El fiscal general Francisco Barbosa reanudó sus cuestionamientos a la ley de sometimiento que fue presentada el pasado miércoles por el Ministerio de Justicia ante el Congreso de la República. Para el jefe del ente investigador, se quieren entregar de golpe todo tipo de beneficios judiciales a narcotraficantes o comandantes de bandas derivadas de los grupos paramilitares.
Barbosa consideró que en un parágrafo del proyecto se extienden los beneficios a varios delitos mediante los principios de oportunidad: “Yo llamo indultos camuflados como si fuera un proceso de paz a personas que hayan cometido concierto para delinquir agravado (...) con unos delitos que tienen una connotación gravísima con otros delitos, como lo son trata de menores, tráfico de niños, todo lo relativo a extorsión, genocidio y de lesa humanidad”.
Esto llevaría al otorgamiento de beneficios a cientos de personas que están actualmente privadas de su libertad: “Podrían salir de la cárcel no solo los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo y que hubiesen cometido esos delitos, es decir, la preocupación según la revisión que hemos hecho es que 3.500 o 3.600 personas, directamente, podrían salir de la cárcel, lo cual es muy grave”.
Para el fiscal general, se sigue confundiendo la figura de sometimiento a la justicia con la del proceso de paz, hecho por el cual advirtió que la mayoría de sus observaciones no fueron atendidas por el Gobierno: “Se incluye una cláusula dentro del artículo 324, numeral primero, del Código de Procedimiento Penal, donde se dice que se puede ampliar a personas que hayan cometido delitos inferiores a los seis años y que estén en centro carcelario: son 217 delitos”.
Como están redactados estos artículos y la aplicación de principios de oportunidad, se podría generar un descontrol. “Podría haber un festín de corrupción en las cárceles para que esas personas salgan por principio de oportunidad, asimilando esto a una suerte de indulto, y pareciendo esto a proceso de paz con narcotraficantes y herederos de estructuras paramilitares”, explicó.
Por esto, le pidió al Gobierno que limite el uso de la figura del principio de oportunidad y solamente se aplique al delito de concierto para delinquir general y no con esas ampliaciones. Igualmente, cuestionó las labores de seguimiento que se le imponen en el documento a la Fiscalía General, las cuales desconocen las competencias y funciones establecidas en la Constitución Política para esa entidad: “La Corte Constitucional, en caso que pase, tendría que declarar eso inconstitucional”.
Delitos de lesa humanidad
Su tercera crítica está dirigida al artículo que fija libertades condicionales y ejecuciones de pena condicionada a personas condenadas por delitos de lesa humanidad: “Yo si quiero decirle al país que una persona que cometió un genocidio o una masacre, condenada a 40 años y que lleve ocho en la cárcel, con la aprobación de esta ley, o al año siguiente, o al momento en el que se firme el acta puede salir inmediatamente de la cárcel”.
Frente a este complejo caso, la Fiscalía ya pidió que esto se debe aplazar hasta que se emita la sentencia, es decir, que se le dé vuelta a lo que está redactado en el proyecto que será debatido en el Congreso: “Esas personas han cometido delitos de lesa humanidad y a nuestro juicio no pueden salir”.
Finalmente, el fiscal Barbosa rechazó tajantemente el artículo que le obliga a entregarle información privilegiada, confidencial y reservada de investigaciones a la Oficina del alto comisionado de Paz. “No somos parte de la Rama Ejecutiva”, advirtió el fiscal al señalar que esto también va en contravía de la Carta Magna.
Polémica por el dinero de los narcos
En su análisis del proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, el fiscal general aseguró que le “tomaron el pelo” a muchas de las observaciones que habían presentado. Entre estos, el desconocimiento a la reparación económica de las víctimas, mientras los narcotraficantes se pueden quedar con gran parte de su fortuna si deciden acogerse.
“Es inadmisible para la Fiscalía que se le entreguen 2,5 millones de dólares a estas personas, directamente por meterse en este plan de paz o en este proceso de sometimiento no entendemos cómo se pasó de 2.500 salarios mínimos legales a 10.000 salarios o cuál fue la explicación constitucional o legal que se tuvo o cuál fue la negociación que existió”, reclamó.
Esto fue catalogado como “muy grave” que se fijen este tipo de montos “porque los colombianos que no tienen con qué comer, la gente que viven de un salario mínimo no puede entender cómo es que están recibiendo 2.5 millones de dólares tras cometer delitos y sin ningún tipo de contraprestación o esfuerzo”. Para Barbosa, esto puede traer más problemas en un futuro no muy lejano.
En otra de sus observaciones aseguró que se debe partir de la premisa que los que se quieran acoger deben contar absolutamente toda la verdad, para lo cual es necesario crear una herramienta de contrastación de lo que digan, algo que no se estableció claramente. “Si se van a meter en esto deben contar la verdad y no mentiras”.