El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reaccionó desde Caucasia, Antioquia, frente a la noticia del aumento de la pena que deberá purgar el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, a quien la justicia le fijó una condena 24 años de prisión. "Estamos muy complacidos porque a solicitud de la Fiscalía General se ha impuesto la máxima condena posible. Es un mensaje claro para disuadir a todos los corruptos, la corrupción no puede seguir ganando espacio en Colombia", aseguró el fiscal en momentos en que el país se encuentra escandalizado ante las dimensiones de este flagelo. Sobre el caso del carrusel de la contratación, en el cual fue desfalcada la capital y que ahora le significa 24 años de cárcel a Moreno, el fiscal hizo dos señalamientos importantes. Inicialmente aseguró que el ente investigador está empeñado en escribir el capítulo 2 del cartel de la contratación y que este tendrá que ver con la recuperación de la plata perdida. "No vamos a permitir que los corruptos se queden con esos patrimonios". Y más adelante afirmó que incluso los responsables del desfalco podrían ser requeridos por Estados Unidos en caso de que con miras a ocultar los dineros públicos hayan incurrido en lavado de activos u otro delito que violente jurisdicciones extranjeras. "El fiscal general vería complacido, en caso de que se hayan dado, además de la corrupción evidenciada, otros delitos contra jurisdicciones foráneas, un esfuerzo internacional y que sean bienvenidas las extradiciones para los corruptos", aseguró Martínez. El pronunciamiento de fiscal se dio desde el nordeste antioqueño adonde acudió para analizar por qué esta zona tiene la tasa más alta de homicidios en Colombia. Solo en los últimos días se han perpetrado seis asesinatos. La Fiscalía ha determinado que la delicada situación de seguridad tiene que ver con la disputa que se libra en los territorios que han abandonado las FARC (que actualmente marcha hacia las zonas de concentración). En particular, Martínez señaló al grupo criminal Clan del Golfo, que estaría desplegando al máximo su alcance para copar los territorios antes controlados por la guerrilla. El fiscal además aseguró que el Clan del Golfo está reclutando disidentes de las FARC, ofreciéndoles hasta 1.800.000 pesos como pago mensual a cambio de que se integren a esta estructura que busca hacerse con dos rentas: la de la minería ilegal y el narcotráfico. "La minería ilegal está superando con creces la renta del narcotráfico en esta zona", afirmó el fiscal. El reciclaje de combatientes se está dando en Ituango y la zona norte de Antioquia y significa además un golpe al propio proceso de paz con las FARC, pues de esta forma se "están alimentando las disidencias". Martínez también salió al paso de los reclamos que se han hecho desde distintos sectores contra las FARC porque no se ha concretado la salida de los menores de edad de las filas guerrilleras, un compromiso que se ha visto postergado una y otra vez. El asunto colmó la paciencia del Gobierno. Este martes, el jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, exigió a las FARC seriedad y no seguir tomando el pelo frente al asunto. Las FARC respondieron que no están mamando gallo y que el asunto se está tramitando en un comité, mientras el Centro Democrático, a través del senador Álvaro Uribe, pidió que los trámites de las normas que cursan en el Congreso para concretar la paz con esa guerrilla se congelen hasta tanto no se cumpla con la salida de los menores. El fiscal se sumó este miércoles al debate: "Nosotros demandamos que haya la entrega de los menores, lo dijimos en el Congreso la semana pasada y lo repetimos desde acá. Eso fue algo que se debió haber resuelto en el acuerdo final pero no fue así”. “Los menores deben reintegrarse a la vida civil", aseguró. Además recordó que el reclutamiento forzado de menores es un delito continuado y que la Fiscalía está presta a judicializar esos tipos penales que no estarían dentro del marco de la justicia transicional a la que se someterán los integrantes de las FARC.