo este panorama claro, las dudas persisten por los cambios en la Fiscalía y los pocos avances en casos de gran importancia como el juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, que estaba listo para imputación y al llegar la nueva administración de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, parece empantanado.
Ni qué decir del gigantesco escándalo de corrupción en la UNGRD, que ha crecido como la espuma y pasó de graves irregularidades en la compra de 40 carrotanques, por 46 mil millones de pesos, con protuberantes sobrecostos y un contrato direccionado, a la compra de congresistas por miles de millones de pesos para que apoyaran las reformas del Gobierno en el Congreso, todo ordenado desde un cónclave en la Casa de Nariño, como confesó el mismo exdirector de la UNGRD, Olmedo López, a SEMANA.
En este caso, pese a que lleva más de seis meses y sus principales protagonistas como el mismo Olmedo López, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y el contratista pastuso Luis Eduardo López, ha ofrecido contar la verdad a través de principios de oportunidad, estos no han sido aprobados, no hay un solo imputado ni avances contra los congresistas y altos funcionarios del Gobierno involucrados. Los cambios en la entidad son normales, lo que no está claro es el seguimiento a los graves casos de relevancia nacional.